El PSOE, desde la acusación popular que ejerce por el caso Púnica, ha pedido una condena de 26 años de prisión para el exconsejero madrileño Francisco Granados por su presunta responsabilidad en la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid en 2011. Los socialistas piden también que se juzgue al partido como partícipe de ello a título lucrativo.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), bajo cuya coordinación actúa el Partido Socialista Obrero Español, ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales contra los ocho procesados en la pieza 9 del caso Púnica, que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archivó para decenas de investigados, entre ellos los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.

El exjefe de Gabinete, 59 años de cárcel

ADADE y PSOE acusan a Granados de cooperador necesario para un delito electoral, de malversación cohecho, falsedad en documento mercantil o fraude, entre otros. En el escrito que han redactado, piden para él 26 años de prisión, y 17 y seis meses para el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. Mientras tanto, el que fue jefe de Gabinete, Aguirre Borja Sarasola, se lleva la mayor pena: 59 años de cárcel, al ser acusado además de revelación de información privilegiada, simulación de contrato, o varios delitos de fraude.

 En el caso de la ex directora general de Medios de la Comunidad Isabel Gallego, el PSOE reclama una condena de 27 años y un mes de cárcel en el marco de esta pieza del caso Púnica.

Y además de al PP, la acusación popular quiere que la Audiencia Nacional abra juicio oral en calidad de partícipes a título lucrativo a los 72 diputados autonómicos que resultaron electos tras las elecciones celebradas en mayo de 2011, siempre que no estén acusados. Entre ellos figuran Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Los expresidentes quedaron fuera de la causa
Los tres expresidentes de la Comunidad de Madrid fueron investigados en esta pieza sobre la presunta financiación irregular de la formación, si bien el juez les acabó sacando de la causa por falta de indicios o por prescripción de los delitos. El PSOE es una de las partes que recurrió el archivo de la causa para Aguirre y González.

En su escrito, la acusación popular relata que, cuando llegó al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003, el PP puso "en práctica un plan que supuso el desvío de fondos públicos con la finalidad de subvencionar gastos de su formación política",

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