La alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial ha reenviado al Tribunal Supremo el registro de la denuncia contra los gobiernos de Sánchez (2018-2022).

El 11 de noviembre de 2022, la Alianza denunció a los gobiernos de Sánchez (2018-2022) por perjudicar a los españoles y a los intereses financieros de la Unión Europea y de todos sus países miembro.

Esta denuncia fue enviada al Tribunal Supremo y a la Comisión Europea, en el mismo correo electrónico, con copia visible a Diputados de varias Comisiones económicas del Congreso.

En el mensaje de correo electrónico al Tribunal Supremo, del 28 de noviembre de 2022, se dice: “Sin haber recibido notificación alguna del Tribunal Supremo, hoy (28.11.2022) reenviamos el mensaje de correo electrónico de fecha 25.11.2022, por el cual se nos notifica que nuestra denuncia ha sido registrada para su tramitación como Ares(2022)8174536, en la Unit F.3 – Economies of the Member States I (Croacia, Spain) del Directorate general for Economic and Financial Affairs de la Comisión Europea”, pidiendo que se una este escrito al procedimiento donde se esté tramitando la denuncia.

Desconocemos si algún Gobierno de los miembros de la Unión Europea se ha personado en el Tribunal Supremo como perjudicados. La Alianza informó a varios gobiernos y, además, en la denuncia se pide al Tribunal Supremo que les ofrezca la posibilidad de personarse.

Es la primera vez que una unidad económica de la Comisión Europea tramita una denuncia contra un Estado, evidenciando la situación excepcional que vive España y la Unión Europea, así como nuestro acierto.

Dada la delicada situación de la economía española, el absoluto desprecio hacia la legalidad del Gobierno, acreditado en esta denuncia, el riesgo de desaparición del euro y de desintegración de la Unión Europea, así como que España presidirá el Consejo de la Unión Europea desde el 1 de julio de 2023, el Tribunal Supremo o la Comisión Europea deben forzar las Elecciones Generales anticipadas para evitar que Sánchez pueda elegir a este presidente europeo.

Con este escrito, el Tribunal Supremo estará presionado para cumplir la más estricta legalidad, no sólo porque, de forma inédita, se juzgan el perjuicio de los “intereses financieros de la UE” sino porque varias instituciones europeas y de otros miembros de la Unión Europea estarán vigilando el acontecer procesal.

Igualmente presionamos a los fiscales españoles de la Fiscalía Europea que tienen la exclusiva competencia institucional para investigar los hechos, sabiendo éstos que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo conocen en profundidad la denuncia. Especialmente presionada estará María Concepción Sabadell Carnicero, Fiscal Delegada en España de la Fiscalía Europea, que ha sido denunciada por la Alianza por encubrir tres denuncias de 2021, contra funcionarios públicos.

Desde 2021, la Comisión Europea tiene otras denuncias de la Alianza sin tramitar.

A los denunciantes les preocupa especialmente la baja conciencia de los españoles respecto de que lo único que puede protegerles de un régimen totalitario, corrupto y decadente, es el riguroso cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades públicas, especialmente los parlamentarios, el Gobierno y los jueces.

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