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LOS RECORTES DEL TRASVASE DEL TAJO AL SEGURA PONEN EN PELIGRO 15.000 EMPLEOS

Alicante y Murcia litigarán contra los caudales ecológicos y la «rendición» de Ximo Puig

Nacional 07/12/2022 SP
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Trasvase Tajo-Segura

El enésimo capítulo de la «guerra del agua» a cuenta del trasvase del Tajo al Segura se ha saldado con una derrota para los regantes de la cuenta receptora ante la que el Gobierno de la Región de Murcia y la Diputación de Alicante pretenden responder con una estrategia conjunta de defensa jurídica y técnica, que contrasta con la «rendición» del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El presidente valenciano no descarta recurrir ante la Justicia pero su partido vota en contra de una propuesta para emprender acciones legales por la decisión del Consejo Nacional del Agua
El Plan Hidrológico del Tajo contempla un incremento del caudal ecológico -que ya ha sido avalado por el Consejo Nacional del Agua– que en la práctica supondrá un recorte inmediato del veinte por ciento de las transferencias de agua para los regantes del Segura, que podría situarse en un cincuenta por ciento en el plazo de tres años. Los efectos económicos hasta 2027 de este recorte superarán los 5.692 millones de euros y el despido de unos 15.000 trabajadores, de acuerdo con los cálculos de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante.

El informe prevé una merma para el regadío del Segura de 105 hm3 con el incremento de los caudales ecológicos, lo que supondrá que 27.000 hectáreas dejarían de cultivarse.

De hecho, la subida del caudal ecológico en el Tajo sólo se produce en el tramo que reduce el trasvase para Alicante y Murcia. De esa forma, el Ministerio de Transición Ecológica ha claudicado ante la presión del Gobierno de Castilla-La Mancha y los regantes de la cuenca cedente mientras ha ignorado tanto al Sindicato Central del Tajo-Segura como al Ejecutivo valenciano, que daba por hecho un acuerdo para preservar la transferencia hídrica.

Al respecto, la Diputación de Alicante y el Gobierno de la Región de Murcia impulsarán una estrategia conjunta de defensa técnica y jurídica del trasvase del Tajo-Segura, tal y como se recoge en el acuerdo que suscribieron este lunes el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el presidente murciano, Fernando López Miras.

Ambos dirigentes criticaron las «decisiones que, sin ningún aval técnico y científico, está adoptando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para acabar de forma inexplicable e injustificada con esta infraestructura», y acusaron al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y al PSOE de Murcia «de ser cómplices, con su silencio, de esta ignominia».

El presidente valenciano contraprogramó la reunión entre Mazón y López Miras para anunciar que su formación «actuará con fortaleza, convicción y argumentos en defensa del Trasvase Tajo-Segura». Ximo Puig aseguró que «si el Ministerio no actúa en consecuencia, tenemos claro que actuaremos en consecuencia pero desde la vía del diálogo y si fuera necesario, como hemos hecho en otras ocasiones, iremos a los tribunales para defendernos».

Estas palabras quedaron en una simple declaración de intenciones, toda vez que al mismo tiempo el PSPV-PSOE, junto a sus socios de gobierno de Compromís y Podemos, votaron en contra de una propuesta del PP en las Cortes Valencianas que planteaba emprender acciones judiciales por el nuevo recorte del trasvase del Tajo al Segura, que los regantes alicantinos y murcianos consideran «ilegal».

Frente a esta situación, López Miras y Mazón acordaron la presentación de forma coordinada de alegaciones ante el Consejo de Estado contra el Plan Hidrológico del Tajo que consagra el aumento del caudal ecológico para torpedear el trasvase. Además, los dos dirigentes del Partido Popular advirtieron de que si el Consejo de Ministros ratifica este documento «toda la maquinaria de la Diputación y del Gobierno de Murcia se pondrá en marcha para presentar los recursos necesarios antes todas las instancias judiciales que podamos».

El presidente de la Diputación de Alicante defendió la «unión estratégica y táctica» de ambas administraciones para «defender con rigor científico y con informes técnicos nuestra postura ante una hoja de ruta política que quiere acabar con el trasvase por razones alejadas de la legalidad, la justicia, la solidaridad y el medioambiente».

En este sentido, Mazón denunció que la política hídrica del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del PSOE «ha creado en estos años, sin ningún tipo de justificación técnica y científica y de forma arbitraria, una deuda histórica del agua con la provincia de Alicante, con Murcia y con la Almería».

De esta forma, cifró en 590 millones de euros el perjuicio económico «por los 22 recortes políticos que se han aprobado en estos últimos años», mientras que ha alertado, tal y como sostienen los informes de los técnicos, que el aumento del caudal ecológico recogido en el nuevo Plan del Tajo «supondrá la pérdida de más de 15.000 empleos y un déficit económico de aquí a 2027 de más de 5.700 millones de euros».

El presidente de la Diputación de Alicante denunció, por otra parte, la actitud del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de los socialistas murcianos ante los recortes impulsados por el Ministerio de Transición Ecológica. «La hoja de ruta para acabar con el trasvase Tajo-Segura ha destapado a dos cómplices: el presidente de la Generalitat y los socialistas murcianos», según Mazón, quien criticó que «no puede ser que Ximo Puig calle ante uno de los mayores atropellos a su tierra».

Al respecto, añadió que «el silencio y la rendición de Puig y del PSOE de Murcia están haciendo un daño irreparable a la estrategia de defensa del trasvase».

El 70% de las exportaciones de frutas y verduras españolas

Por su parte, López Miras alertó también de los efectos negativos que el recorte en más de un 50% del trasvase tendrá sobre una zona que produce el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España generando más de 20.000 millones de euros. «El trasvase es una infraestructura esencial para todo el país y es inexplicable que se tomen decisiones sin ningún informe técnico o científico que las avalen», ha insistido el presidente murciano, quien señaló que «el levante español no puede verse más perjudicado por decisiones políticas del Gobierno del señor Sánchez».

Por ello, insistió, «una vez más el presidente Mazón y yo unimos fuerzas y nos comprometemos a desarrollar una estrategia única de análisis técnico y jurídico de todas las decisiones que está tomando el Gobierno de España sobre el trasvase Tajo-Segura y de emprender de forma unida y conjunta todas las acciones administrativas y judiciales que se puedan para frenar esta tropelía».

En el encuentro también participaron la vicepresidenta alicantina y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, el consejero de Agua de Murcia, Antonio Luengo, el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, y el director del Instituto Euromediterráneo del Agua e impulsor del Plan Hidrológico Nacional, Francisco Cabezas.

Melgarejo detalló en su intervención los efectos negativos de los sucesivos recortes adoptados, entre ellos el del aumento del caudal ecológico que, según ha detallado, provocará una merma de 105 hectómetros cúbicos al año y, por tanto, pérdidas del 15,6% de la superficie de regadío, es decir, más de 27.000 hectáreas. Los efectos económicos hasta 2027 superarán los 5.692 millones de euros y el despido de unos 15.000 trabajadores.

Asimismo- vaticinó- se acentuará el déficit hídrico estructural de la demarcación del Segura, que alcanzará en 2027 los 309 hectómetros cúbicos.

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