El Gobierno británico ha respondido a una petición que le pide que “elimine la indemnización de los fabricantes de vacunas COVID-19, para permitir que las personas presenten reclamos de compensación en su contra” aclarando que “el derecho de las personas a demandar a los productores de la vacuna” no ha sido eliminado.

En cambio, la indemnización “determina quién pagará las pérdidas del fabricante derivadas de tal reclamación”. Esto significa que los perjudicados por la vacuna pueden demandar a los fabricantes, aunque el Gobierno pagará la factura.

La respuesta del Gobierno dice:

 En agosto de 2021, se realizaron enmiendas a las Regulaciones de Medicamentos Humanos 2012 para apoyar el lanzamiento de vacunas COVID-19. Aunque la legislación proporciona inmunidad parcial de responsabilidad civil para las vacunas suministradas bajo autorización de emergencia, preserva el derecho de las personas a demandar a los productores de la vacuna en virtud de la Parte 1 de la Ley de Protección al Consumidor de 1987. Esto proporciona un nivel importante de protección si la seguridad del producto no es como la gente generalmente tiene derecho a esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias, y si ese defecto causa lesiones personales.

En relación con la compensación del Plan de Pago de Daños por Vacunas, el Gobierno añade que “la cifra de 120.000 libras esterlinas es un pago único único, no diseñado para cubrir los costes de por vida de las personas afectadas”.

“Un reclamo exitoso al VDPS no impide que una persona inicie un litigio contra el fabricante de la vacuna por daños y perjuicios, ya que el VDPS no es un esquema de compensación”, agrega.

La respuesta completa del Gobierno a la petición es la siguiente.

 El Gobierno no puede comentar sobre los términos en que se suministraron las vacunas COVID-19, ya que son confidenciales.

Aunque las vacunas contra la COVID-19 se han desarrollado a un ritmo acelerado, en ningún momento y en ninguna etapa de desarrollo se ha pasado por alto la seguridad. Estas vacunas han satisfecho, en su totalidad, todos los requisitos necesarios de seguridad, eficacia y calidad.

La velocidad del lanzamiento de la vacuna colocó al Reino Unido en una posición sólida. El Reino Unido fue el primer país del mundo en otorgar una autorización temporal e implementar las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Oxford/AstraZeneca. El Reino Unido fue la primera gran economía europea y el primer miembro del G20 en vacunar al 50 % de su población con al menos una dosis y en proporcionar refuerzos al 50 % de la población.

Los beneficios del lanzamiento de las vacunas contra el COVID-19 se han demostrado en términos de salud pública y han permitido la eliminación gradual y segura de las restricciones en la vida cotidiana durante los últimos 18 meses.

En general, las indemnizaciones otorgadas a los fabricantes no impiden que las personas presenten un reclamo legal contra un fabricante por compensación. Más bien, la indemnización determina quién pagará las pérdidas del fabricante derivadas de dicha reclamación.

Aunque los detalles de los esquemas de indemnización son comercialmente confidenciales, entendemos que muchos gobiernos celebraron acuerdos de este tipo para garantizar el fácil acceso a las vacunas contra el COVID-19.

En agosto de 2021, se realizaron enmiendas a las Regulaciones de Medicamentos Humanos 2012 para apoyar el lanzamiento de vacunas COVID-19. Aunque la legislación proporciona inmunidad parcial de responsabilidad civil para las vacunas suministradas bajo autorización de emergencia, preserva el derecho de las personas a demandar a los productores de la vacuna en virtud de la Parte 1 de la Ley de Protección al Consumidor de 1987. Esto proporciona un nivel importante de protección si la seguridad del producto no es como la gente generalmente tiene derecho a esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias, y si ese defecto causa lesiones personales.

El Esquema de Pago de Daños por Vacunas (VDPS) es un esquema sin culpa que proporciona un pago único libre de impuestos de £ 120,000 a los reclamantes que, según el balance de probabilidades, han resultado gravemente discapacitados como resultado de una vacuna para una enfermedad enumerada en la Ley de Pago de Daños por Vacunas de 1979. La cifra de £ 120,000 es un pago único de suma global, no diseñado para cubrir los costos de por vida para los afectados.

Se suma al paquete de apoyo del gobierno para las personas con una discapacidad o una afección de salud a largo plazo, que incluye el pago por enfermedad legal, el crédito universal, el subsidio de empleo y apoyo, el subsidio de asistencia y los pagos de independencia personal.

Un reclamo exitoso al VDPS no impide que una persona inicie un litigio contra el fabricante de la vacuna por daños y perjuicios, ya que el VDPS no es un esquema de compensación.

Esto significa que, a pesar de la indemnización, la vacuna perjudicada puede emprender acciones por daños y perjuicios contra los fabricantes de vacunas, aunque con los contribuyentes enganchados por la factura.

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