La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se condene a un total de 17 personas, entre las que se incluyen varios exaltos cargos de la Generalitat catalana y empresarios, a penas de entre 8 años y 9 meses a 6 años y 3 meses de prisión por su presunta participación en el amaño de adjudicaciones de concursos públicos en Cataluña entre 2008 y 2015.

En su escrito de acusación, el fiscal José Grinda solicita que se imponga una pena de 8 años y 9 meses respectivamente a los que considera líderes de la organización criminal: el expresidente y el exdirector general de la empresa pública de la Generalitat GISA Josep Lluis Quer y Josep Antoni Rosell.

Para los otros 15 acusados el Ministerio Público propone condenas que van desde los 8 años y 9 meses hasta los 6 años y tres meses de cárcel por delito de organización criminal, delito continuado de fraude a la Administración Pública y delito continuado de prevaricación.

Según sostiene Fiscalía, ciertas empresas de ingeniería, en el entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca), "configuraron durante los años 2008 a 2015 un cártel al que denominaron 'Nuria Bofill' para pactar los precios que utilizarían en sus aplicaciones a los concursos públicos licitados por ciertas Administraciones y empresas públicas".

PRECIOS PARA "EXCLUIR A OTROS COMPETIDORES"
"Desde al menos 2008 las personas acusadas fueron ejecutando un pacto para conseguir la adjudicación de concursos de Administraciones Públicas en el ámbito catalán. Entre los miembros de la organización acordaron licitar a dichos concursos ofreciendo unos precios que permitían excluir a otros competidores", relata el escrito.

Esto habría ocurrido, según Anticorrupción, "en connivencia con Quer y Rosell, que desempeñaban los cargos de presidente y director general, respectivamente, de la empresa pública Gestió d'Infraestructures, S. A. U. (GISA), luego denominada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya".

Esta organización, apunta la Fiscalía, acordó "durante años las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas Administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y, así, obtener un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad, es decir, si cada mercantil hubiese preparado su oferta de forma totalmente independiente".

"Dicho pacto anulaba, por tanto, la competencia de los no integrantes del mismo, y se fue extendiendo a diversos organismos públicos", explica el fiscal Grinda, que incide en que los miembros de esa organización "se pusieron de acuerdo para defraudar, fundamentalmente a GISA, diseñando e implementando una operación entre Quer y Rosell y las restantes personas acusadas, que tenía por objeto el direccionamiento de los procesos de contratación pública licitados".

Ambos acusados, continúa Fiscalía, "manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos". "En primer lugar, modificaron la estructura organizacional de GISA creando la Oficina Técnica d'Avaluació, unidad integrada por una única persona, Cortasa Ferrer, y generaron un paso nuevo en el proceso de valoración de ofertas en los concursos públicos, que solo dependía de ellos", aduce.

CAPACIDAD PARA MODIFICAR LAS PUNTUACIONES TÉCNICAS
Esa oficina, explica el fiscal, "era un órgano administrativo de GISA creado por Quer y Rosell" cuya "misión era revisar las propuestas de valoración de ofertas que elaboraban en cada caso los técnicos correspondientes de cada una de las gerencias". "Es decir, tenía la capacidad de modificar las puntuaciones técnicas otorgadas por las comisiones técnicas de valoración, en connivencia con el resto de personas acusadas", añade.

Anticorrupción detalla que "las empresas que participaban del pacto realizaban intencionada y deliberadamente sus ofertas agrupadas en un rango de precios muy restringido, lo que provocaba dos efectos inmediatos: el primero, expulsar de los concursos a las empresas que no estuvieran en el pacto , en tanto provocaba bajas temerarias de las misma".

"Y, el segundo, pasar a hacer depender la adjudicación de manera prácticamente absoluta de criterios subjetivos y juicios de valor de modo que, visto el entramado establecido, implicaba que la adjudicación se verificaba a pura voluntad de los acusados Quer y Rosell", afirma el escrito.

De esta dinámica, concluye Fiscalía, resultó "perjudicado el patrimonio público porque las empresas decidían, bajo el control de Quer y Rosell, en qué nivel quedaría situado el precio de adjudicación y, por tanto, las exclusiones por baja temeraria, con los consiguientes perjuicios para los intereses patrimoniales públicos".

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