La Policía investigará por corrupción a la Consejería del ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes. El juez Juan Manuel Sobrino, ha ordenado a la Policía que investigue si la Conselleria de Yllanes falsificó documentos públicos con la intención de beneficiar a empresas del sector náutico afines a los intereses del gobierno de Armengol concediendo diversas subvenciones. Se trata de una trama de corrupción conocida como caso Varadero que IMPACTO ESPAÑA NOTICIAS saco en exclusiva.

El juez quiere que la Policía determine si los documentos emitidos por trabajadores de Yllanes se firmaron sobre papel o si por el contrario se trata en realidad de una inserción escaneada de las firmas. Esta investigación se considera fundamental para determinar si existió falsedad documental. Estos documentos falsificados sirvieron para evitar sanciones y una investigación judicial a las empresas afines al gobierno de la socialista Armengol.

Los colaboradores de Yllanes, conseller y vicepresidente de Baleares, son el director general de Industria, Antonio Morro, y la jefa de área de los servicios jurídicos, Teresa Relea, ambos imputados en este caso de corrupción del gobierno balear. Los dos ya han prestado declaración ante el juez en calidad de investigados mientras el propio Yllanes será próximamente citado a declarar.

En la declaración de los imputados ante el juez, afirmaron que habían firmado manualmente el documento cuando el informe elaborado por los peritos informático sostiene todo lo contrario.

Como saco en exclusiva este medio en varias exclusivas, la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina denunció las irregularidades que cometían empresas del sector que trabajan en el Varadero de Palma. El Govern abrió los correspondientes expedientes, pero los archivó sin llegar a tramitarlos.

Lo que sucedió es que el Govern de Armengol falsificó en 2020 un documento público para frenar la investigación judicial a las empresas del sector náutico afines al gobierno. Este documento falsificado sirvió también para archivar los expedientes que el propio Ejecutivo balear se vio obligado a abrir a las empresas náuticas tras recibir la denuncia por infracciones graves de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, entre otras irregularidades.

El delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria del ex juez  Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso.

El truco de las falsificaciones estuvo en crear un documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha de 29 de julio. Ahora, la Policía Científica debe determinar si, en efecto, los documentos con fecha 29 de julio fueron firmados ese día por Morro y Relea o si en realidad estas firmas se adjuntaron de forma fraudulenta el 9 de septiembre. Las peritaciones confirman la falsificación de los documentos.

El pasado mes de noviembre el Grupo Fabkina presentó una querella contra el vicepresidente Yllanes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma y en la misma se le acusa de un posible delito de encubrimiento de los hechos ya denunciados anteriormente ante la Justicia relacionados con la mencionada falsificación de un documento público.

La parte querellante solicita que se investigue si Juan Pedro Yllanes, en su condición de máximo responsable de la Conselleria de Sectores Productivos, tuvo conocimiento de los hechos denunciados desde antes de que se interpusiera la primera querella y si a pesar de ello no hubiera emprendido acción de algún tipo para esclarecer y subsanar tales irregularidades o supuestos ilícitos… negando de forma continuada en el tiempo la comisión de tales hechos.

NOTA. Las Exclusivas de IMPACTO ESPAÑA NOTICIAS sobre este tema, Okdiario se las quiso atribuir, hecho ya denunciado en los juzgados.

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