La diputada del PP señala que “la responsabilidad de las consecuencias 
dramáticas del atropello legislativo de la Ley del ‘sólo sí es sí’ no es solo 
de la ministra Irene Montero; también es de Sánchez y del PSOE, es de 
todo el Gobierno que fue quien la aprobó”.

“Esta Ley desprotege a las víctimas, a las mujeres y a los menores”, 
lamenta Romero, quien pone como ejemplos de ello el recorte en dos 
años de la pena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años y, 
explica, que solo en la Audiencia de Madrid ya hay una veintena de 
reducciones de pena.

Denuncia que la avalancha de revisiones a la baja se debe a la torpeza 
del Gobierno, a su manera obsesa de legislar en base a la ideología y de 
forma irresponsable, de espaldas a la realidad y sin escuchar a los 
especialistas.

 Reclama al Ejecutivo que revise la Ley cuanto antes para dar mayor 
protección a las víctimas y para que los violadores y condenados por 
delitos sexuales no tengan mayor amparo, y advierte de que si el 
Gobierno no lo hace las consecuencias para la sociedad española serán 
irreversibles e irreparables.

Recuerda que el PP votó en contra de la norma y avisó al Ejecutivo de 
que la aprobación del texto podría tener consecuencias dramáticas, al 
igual que lo hizo el Consejo General del Poder Judicial en un informe 
aprobado de manera unánime por todos sus vocales.

Indica la literalidad del texto aprobado por el CGPJ: “La reducción de los 
límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas 
condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme a la 
legislación vigente”.

Recrimina al Gobierno que no escuchase los avisos que recibió y que su 
reacción a la primera rebaja de penas por delitos sexuales haya sido el 
de insultar a los jueces calificándoles de reaccionarios.

La ministra de Igualdad calificó las advertencias que le realizaron de 
“propaganda machista”, recuerda Romero, quien asevera que “el 
problema no son los jueces, es el Gobierno y sus leyes”.

Exige a la secretaria de Estado que retire todos los insultos, 
descalificaciones y exabruptos que ha lanzado a los jueces en sede 
parlamentaria, calificándoles de machistas, misógenos y de tener falta de 
formación.

Resume así el balance de las consecuencias de los atropellos legislativos 
del Gobierno: “Ganan los agresores sexuales, los golpistas y los 
malversadores; y pierden la democracia, el Estado de derecho, la Justicia 
y las mujeres”.

Reprocha al Ejecutivo que se haya dedicado a crear problemas donde no 
los había, y generado enfrentamiento entre hombres y mujeres e incluso 
división entre las feministas dentro del propio Gobierno.

Insiste al Gobierno en que cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género y le recrimina su falta de compromiso, ya que ni lo está 
ejecutando ni impulsando

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