Uno de los principales implicados en la presunta trama corrupta del PSOE valenciano que se investiga en el caso Azud, el abogado José Luis Vera, figura entre los fundadores de la polémica ONG vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos. El hombre al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera un «elemento nuclear» en la obtención de fondos ilícitos presuntamente usados para financiar las campañas de 2007 del PSOE en Valencia, por sus «importantes vínculos e influencias dentro de ese partido político», es también uno de los seis fundadores originales de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso).

Así lo revela un documento de la Generalitat Valenciana. Un expediente en el que se autoriza a la Abogacía de la Generalitat a iniciar acciones judiciales para proceder a la extinción de Fiadelso y a depurar responsabilidades por las múltiples deficiencias detectadas en las cuentas registradas por esa organización que, entre 2004 y 2015, recibió casi cinco millones de euros en subvenciones públicas para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional en Latinoamérica.

Fiadelso, fundada en 1992 en Valencia, tiene actualmente entre sus patronos a familiares y amigos de Ábalos. En sede judicial, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE admitió recientemente que es copropietario del local comercial que usa Fiadelso.

También reconoció haber formado parte de esa organización hasta el año 1998 y aseguró ser una de las personas que fundaron Fiadelso en 1992. Sin embargo, el documento al que ha tenido acceso este diario desmiente esta versión. El exministro de Transportes no aparece entre los seis fundadores originales de Fiadelso. En cambio, sí figura José Luis Vera, implicado en el caso Azud y nombrado como directivo de la empresa pública Divalterra en 2015 tras la llegada de Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

 El comisionista del PSOE en Valencia
Vera es el hombre al que la Guardia Civil, en un reciente informe del caso Azud, considera una pieza clave en la «obtención, gestión y utilización» de fondos ilegales de empresas del Grupo Axis que tenían como último destinatario el PSOE de Valencia. Los investigadores le consideran un «elemento nuclear» de la trama, junto al extesorero del partido José María Cataluña.

A este último, en una reciente declaración ante los investigadores del caso Azud, es a quien señalaba el exgerente del PSOE de Valencia como uno de los responsables del entramado con el que los socialistas valencianos habrían financiado campañas electorales en 2007 con fondos ilegales obtenidos mediante adjudicaciones irregulares a empresas pertenecientes al Grupo Axis.

Vera, que figura en los orígenes de la fundación vinculada a Ábalos y fue detenido por el caso Azud, habría cobrado millonarias comisiones ilegales mediante la adjudicación irregular de contratos en localidades gestionadas por el PSOE en la región a empresas del Grupo Axis, «utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de este partido político», según la UCO.

 Comisiones millonarias
En su informe, los investigadores acreditan -mediante facturas, mails y anotaciones manuscritas- la participación de Vera en la presunta adulteración de procedimientos administrativos en favor de las empresas de ese grupo. Entre otras, un proyecto urbanístico desarrollado en la localidad de Jijona por el que el abogado habría percibido una comisión ilegal de al menos 563.000 euros. También otro vinculado a una desaladora en la misma localidad, por el cual Vera y el PSOE se habrían repartido a partes iguales dos millones de euros de fondos ilícitos.

«El papel aparentemente desempeñado por parte de José Luis Vera habría sido el de materializar, viabilizar o posibilitar este tipo de prácticas por parte del GRUPO AXIS en aquellas Administraciones Públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)», indica el informe de los investigadores. Como «contraprestación a esta actividad», añade la UCO, José Luis Vera habría percibido «importantes sumas económicas» en concepto de comisiones ilícitas y otros pagos «de los que se desprende que el beneficiario último de los mismos habría sido el PSOE, al que está estrechamente vinculado».

 Estrechos vínculos
Los estrechos vínculos de Vera con el PSOE de Valencia, según el documento de la Generalitat Valenciana revelado ahora por este diario, se remontarían al menos a los orígenes de Fiadelso, la fundación en la que trabajó José Luis Ábalos entre 1992 y 1998. Durante un reciente juicio contra la fundadora de Vox y periodista Cristina Seguí, el exministro y diputado del PSOE reconoció haber fundado Fiadelso en el año 1992 y dijo mantener vínculos personales con sus actuales responsables, según fuentes jurídicas.

En el patronato de la fundación, actualmente, se encuentra el presidente de Fiadelso, Gustavo Casal, copropietario junto al exministro del local donde tiene su sede la organización. Entre sus vocales se encuentra uno de los discípulos políticos de Ábalos y actual concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano. También figura el exsuegro de Ábalos. Además, según documentos de la Generalitat valenciana, la exmujer del exministro, Carolina Perles, fue patrona de la ONG hasta el año 2019. No obstante, Vera ya no se encuentra en el patronato de Fiadelso.

Extinción de Fiadelso
El registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, a través de la Secretaría Autonómica de Justicia y Función Pública, dictó el pasado 14 de julio una resolución en la que se insta a la Abogacía de la Generalitat a que inicie acciones legales para proceder a la resolución judicial y la declaración de extinción de Fiadelso.

La razón es que la fundación no había contestado aún los reiterados requerimientos en los que se reclamaba a sus patronos información por no haber «cumplido con su obligación de rendir cuentas en los ejercicios 2016 a 2020 ni de presentación de planes de actuación de 2012 a 2021, ni subsanado los requerimientos de los ejercicios de 2011 a 2015, ni justificado, en consecuencia, la aplicación de los recursos económicos de la Fundación».

 El documento, firmado por la consejera de Justicia de la Generalitat, Gabriela Bravo, resuelve «autorizar a la Abogacía General de la Generalitat para el ejercicio de la acción de extinción, mediante el correspondiente procedimiento judicial, de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social».

«Quedando, en su caso, la exigencia de responsabilidad de los patronos, una vez extinguida la citada fundación, para la fase de liquidación, en la que se exigirá a aquellos la rendición de cuentas acerca del destino dado a la dotación fundacional y, caso de no ser rendidas, la condena al reintegro de la misma, sin perjuicio de otras responsabilidades a las que pudiera haber lugar», añade.

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