Desde la asociación ALIANZA CONTRA LA CORRUPCIÓN, inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio de Interior con número 617394,
informamos de la respuesta del Consejo de EUROPA y Parlamento Europeo, en relación con 
la queja presentada por el incumplimiento de los órganos jurisdiccionales nacionales respecto a
la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que informen de 
infracciones al Derecho de la Unión, en relación del caso de Roberto Macías y otros activistas 
condenados por la falta de transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico nacional.
Antecedentes;

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, considero admisible la queja 1343/2021 
presentada por nuestra asociación sobre el caso que afecta al alertador de corrupción Roberto 
Macías, y solicitó a la Comisión Europea (CE) que iniciara una investigación "preliminar". 
La queja se fundamenta en la flagrante violación que se comete al no considerar de aplicación 
en los juzgados de Sevilla el derecho de la Unión Europea relativo a la protección de los 
denunciantes de corrupción, con el resultado ilegítimo de la condena a Roberto Macías. 

Cabe destacar que Roberto Macías fue condenado a dos años de cárcel por revelación de 
secretos, tras desvelar información sobre el presunto fraude de facturas en el sindicato. Macías,
trabajó en UGT-A seis años, entre 2006 y 2012, como administrativo en el área de compras del 
sindicato, un área clave por la organización para poder desviar subvenciones millonarias.

La condena dictada por la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, Ana 
María León Gallego, y auspiciada por el Fiscal anticorrupción Fernando Soto Patiño, fue 
recurrida ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que finalmente debe 
pronunciarse sobre estos hechos.

Como lo denunciamos el pasado marzo, la UGT Andalucía urgió a la Sala, para emitir un 
veredicto, sabiendo que la Directiva Europea está próxima a transponerse. En ese sentido, se 
pronuncia el Consejo de Europa.

“Como guardiana de los Tratados, la Comisión supervisa la aplicación de la Directiva (UE) 
2019/1937 y adopta todas las medidas necesarias para garantizar que se transponga y 
aplique plena y correctamente, incluso incoando procedimientos de infracción, cuando 
sea necesario. Dado que España no había notificado medidas que garantizaran la 
transposición completa de la Directiva antes del plazo del 17 de diciembre de 2021, la 
Comisión envió a España una carta de emplazamiento el 27 de enero de 20222. La 
Comisión está evaluando actualmente la respuesta del Gobierno español para decidir los 
próximos pasos, en particular la emisión de un dictamen motivado, en caso necesario”.

Finalmente concluyen, La Comisión ha enviado a España una carta de emplazamiento por no haber notificado las medidas de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 antes del 17 de diciembre de 2021. 
Además, está decidida a adoptar todas las medidas necesarias para hacer cumplir la Directiva 
(UE) 2019/1937 por parte de todos los Estados miembros, incluida España.

Por nuestra parte, ante este nuevo escenario que se dibuja desde el Parlamento Europeo, consideramos 
fundamental que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, conozcan que la
condena a Roberto Macías, puede suponer un nuevo procedimiento de infracción contra el reino 
de España, por no garantizar se apliquen las medidas protectoras que se establecen en la propia 
Directiva 1937/2019 EU.

Por lo tanto, hemos pedido al ilustre letrado Francisco José Sánchez del Águila Ramón, 
presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAYT), que 
interponga las acciones que correspondan para informar a la Sección Séptima de la 
Audiencia Provincial de la resolución emitida por el Parlamento y el Consejo de Europa en 
el caso de Macías.

Adjuntamos resolución de fecha 3 de octubre.

1260389ES.pdf
Esperemos que la presente resolución sirva para promover un cambio en la mentalidad en 
nuestras instituciones, y también sirva para hacerles ver que, afortunadamente, se ha producido 
un cambio de paradigma jurídico-político a nivel europeo que con toda probabilidad beneficiará a 
la sociedad en su conjunto.

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