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ERE de Andalucía: Imputan a UGT por el desvió de 10 millones de euros públicos

El Tribunal de Cuentas encara los primeros juicios contra el sindicato por el desvío de fondos públicos

Corrupción 09/12/2022 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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UGT

Veinte años después de que se sentaran los cimientos de lo que acabó siendo el gigantesco saqueo de dinero público de los ERE de Andalucía, y once después de que arrancara la investigación judicial, el Tribunal de Cuentas (TC) encara el que, hasta la fecha, es el primer juicio en el que aparece específicamente como acusado principal el sindicato UGT.

Y eso con el fin de intentar que pague por la parte del botín de los ERE en la que apareció la mano del sindicato o de dirigentes que, como organización o como representantes de la misma, fueron decisivos mediadores, conseguidores e incluso beneficiarios del fraude.

Estos procesos del TC que han entrado ya en la fase de enjuiciamiento se centran en las prejubilaciones y ayudas fraudulentas a trabajadores de la minería andaluza, especialmente de Huelva, en la zona de la denominada Faja Pirítica. La trama incluyó como beneficiarios a personas que no reunían los requisitos.

Fueron los denominados «intrusos»: algunos no habían pisado la mina y cobraron tras ser amañadas las listas de empleados acogidos a los ERE; otros eran familiares; otros, sindicalistas que entraron también como «intrusos» en los ERE; hubo trabajadores de empresas mineras que cobraron sin haber cumplido la edad mínima para la prejubilación o que se embolsaron ayudas pese a que habían sido recolocados.

 El ovillo judicial en torno al caso de los ERE es enorme. La envergadura de la trama y la gigantesca dimensión que alcanzó durante los ocho años que duró complicó la investigación y la acción de los juzgados. En ellos sigue, a lo grande. En vía penal se abrieron más de cien piezas separadas, de las que hasta la fecha se han juzgado seis, entre ellas la principal, la llamada pieza política de los ERE. De ésta hay sentencia firme, tras el fallo del Tribunal Supremo. Se ha condenado a 15 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De las más de cien causas del ovillo de los ERE que siguen su curso en la jurisdicción penal, entre las que tienen más avanzada su tramitación es la relativa a las comisiones ilegales, las 'mordidas' que se embolsaron quienes mediaron y gestionaron las pólizas de las prejubilaciones financiadas con fondos públicos. Según las diligencias instruidas, entre empresas, organizaciones varias y conseguidores -entre ellos varios dirigentes sindicales- se repartieron 66 millones de euros. Hay 35 procesados en esta causa, en la que UGT y CC.OO. figuran como responsables civiles subsidiarios.

Fianzas millonarias
Sin embargo, en los procesos que ultima el Tribunal de Cuentas, UGT aparece directamente como responsable del saqueo. Y, por tanto, como acusado principal. Así figura en dos causas que han entrado ya en la fase de enjuiciamiento, según la documentación recabada. En la jurisdicción del TC, estos juicios se denominan «procedimientos de reintegro por alcance».

Los dos casos contra UGT que ya encaran el juicio en el TC son los relativos a los fondos malversados en prejubilaciones de la minería que se financiaron entre 2003 y 2010 con esos fondos de los ERE. Hay que tener en cuenta que las prejubilaciones en empresas mineras constituyeron uno de los grandes focos del fraude de los ERE.

Por la participación de UGT y CC.OO. en la trama, el Tribunal de Cuentas les impuso, en el verano de 2021, unas fianzas provisionales de 9,75 y 2,86 millones de euros, respectivamente, por todos los procesos que tramita el TCu y en los que están presuntamente implicados esos sindicatos. Dichas fianzas se fijaron en el acta de liquidación provisional, un cálculo de perjuicio económico que los expertos del Tribunal de Cuentas hacen con carácter previo al enjuiciamiento. Y ahora es cuando, superadas todas esas fases de índole administrativa y de instrucción previa, se encara la recta hacia el juicio.

Las causas más avanzadas
De momento, entre todas esas causas que sigue el TC figuran dos dirigidas específicamente contra UGT. Una es la relativa a prejubilaciones fraudulentas en la mina La Almagrera, proceso cuya fase de enjuiciamiento fue decretada a mediados del pasado verano. Y el otro proceso que encara el juicio es el que engloba el fraude en los ERE de cuatro empresas mineras:

La Herrería, Río Tinto, Zarza e Insersa. El TC calcula que, entre esas cuatro compañías, el fraude en prejubilaciones sumó 5,3 millones de euros, según han detallado fuentes del caso a partir del acta de liquidación provisional. A finales del pasado octubre se dictó la providencia que impulsa el enjuiciamiento de esta causa. El 21 de octubre la Junta de Andalucía se personó como perjudicada, según han indicado las mismas fuentes. Esta causa está en manos de la titular del Departamento Segundo de enjuiciamiento del TC, Elena Hernáez.

Por las ayudas fraudulentas concedidas en los ERE de La Herrería, Río Tinto, Zarza e Insersa, el TC reclama inicialmente esos 5,3 millones de euros más intereses. Pero está por ver lo que alegan las partes personadas y, en particular, la cifra final que demanden tanto la Junta de Andalucía como la Fiscalía. En cualquier caso, de la cantidad que se fije deberán responder solidariamente UGT y quienes eran directores generales de Empleo de la Junta en los años en los que ordenaron los pagos que nutrieron ese fraude: Javier Guerrero -fallecido en 2020, por lo que se actuará contra su legado disponible-, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

En concreto, se reclaman solidariamente a UGT y Javier Guerrero unos 3,6 millones; 1,1 millones a UGT y Juan Márquez; y alrededor de medio millón a UGT y Daniel Alberto Rivera.

Casi uno de cada tres beneficiarios en los ERE de la minería eran «intrusos»
«Intrusos». Ese fue el término con el que un informe de la Guardia Civil se refirió, en 2015, a la cantidad de personas que fueron coladas por la trama, con el favor de la Junta de Andalucía y de los sindicatos, que tuvieron una destacada posición a la hora de facilitar la entrada en los privilegiados listados de aquellas prejubilaciones pagadas con fondos públicos.

Según aquel informe de la Guardia Civil, de los 1.169 que se beneficiaron de esas ayudas, 334 nunca debieron haberlas cobrado, porque no cumplían los requisitos para ellos, y de forma flagrante. Los hubo que nunca fueron trabajadores del sector minero, otros no tenían la edad mínima que se había fijado para esas prejubilaciones, y hubo quienes fueron colados por los sindicatos y la Junta sin figurar siquiera los expedientes reglamentarios.

Al margen de esas dos causas por las que está enjuiciado el sindicato, también está pendiente de otras causas que tramita el TC. Entre ellas, las ayudas fraudulentas en la Compañía Minera del Marquesado, que en su día los investigadores cifraron en 4,5 millones de euros a través de una lista de expedientes de regulación de empleo financiados con fondos públicos y en los que también participaron los sindicatos. Aquellas ayudas se repartieron entre junio de 2009 y noviembre de 2010, a pesar de que, como informó en su día ABC, la empresa figuraba como «inactiva» en el Registro Mercantil desde el 31 de diciembre de 2006, y en 2008 solo declaraba tener dos trabajadores.

Asimismo, el TCu actúa contra la Asociación de la Faja Pirítica por su responsabilidad en expedientes que también serán objeto de juicio. Esa asociación la constituyeron en junio de 2003 UGT y CC.OO., coincidiendo con el arranque de la práctica fraudulenta de los ERE. El cálculo provisional de fraude que ha realizado el TC contra la Asociación de la Faja Pirítica asciende a 1,27 millones de euros: 934.590 euros, más intereses.

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