El Consejo de Ministros autorizó este martes una nueva concesión económica al régimen de Mohamed VI para la financiación del despliegue para la contención de la inmigración ilegal. El importe, de 30 millones de euros y con cargo a las partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha causado gran indignación entre los diferentes colectivos policiales.

Según afirma el Ejecutivo, estas nuevas partidas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos de los diferentes despliegues operativos, el mantenimiento de la logística empleada y todas aquellas actuaciones que en colaboración con España van destinadas a las luchas contra el tráfico ilegal y la trata de seres humanos que tiene como destino el litoral español.

Esta subvención al régimen alauita se produce justo después de que Marruecos comunicase el inicio de varias operaciones con el fin de controlar la supuesta presión migratoria en las inmediaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en el marco de las recientes declaraciones de Khalid Zerouali, máximo responsable en Marruecos para la gestión de los flujos migratorios, que llegó a afirmar que los 300 millones de euros de apoyo financiero y los 200 millones más de apoyo técnico que concedió la UE a Marruecos para el periodo 2021-2027 se sitúan «muy por debajo» de lo que gastan.

Más de 900 millones de euros para controlar la inmigración
Desde que Europa decidiese supeditar el control de los flujos migratorios a terceros países, las diferentes cesiones económicas al régimen alauita superan los 900 millones de euros y han estado siempre rodeadas de polémica por la incesante llegada de inmigrantes ilegales desde territorio marroquí, ya sea por vía marítima o por vía terrestre.

 La inmigración ilegal con origen en Marruecos no ha cesado, de hecho en estos momentos existe gran presión migratoria sobre las Islas Canarias. Sin embargo, se sigue subrogando el supuesto control de estos flujos migratorios a un país tercero que hasta la fecha no ha demostrado tener la situación bajo control.

Acorde al historial de subvenciones económicas otorgadas por la UE para el control de la inmigración ilegal por parte de Marruecos desde el año 2014 constan cuantías que superan los 340 millones de euros. Buena parte de estos millones (140) se transfirieron al régimen alauita en el año 2018 tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez y en mitad de una oleada de inmigrantes ilegales que alcanzó las 60.000 entradas de ilegales en todo el año.

Cabe señalar que la Unión Europea aumentó el paquete de ayudas a Marruecos para la gestión migratoria hasta los 500 millones de euros para el periodo 2021-2027 y que en 2019 el Gobierno socialista aprobó la concesión de 32 millones para este fin. Un año después, tras la amenaza híbrida cernida sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Ejecutivo concedió al Reino de Marruecos un nuevo cheque al portador que ascendía hasta los 30 millones de euros. Y todo al margen de las diferentes cesiones operativas y logísticas (todoterrenos, quads, sistemas de vigilancia, etc).

Malestar generalizado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Desde la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), su secretario de comunicación, Agustín Leal, ha recordado que la Guardia Civil se encuentra «siempre bajo mínimos de personal y medios, mientras el Ejecutivo sigue donando a fondo perdido a policías de otros países como es el caso de Marruecos».

Para Leal resulta “una irresponsabilidad por parte del poder político dejar nuestra seguridad en manos de potencias extranjeras». Y asegura que pese a las diferentes cesiones económicas, «Marruecos seguirá utilizando los asaltos a la valla y las pateras como guerra híbrida y arma de presión política contra España».

La subvención al régimen de Mohamed VI también ha caído como un jarro de agua fría para los agentes desplegados en Melilla. Desde allí, Francisco Faus, presidente del Sindicato de la Policía Local de Melilla (SPLM), se refiere a los principales gestores del problema en Marruecos como «mercenarios a interés propio» que «nunca harán nada por erradicar la inmigración». Según su criterio estamos transformando «un problema de España en una fuente de ingresos para quien es parte implicada en el problema».

«Es un problema destinar 30 millones de euros a ese tipo de gastos cuando nuestras FCSE llevan vehículos de hace 25 años, con más de 375.000 kilómetros, cuando tenemos una falta de personal abismal, y la falta de material y respaldo judicial brilla por su ausencia. Nos deja ver que el interés del Ministerio del Interior por sus agentes es cero», afirma el máximo representante del Sindicato de la Policía Local de Melilla.

También desde la Ciudad Autónoma, Jesús Barranco, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, concluye que este tipo de partidas económicas deberían destinarse a «invertir en nuestras fronteras en medios técnicos y humanos, cosa que hasta el momento no se están produciendo», y resalta el estado «obsoleto» en el que se encuentran las instalaciones fronterizas de Melilla.

Desde otro punto caliente de la inmigración ilegal, Héctor Gómez, secretario provincial de JUPOL en Almería, manifiesta el grado de precariedad en el que se encuentran las instalaciones destinadas a la custodia de inmigrantes ilegales. «En Almería, el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) se nos cae, hay rejas rotas, cerraduras en las que fallan los bombines, las instalaciones son deficientes, hay baños rotos, está mal iluminado y mal distribuido…», asegura.

«Tenemos un CATE que se cae a trozos, pero las pateras no dejan de llegar, vamos ya por 300 en lo que va de año», afirma el máximo responsable de JUPOL en Almería, que reivindica una mayor presencia policial en una ciudad en la que «las calles se quedan sin coches policiales» cada vez que se producen llegadas de pateras.

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