En Brasil existe una tiranía ejercida desde el poder judicial, que tiene presos políticos, censura individuos y medios de comunicación, persigue empresarios y empresas, periodistas, diputados, indígenas, presidentes de partidos políticos y apoyadores del presidente Bolsonaro en general. Hasta el momento en que este análisis es escrito, no ha ocurrido acción efectiva alguna que detenga el actuar de estos magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF).

Quienes llevan adelante estas acciones totalitarias, antidemocráticas y contrarias a la Constitución del país, fueron indicados por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Gilmar Mendes en 2002), Lula da Silva (Ricardo Lewandowsky y Cármen Lúcia en 2006, y Dias Toffoli en 2009), Dilma Rousseff (Luis Fux y Rosa Weber en 2011, Luís Barroso en 2013 y Edson Fachin en 2015) y Michel Temer (Alexandre de Moraes en 2017).

Pero ¿Cómo comenzó todo esto? La izquierda empezó a sufrir una caída de su popularidad desde que el entonces diputado federal, Roberto Jefferson -hoy preso político de Alexandre de Moraes- denunciara el polémico esquema de corrupción llamado Mensalão (2005).

Luego ocurrió la Operación Lava Jato (2014) que destapó otro esquema de corrupción asociado al PT. Como consecuencia ocurre el impeachment de Dilma (2015), condenan a Lula a 12 años de prisión (2017) y en 2018 gana la elección el entonces diputado federal Jair Bolsonaro. Hasta aquí parece que la izquierda estaba sin chance de volver al poder. Pero a partir de 2019 la izquierda comienza con una radical agenda de judicialización para la reconquista del poder. En 2019 el magistrado Fachin libera a Lula mediante una maniobra jurídica y a partir de 2020 comienza la detención de los primeros presos políticos.

Ahora bien ¿Qué tiene que ver esto con el fenómeno político de España?

En los últimos días, el gobierno de Pedro Sánchez, también líder del PSOE y presidente de la Internacional Socialista, en alianza con los extremistas de izquierda PODEMOS, han liderado una crisis institucional sin precedentes, junto con el resto de las izquierdas, abanderando los ideales y los objetivos del independentismo catalán.

Intentan acelerar la aprobación de una reforma al Código Penal que busca aliviar las penas de los que actualmente pagan cárcel por malversación de fondos públicos, eliminar el delito de sedición para que sea descriminalizada la agenda independentista y por otra parte busca la creación de leyes orgánicas que le permitan colocar 2 nuevos magistrados, abiertamente de extrema izquierda, en el Tribunal Constitucional (TC). Todo esto pasando por encima del ordenamiento jurídico que establece la formalidad del procedimiento para la reforma y/o creación de leyes.

Cabe destacar que el TC es un ente que no pertenece al Poder Judicial y es autónomo de los demás entes constitucionales. Su función es interpretar la Constitución. Está compuesto de 12 magistrados nombrados por el Rey, de los cuales 4 son propuestos por el Congreso de los Diputados, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial.

Si la izquierda consigue controlar el TC mediante estas maniobras, tendrían el poder de interpretar la Constitución a su antojo, de la misma forma que lo hace el STF de Brasil. La izquierda radical, americana o europea, con base en el argumento de que «la soberanía popular está por encima de la ley» justifican la abolición del principio de legalidad, que no es más que el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y las leyes.

Esto le ha funcionado bien a las dictaduras en América. Pero el caso de Brasil es excepcional, pues en pleno ejercicio de un gobierno electo de derecha, el poder judicial ejecuta una agenda de judicialización amparada en la interpretación que dan a la Constitución y las leyes desde su radical parcialidad política. Actualmente, el presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, anunció un esfuerzo conjunto con el magistrado Lewandowsky, para discutir una reforma a la norma jurídica que regula el proceso de impeachment.

Esto podría garantizar que Lula no pase por lo mismo que pasó Dilma con la nueva mayoría de derecha en el parlamento, y que tampoco sean destituidos los magistrados del STF por la nueva mayoría de derecha del Senado. Y al mismo tiempo, el PT emprende una acción judicial no solo para apresar al presidente Bolsonaro, sino también a varios de los diputados federales electos de su ala política, con lo que podrían disminuir los votos de la bancada bolsonarista en el parlamento.

En el contexto español, tenemos que tener en cuenta que la popularidad de la izquierda ha mantenido una tendencia a disminuir, esto debido a su agenda cada vez más radical contra la monarquía constitucional pero también por una gestión que ha afectado de manera importante la calidad de vida de los españoles. Al contrario, VOX y PP han incrementado su popularidad y han obtenido buenos resultados electorales en las regiones luego de la última elección al Congreso de los diputados.

Siendo esto así, la principal hipótesis sería: de ocurrir una nueva elección al Congreso de los diputados, la izquierda podría perder la mayoría y con ello la posibilidad de formar gobierno cómodamente. Esa sería la principal motivación para el asalto del TC. De esta forma, podrían llevar adelante su agenda política, sin ser electos, como lo ha venido haciendo la izquierda brasileña mediante el mecanismo de judicialización.

Si VOX y el PP acuerdan enfrentar juntos esta agenda de la izquierda radical, dejando a un lado sus diferencias por un momento, podrían salvar el sistema político español y serían los primeros en derrotar la agenda izquierdista de crear tiranías judiciales. Con ello, evitarían que España sea un nuevo Brasil en Europa.

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