El Gobierno aprobó una insólita reforma del Código Penal por la que se elimina el delito de sedición, se rebaja hasta el mínimo la malversación y se impone un vuelco en el Tribunal Constitucional, forzando un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría de izquierdas y tener el control de los jueces.

La reforma impuesta por Pedro Sánchez para acelerar la renovación del TC presenta dudas de constitucionalidad por la maniobra legislativa empleada por Pedro Sánchez, que ha colado los cambios a través de enmiendas. Un golpe al Estado de Derecho urdido por vía exprés, sin informes de órganos consultivos, para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa. Expertos en Derecho Constitucional temen que España termine pareciéndose a Venezuela.

La semejanza entre España y Venezuela está clara porque estamos en mano de personas que siguen un régimen comunista que quieren hacerse con el control absoluto de todas las instituciones.

Sánchez ha impulsado un cambio en el sistema de elección de los magistrados del Constitucional, suprimiendo la obligatoriedad de los tres quintos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los dos miembros del Alto Tribunal. El Gobierno pretende asegurarse una mayoría de izquierdas en la Corte de Garantías, mientras los socios independentistas ya piden la celebración de un nuevo referéndum.

Ya existe un procedente en el que la Corte de Garantías falló a favor de un recurso de amparo y anuló una ley porque las enmiendas no guardaban relación con la norma que se modificó. Se trata, recuerda, de «la sentencia del TC 119/2011 en la que, con ocasión de una enmienda presentada por el Partido Popular -que nada tenía que ver con la Ley Orgánica que se quería cambiar-, se estimó un recurso del PSOE y se anuló esa disposición».

El PSOE ganó en 2011 un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional interpuesto contra el PP por los mismos motivos por los que ahora los populares recurren las enmiendas de Sánchez para asaltar el Poder Judicial. Un grupo de 62 senadores recurrieron entonces ante el Constitucional la Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje aprobada durante el Gobierno de José María Aznar por contener, vía enmienda, una reforma en el Código Penal que no guardaba relación con la norma aprobada. El Alto Tribunal dio la razón a los socialistas, asegurando que se había vulnerado su derecho parlamentario recogido en la Constitución.

Así empezaron otros países de Iberoamérica, que se aprovecharon de propia legislación para cambiar la Constitución por la puerta de atrás e ir apoderándose de las instituciones públicas, convirtiendo el poder en una sola mano.

Lo que está claro es que el asalto del Gobierno al Tribunal Constitucional recuerda a comportamientos poco democráticos y, por eso, estamos pasando de una democracia plena a una democracia defectuosa.

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