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El militante islamista detenido en diciembre de 2018 en Sagunt, que debía de haber sido juzgado a principios de año por obtener información y capacitación de las actividades de organizaciones terroristas, ensalzar a sus miembros y manifestar su voluntad de incorporarse a un grupo terrorista, se encuentra fugado de la Justicia tras la extraña concesión de un permiso que le sirvió para huir del país
Corrupción 06/11/2022 MPRUna red de tráfico de drogas con la que un militante islamista detenido en Sagunt serviría para costear el transporte de otros tantos combatientes a Siria para incorporarse a Al Qaeda no pudo ser juzgada esta semana en la Audiencia Provincial de Valencia ya que en el expediente de la Audiencia Nacional no están las intervenciones telefónicas.
El tribunal especial de Madrid se encargaba de investigar una pieza separada por terrorismo hacia uno de los imputados, pero no remitió todos los tomos al juzgado de Sagunt competente en la causa por los delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
El militante islamista detenido en diciembre de 2018 en Sagunt, que debía de haber sido juzgado a principios de año por obtener información y capacitación de las actividades de organizaciones terroristas, ensalzar a sus miembros y manifestar su voluntad de incorporarse a un grupo terrorista, se encuentra fugado de la Justicia tras la extraña concesión de un permiso que le sirvió para huir del país. Y se trata de un permiso extraño a tenor de las acusaciones que se formulaban y las peticiones de cárcel: cuatro años y medio de cárcel por el delito de auto adoctrinamiento y adiestramiento terrorista, así como a tres años y medio por el tráfico de drogas.
Tanto él como otros siete imputados quedaron a expensas de lo que la Audiencia Nacional debería volver a remitir. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia suspendió el juicio al confirmar que el expediente estaba incompleto y se va a solicitar a la Audiencia Nacional para que remita los tomos que faltan, donde supuestamente deberían estar los autos de las intervenciones telefónicas.
La Fiscalía solicita para dos de los acusados cinco años y medio de prisión por el tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Para los otros seis, entre los que figura el presunto yihadista en busca y captura, pide solo tres años y medio de cárcel. En los registros, autorizados por el Juzgado Central de Instrucción seis de Madrid, la Policía Nacional intervino distintas sustancias estupefacientes, principalmente hachís y cannabis, así como una pistola y munición del calibre 9 mm.
La ausencia de las intervenciones telefónicas arroja ya un atisbo de sospecha sobre la causa, ya que las mismas apuntaban sobre las relaciones de los militantes con terceros involucrados. Esto lleva a pensar que un extravío de tal magnitud es más bien una maniobra de encubrimiento similar a la que afectó a la causa de los atentados de Barcelona de 2017, donde gran parte de los involucrados tenían relación o trabajaban para el Centro Nacional de Inteligencia.
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