El Ministerio de Igualdad agita una ofensiva contra los médicos a través de una revista de reciente publicación, InMujer, que financia el departamento de Irene Montero. En uno de sus artículos, se sostiene que los sanitarios ejercen malas prácticas de manera cotidiana contra la mujer, acusándoles incluso de ejercer violencia física y psicológica en el ámbito del embarazo y el parto.

Se trata de violencia obstétrica,  Irene Montero promueve para acusar a los profesionales sanitarios, la violencia obstétrica es una forma de violencia de género, se denuncia que mujeres son violentadas cada día al dar a luz. 

Estas prácticas constitutivas de violencia física, verbal y/o psicológica son ejecutadas por el personal sanitario en la atención al embarazo, el parto y el posparto, se sostiene. Entre ellas se cita, por ejemplo, que no se informe a la embarazada de los procedimientos que se le realizan,  que se le falte al respeto y no se tenga en cuenta su opinión, que a la hora de parir le sean realizados tocamientos vaginales sin su permiso y por distintas personas.

 Se le dice que no empuja, no colabora, se queja demasiado, que por su culpa el parto no avanza y se le tiene que aplicar tal o cual maniobra… Con esta estrategia se busca atribuir a la embarazada la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido o podría haber ocurrido. 

Lejos de ser algo esporádico, según la publicación, se trataría de una realidad demasiado cotidiana que forma parte estructural de la atención sanitaria al parto. «No se trata de malas prácticas aisladas. Es fruto de un sistema patriarcal que menosprecia y vulnera los derechos de todas las mujeres y de un sistema productivista que supedita la vida.

 Montero ya intentó incluir esa ofensiva contra los médicos en su Ley del Aborto, aprobada el pasado 15 de diciembre. A través de varias enmiendas que fueron rechazadas, Podemos alegaba que los sanitarios ejercen esta violencia en la atención al embarazo y el parto con prácticas que impactan sobre la salud física y psíquica de las mujeres.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos aseguran que no se ajusta a la realidad asistencial y que criminaliza el trabajo de los profesionales que actúan bajo el rigor científico y la ética médica, además de crear alarma social. Los especialistas en ginecología, recuerdan, tienen el compromiso de velar en todo momento por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos y por la mejora de la práctica clínica basada en la evidencia.

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