Carlos Lesmes ha formalizado este lunes su renuncia como presidente del Consejo General del Poder General (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), tal y como anunció el domingo por la tarde ante la falta de avances tangibles para renovar el órgano de gobierno de los jueces --que lleva ya casi cuatro años en funciones--, abriendo con ello un nuevo foco de conflicto por su sucesión.

Según ha informado el CGPJ, Lesmes ha comunicado ya su dimisión al Rey, Felipe VI, manifestándole "su voluntad de cesar de forma inmediata en las funciones que le corresponden legalmente, en virtud de renuncia al amparo de lo establecido en el artículo 588.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)".

La renuncia también ha sido comunicada al presidente del Gobierno --a través del Ministerio de Justicia--, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y a los presidentes del Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional (TC).

Además, Lesmes les ha trasladado que, "una vez acordado el cese por Su Majestad el Rey mediante Real Decreto, refrendado por el presidente del Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ante la imposibilidad legal de proceder al nombramiento de un nuevo presidente del TS y del CGPJ, (...) se activará el mecanismo de sustitución del presidente previsto en la ley".

La LOPJ, en su artículo 590, establece que "el vicepresidente ejercerá en funciones el cargo de presidente del TS y del CGPJ en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente y hasta el nombramiento de un nuevo presidente".

Misma maquinaria legal que quedó plasmada por el Gabinete Técnico del TS en un informe encargado por el propio Lesmes para ir preparando su dimisión, después de que el pasado 7 de septiembre anunciara que, si PSOE y PP no avanzaban en las negociaciones para renovar el CGPJ, abandonaría el cargo en "semanas", no "meses".

El informe técnico determina que debe ser sustituido por una misma persona para ambos cargos y señala para ello al actual vicepresidente del Supremo, el magistrado Francisco Marín Castán.

Las fuentes jurídicas consultadas explican que, una vez se publique la renuncia en el BOE y surta efecto, la sucesión se producirá de forma automática en la persona de Marín Castán.

Las fuentes inciden en que el reemplazo será instantáneo, sin necesidad de formalidad alguna, porque el ordenamiento jurídico español está diseñado para evitar vacíos de poder en los tres pilares del Estado.

DACIÓN DE CUENTAS

La Sala de Gobierno ha vuelto a expresar "su más profundo pesar y el de todos los magistrados del Tribunal Supremo por la situación, sin precedentes en la experiencia constitucional de España, que le ha llevado a tomar esa decisión", al tiempo que ha instado a "que se ponga fin de inmediato a este desastre institucional".

Por su parte, en el CGPJ se han sucedido los contactos a lo largo de la jornada para abordar el escenario post Lemes con la mira puesta en el Pleno extraordinario convocado para el próximo jueves.

Convocado inicialmente por Lesmes para hablar sobre el estado de las negociaciones para nombrar a los dos candidatos al TC que compete designar al CGPJ, este lunes el sector progresista ha propiciado que se incluya un segundo punto en el orden del día: la "valoración --y, en su caso, decisiones que legalmente procedan-- del Pleno tras el cese del presidente del Consejo General del Poder Judicial".

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces afirman a esta agencia de noticias que lo más probable es que sea el vocal de más edad, Rafael Mozo --y no Marín Castán--, quien encabece ese Pleno, si bien recalcan que eso no significa que se erija automáticamente como nuevo jefe del CGPJ. "Todo está en el aire", aseguran.

POSIBLE BICEFALIA

La cuestión es que los vocales del CGPJ no ven con buenos ojos el ascenso de Marín Castán y amenazan con resistirse, lo que podría conducir al Poder Judicial a una situación de bicefalia que no sería inédita pero sí ahondaría en la crisis institucional.

La razón jurídica que esgrimen las voces críticas es que el hecho de que ocupe la Vicepresidencia del Supremo de forma interina le resta legitimidad para reemplazar a Lesmes.

Aunque las fuentes subrayan que el motivo que subyace es que la mayoría de los vocales perciben el desembarco de Marín Castán como una imposición en la que no se ha dejado margen de maniobra al CGPJ.

Las fuentes auguran que el cónclave del día 13 será clave para fijar posiciones, ya que, si bien en estos momentos la vía de Marín Castán no convence al CGPJ, lo cierto es que algunos de los críticos empiezan a virar para adoptar una postura "institucional".

De enrocarse ambas posiciones, este pulso por la jefatura del Poder Judicial podría acabar judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, que sería la encargada de decantar la balanza.

EL PRECEDENTE DE DÍVAR

No sería la primera vez que el liderazgo de este poder del Estado se desdobla. Ya ocurrió cuando Carlos Dívar dimitió en 2012 tras la polémica desatada cuando se supo que cargó a los presupuestos una treintena de viajes que realizó en fines de semana por unos 28.000 euros.

Entonces, Dívar fue reemplazado por Juan Antonio Xiol --hoy vicepresidente en funciones del Tribunal Constitucional (TC)-- en el TS y por Fernando de Rosa, actual senador del PP, en el CGPJ, hasta que Gonzalo Moliner les sustituyó a los dos.

Esta bicefalia duró apenas un mes porque Dívar renunció un 21 de junio --aunque se oficializó días después-- y Moliner fue elegido en un Pleno del CGPJ celebrado el 17 de julio.

Hay que recordar que en esa época la LOPJ era distinta. El CGPJ contaba con un vicepresidente mientras que el TS no, encontrándonos ahora en el escenario contrario.

La LOPJ se cambió a raíz de esa crisis, precisamente, para evitar futuros problemas en la sucesión del jefe del Poder Judicial, si bien las fuentes aseguran que hay debate jurídico.

Las mismas describen una situación de "caos" que vendría a agravar una crisis del Poder Judicial provocada por el bloqueo en la renovación del CGPJ y profundizada por las vacantes generadas primero en el TS y el pasado 12 de junio en el TC sin que se hayan cubierto, las primeras por imposibilidad legal y las segundas por falta de acuerdo.

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