De todos es sabido que, si no se van retirando las manzanas a la primera pinta negra que les sale, al tiempo, una gran parte del cesto se habrá podrido. Al parecer, en España, los Vigilantes de Manzanas del Estado parecen haber estado sufriendo algún tipo de miopía crónica, tal vez aquella conocida como “corporativismo”, que anula su voluntad de detectar las irregularidades que cometen los funcionarios, facilitando enormemente la propagación de la corrupción.

Un típico y clamoroso ejemplo de ello ha aflorado estos días en Sevilla. Se trata del abigarrado caso que contiene la denuncia presentada contra la letrado Mª del Mar Arredondo Sánchez y su representada en asuntos de Familia, Mª Carmen García Vico, por el ex marido de esta, Rafael Cuesta Torrús. Les acusa de estafa y fraude procesal porque, con el consentimiento de la ex mujer, la citada abogado está repitiendo injustificadamente procedimientos judiciales innecesarios, con el único propósito de cargarle las costas del proceso.

En concreto, ha solicitado en varias ocasiones una investigación patrimonial sobre Rafael que, como mismo resultado, siempre determina que es dueño de la mitad del piso, la plaza de garaje y el trastero del piso que compartían. Una vez obtenida la sentencia que incluye las costas en favor de la letrado, no solicita su ejecución, por lo que la deuda queda en impago injustificadamente y así vuelve a solicitarla una y otra vez, generando nuevos honorarios en costas en su propio beneficio.

Como se trata del domicilio familiar, del que la madre custodia de los 2 hijos en común disfruta el uso, Rafael considera que no es a él a quien defraudan, sino a sus hijos en referencia al patrimonio que habrían de heredar y que ahora se está consumiendo en honorarios abusivos en favor de la Sra. Arredondo.

Para que se produzca esta irregularidad, el juez y la secretaria judicial han de ser colaboradores necesarios y, por eso, han sido incluidos en la denuncia y también están siendo investigados por la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha abierto diligencias al respecto.

Pero el asunto es mucho más extenso. Arrancó en 2012 con repetidas denuncias por violencia de género, incumplimientos de visitase impago de pensiones que, en su totalidad, han sido archivadas o de las que ha sido absuelto.

Sin embargo, no se ha podido emprender acción penal alguna por acoso o falsas denuncias contra las denunciantes en vano. Por el contrario, durante esos años, las irregularidades procesales favoreciendo a la ex mujer y su abogado se han ido sumando, involucrando a los Equipos Psicosociales de los juzgados, a su Colegio Profesional, policía judicial de la Guardia Civil de Sevilla, jueces, juzgados de primera, segunda instancia y superiores, secretarios judiciales o fiscalía, entre otros. Ha llegado a salirse tanto del tiesto que ha llegado a salpicar hasta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A la mayoría de los actores implicados en esta trama se les veía venir. Algunas de estas manzanas ya traían “pintas negras” desde bastante tiempo atrás. Se habían visto envueltos en una metedura de pata emblemática que le costó la vida a Carmen Fernández. Se trataba de una vecina del barrio de las 3.000viviendas de Sevilla, madre de dos niños declarados injustamente en desamparo, Iván y Sara, allá por 1996.

Al contribuyente, o sea a nosotros, nos costó 1,5 millones en concepto de indemnización ejemplar, pero la cobraron los herederos porque, para cuando vino a abonarse, Carmen ya había muerto víctima del sufrimiento que se le había provocado (así lo reconoció en su sentencia el Constitucional)Ninguno de los funcionarios y profesionales que participaron en aquel fiasco tuvo que afrontar ninguna responsabilidad patrimonial para contribuir a sufragar ese importe, sino que se nos impone a los contribuyentes.

En aquella injusticia, la letrado Arredondo había representado los intereses contrarios a esta madre injustamente despojada. También coincide como involucrada en aquel caso la fiscal Mª José Segarra Crespo que, por entonces, figuraba como coordinadora de la Fiscalía de Menores y que, en vez de ser sancionada, ha llegado a ser promocionada a Fiscal General del Estado por un Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez y dirigido por una ideología “feminista” o “de Género”, que parece carecer de escrúpulos para pervertir y manipular las Instituciones y Poderes del Estado.

De hecho, el único implicado que ha llegado a ser sancionado en algún momento (por otro caso muy posterior) fue, con la inhabilitación, el juez de familia que juzgó entonces aquel caso, Francisco Serrano Castro. Esa sanción, sin embargo, le llevó a convertirse en uno de los líderes de la “resistencia” contra la citada Ideología y, como tal, en fugaz presidente de Vox en sus albores en Andalucía.

El contraste entre la evolución de las carreras profesionales del juez y la fiscal responsables de aquel caso, pone nuevamente de manifiesto la grave amenaza que representa la trama institucional que sostiene esta Ideología para la Independencia de la Justicia en nuestro país. Así mismo, la ausencia de sanciones laborales y/o económicas para los funcionarios que actuaron y actúan irregularmente, deja indefenso al cesto de manzanas ante la progresión de la corrupción que lo pudre.

Pero volviendo al abigarrado caso que nos ocupa, Rafael, como miembro de a ese enorme colectivo de varones discriminados al que podríamos denominar “divorciados puteados”, también fue denunciado por maltrato, por lo que su divorcio pasó de ser tramitado por el Juzgado de Familia, al de Violencia Contra la Mujer Nº 2 de Sevilla, cuyo juez titular es Francisco Manuel Gutiérrez Romero.

Él tuvo la suerte de que todas esas denuncias, tras ser investigadas, fueran desestimadas y archivadas antes de que se celebrase su juicio de divorcio. Sin embargo, en flagrante incumplimiento de la normativa procesal, su caso no fue devuelto al Juzgado de Familia que le correspondía, sino que fue retenido en el de Violencia. En contra suya tenía también a la secretaria judicial (ahora denominados “Letrados de la Administración de Justicia”) Mª Antonia Garrido Arenas, a la que, junto con el juez, Rafael acusa ahora de prevaricación, acoso, amenazas, abuso de poder y nueva revelación de secretos. Por supuesto, aquella sentencia, junto con la interminable sucesión de procedimientos judiciales que le provocaron las denuncias presentadas por su ex, le arruinaron la vida.

Lo más doloroso fue que no se sentenciara la custodia compartida de sus 2 hijos, a pesar de que consideraba tener razones poderosas para que no le aplicasen “tabla rasa” adjudicándosela directamente a la madre en exclusiva. Esos juzgados de violencia “de autor” tienen como misión pasar la apisonadora a los hombres sin miramientos, así que le dieron a ella el uso de la casa, el patrimonio, la pensión y todo lo que conlleva la custodia.

La sentencia basó esa decisión en un informe de los Equipos Psicosociales de los juzgados de Sevilla, elaborado por un psicólogo que carecía de los requisitos necesarios para hacerlo, pues ni siquiera estaba colegiado como exige la legislación que aún sigue en vigor. Además, la sentencia reflejaba que el psicólogo había ratificado el informe durante la vista del juicio, aunque no hizo acto de presencia en ningún momento allí.

Según refleja Rafael en su denuncia, durante el proceso judicial, también se produjo una revelación de secretos en su contra y en favor de la madre, desde la fiscalía dirigida por la fiscal Segarra a la letrada Arredondo, consentida y e irregularmente utilizada por los magistrados de la sala de la Audiencia Provincial de Sevilla que resolvió la apelación. Se trataba de un oportuno y anómalo informe elaborado para la Fiscalía por un subteniente de la policía judicial de la Guardia Civil que también ha sido denunciado e incluido en la investigación.

Rafael no fue cordero manso, sino que mostró bravura y contraatacó. Así lo viene haciendo desde entonces, a pesar de saber que los tentáculos de esta trama institucional son capaces de envolverte, rodearte por todos los flancos y condenarte a la exclusión económica y social. Se enfrentaba a la poderosa Congregación Feminista de las Instituciones Públicas de la Sevilla gobernada por el gobierno Socialista de la sultana Susana.

Las represalias que sufrió sobrepasaron de tal manera los límites de la legalidad que, ahora, con un nuevo signo político en el Gobierno autonómico, han doblegado los límites de la “compresión corporativa” y han merecido la apertura de unas diligencias de investigación penal que, de momento, incluyen aforados como el Juez y la Secretaria del Violencia 2 de Sevilla. Para la fiscal Segarra, las diligencias ya se ordenaron en 2019, mientras era Fiscal General del Estado con Pedro Sánchez.

Para entender la primera represalia sufrida por Rafael, conviene informar a los lectores que, cuando se trata de pensiones de alimentos para los hijos, se le pueden embargar al padre todos los ingresos sin respetarle un mínimo vital, incluso cuando se ha visto privado de poder tener contacto con sus hijos. En este caso, el problema fue el contrario, pues Rafael ejercía en la práctica una custodia compartida, sin que eso le permitiera descontar de la pensión los gastos que eso le generaba.

Pero es más, la jurisprudencia permite que, para determinar la cuantía de la pensión de alimentos para los hijos, el juez no tenga que sujetarse a las cantidades que puedan ser demostradas documentalmente mediante nóminas o datos bancarios y de Hacienda, sino que puede presuponer que ingresa “en negro” lo que estime oportuno y fijar la pensión que desee, aunque sea muy superior a sus ingresos reales.

A corto plazo, esas decisiones judiciales provocan la pérdida completa del patrimonio que pudiera haber conservado, que le va siendo embargado para saldar la deuda que acumula. En el caso de Rafael, aún llegaron más lejos pues en vez de embargarle directamente, lo que hacían era reclamar la deuda de nuevo una y otra vez, generándole así los correspondientes gastos procesales que incluían nuevos honorarios parala abogado Arredondo.

La estrecha relación de esta letrado con la Fiscalía feminista de la Sra. Segarra quedó en clara evidencia en la denuncia por la revelación que ésta le hizo a aquella de los “secretos” de Rafael, denuncia que ahora ha vuelto a salir del cajón y subir a la palestra.

Este delito de Revelación de Secretos ya era conocido por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla en la apelación de la sentencia de divorcio, así como de la ilegal carencia de colegiación del psicólogo que elaboró el informe en el que se basaba la primera sentencia. Sin embargo, aquellos magistrados hicieron silencio corporativo y cómplice y ratificaron sin más contemplaciones.

Pero los tentáculos de la trama llegaban mucho más lejos. Cuando se desató su conflicto conyugal, Rafael andaba reclamando ante el Tribunal Supremo una oposición al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a la que se había presentado en 2007. En mayo de 2012 obtuvo una sentencia favorable que le hubiera permitido incorporarse a su plaza, que aún estaba vacante, u obligado al Ministerio a anular la oposición.

Carmen, su ex mujer, le amenazo durante sus encuentros en los juzgados, asegurándole que nunca obtendría esa plaza. Aquello le pareció un “farol”, pero cuando solicitó la ejecución de la sentencia apareció el “gazapo”: Incumpliendo las leyes procesales, en vez de hacerla cumplir al Ministerio, el Tribunal Supremo modificó la sentencia sin previo aviso, dejando a Rafael compuesto y sin novia.

A pesar de semejante acoso, durante estos largos años Rafael ha preferido morir en pie a vivir de rodillas. Ha seguido denunciando tozudamente todas esas irregularidades en todas las instancias posibles. Ahora, por fin, ha conseguido que los vigilantes de manzanas se hayan despertado y que la Fiscalía Superior de Andalucía haya abierto estas diligencias de investigación penal.

Si todos fuésemos tan tozudos como él en la lucha contra las irregularidades de los Poderes públicos, otro gallo nos cantaría con el gravísimo problema de corrupción que padecemos.

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