La estrategia de contención de Estados Unidos con China pasa al siguiente nivel. En la actualidad, Washington está tratando de imponer una red de acuerdos comerciales y económicos en la región de Asia-Pacífico, vinculando a sus actores con compromisos para restringir la interacción con China en las cadenas de suministro regionales de mercancías clave, empujando así a Pekín a la periferia del mercado mundial.

Estados Unidos ha asignado a los países del sudeste asiático el papel de ariete contra la economía china. El objetivo final del gobierno de Biden es claramente el debilitamiento económico de Pekín.

Como parte de esa política, Estados Unidos inició en mayo la creación del Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF). La reunión ministerial de sus participantes se celebró la semana pasada en Los Ángeles. Esta estructura debería incluir a 14 países de la región, con la excepción de China.

Esta iniciativa estadounidense no tiene nada que ver con la economía. Sirve como instrumento de facto de la competencia estratégica con China en el Indo-Pacífico disfrazada de cooperación económica internacional.

Washington ha desarrollado cuatro líneas de trabajo principales en el marco del IPEF: comercio, trabajo y economía digital; energía limpia y descarbonización; cadenas de suministro; e impuestos y anticorrupción. El plan no incluye la reducción de los impuestos sobre los bienes importados a Estados Unidos desde los países de la región. Al final, el acceso al mercado estadounidense seguirá siendo difícil para varios miembros de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) del IPEF, que llevan tiempo buscando. Es dudoso que la iniciativa estadounidense aporte beneficios económicos considerables a sus participantes.

Estados Unidos impone sus normas de condiciones laborales y la llamada “descarbonización” sin tener en cuenta las peculiaridades tecnológicas de la industria, lo que impide un desarrollo económico normal.

Otro objetivo del IPEF es frenar la integración económica real en la región en el formato de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), donde China está presente como miembro de pleno derecho. Se basa en un acuerdo regional de libre comercio que ha establecido un equilibrio de intereses para todos los países de la RCEP.

Como resultado, la composición de las dos estructuras es casi idéntica. De los 15 países miembros del RCEP, 11 estados participaron en la iniciativa estadounidense IPEF. Y de los miembros del IPEF, además de Estados Unidos, India y Fiyi, los otros 11 países se han unido al RCEP. El objetivo del gobierno de Biden es claro: persuadir u obligar a otros países a abandonar la cadena industrial china y crear rutas logísticas cerradas con un círculo limitado de países sometidos a Estados Unidos.

Estados Unidos está prestando especial atención en la agenda del IPEF a expulsar a China de las cadenas de suministro mundiales en la producción de semiconductores y establecer su propio control sobre ellas. Bajo el pretexto de la demagogia de “garantizar altos niveles de seguridad”, Estados Unidos está formando activamente una alianza llamada Chip 4. Además de Estados Unidos, se supone que incluye a Japón, Corea del Sur y Taiwán.

El objetivo de esta alianza es la Ley Chips y Ciencia firmada por Biden a principios de agosto para aumentar la producción de semiconductores en Estados Unidos. Uno de los objetivos de la ley es hacer frente a la fuerte dependencia de Estados Unidos de los semiconductores importados para la industria electrónica, que se puso de manifiesto durante la pandemia.

El problema se resolverá obligando a los principales fabricantes de circuitos integrados del mundo a romper la cooperación con China. La ley prohíbe a las empresas (no sólo a las estadounidenses) ampliar la producción de semiconductores en China de acuerdo con tecnologías avanzadas durante 10 años después de haber obtenido subvenciones y exenciones fiscales para establecer sus centros de producción en Estados Unidos.

Esta es una situación muy controvertida para Washington. La ley es criticada tanto por las empresas estadounidenses como por los productores asiáticos, ya que sufrirán un daño importante y difícil de reparar si se rompen las relaciones con China. Los principales productores de chips, como Apple, Intel, Samsung y la taiwanesa TSMC, no podrán mejorar su producción en China continental, lo que significa que, a pesar de sus enormes inversiones, no podrán fabricar productos baratos y, por tanto, sufrirán enormes pérdidas.

Por ejemplo, unas 30 empresas que participan en la cadena de suministro de Apple tienen fábricas en Shanghai, incluida Foxconn, uno de los principales centros de montaje de la empresa estadounidense. Además, las fábricas situadas en China importan semiconductores de otros países y regiones y los convierten en productos acabados, que se exportan a distintas partes del mundo. El ejemplo de la surcoreana Samsung Electronics ilustra el grado de interdependencia de las empresas asiáticas en este sector. El beneficio neto de sus empresas chinas para 2021 es de 7.980 millones de dólares, el 13 por cien de la cifra total.

En general, los planes de Washington son tan grandiosos como difíciles de realizar. Pero llevarán al colapso de la división del trabajo establecida en el sudeste asiático, exacerbando la subida de los precios mundiales y pudiendo desencadenar una crisis en sectores económicos enteros del mundo desarrollado, incluido Estados Unidos.

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