Tras varios días de negociaciones el Gobierno y ERC han llegado a un acuerdo para reformar el delito de malversación que dejara al Estado vulnerable ante este tipo de delitos. Serán los separatistas los que tomarán la iniciativa, vía enmienda a la modificación legislativa del Código Penal que se tramita en el Congreso, con la seguridad de que los de Pedro Sánchez lo apoyarán para seguir en Moncloa, incumpliendo así todas sus promesas antes de ser presidente en las que prometía endurecer estas penas.

El texto, contradice el compromiso de Pedro Sánchez de no retroceder en la lucha contra la corrupción, con esta nueva reforma, la malversación dejaría sin castigo a muchos políticos corruptos.

Con esta reforma, por ejemplo, Jose Antonio Griñan se podría librar de entrar en prisión, algo que debería haber hecho ya.

La enmienda de los separatistas plantea condenas de hasta ocho años de cárcel para malversación con ánimo de lucro y de hasta cuatro años cuando no haya enriquecimiento personal. Este último es el caso del ex presidente de la Junta de Andalucía, cuyo ingreso en prisión debería ser inminente, según la orden de la Audiencia Provincial de Sevilla.

 Con la nueva reforma Griñan evitaría su ingreso en prisión, así como otros corruptos del caso ERE de Andalucía que involucra a políticos del partido socialista, Sánchez lograría librar a los suyos de penas de cárcel.

La reforma del delito de malversación es una petición de ERC, que también se beneficiaria de esta reforma dejando libres a diferentes políticos sentenciados por este delito. Además de por malversación, los líderes del procés fueron condenados por sedición, delito que el Gobierno ya se ha comprometido a eliminar y por ello el PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso una proposición de ley que se tramita aceleradamente en las Cámaras para que entre en vigor en enero y librar a los corruptos de sus condenas.

Una reforma del delito de malversación como la apuntada por el Gobierno y ERC podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos, los que fueran presidente y vicepresidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.

Entre los directamente beneficiados por esta reforma, estarían los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por malversación y sedición: Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación.

Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría a Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos huidos y reclamados por el instructor del procés, Pablo Llarena, por dicho delito y sedición.

A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.

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