El magistrado ha ordenado investigar la gestión del lote de dos millones de mascarillas defectuosas que el Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa, entregó a los médicos durante la primera ola de la pandemia de covid-19. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha pedido al Gobierno información detallada para esclarecer si el actual líder del PSC pudo incurrir en un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario, por la compra a un proveedor chino de un lote de mascarillas no homologadas que fueron utilizadas por médicos entre el 5 y el 17 de abril de 2020.

El juez Carlos Valle ha acordado practicar las diligencias de investigación solicitadas por la Audiencia Provincial de Madrid. La Sección Segunda de ese tribunal ordenó reabrir la causa recientemente. Y lo hizo con reproches a la Fiscalía y al magistrado instructor por haber dado carpetazo al caso sin practicar ninguna diligencia para esclarecer los hechos denunciados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), cuya querella contra Salvador Illa dio origen a la causa hace más de dos años. 

 En una providencia fechada el 29 de diciembre, a la que ha tenido acceso este diario en primicia, el juez pide ahora que se dirijan oficios al Ministerio de Sanidad y a otros dos organismos públicos. El objetivo es que aporten información concreta sobre la gestión del lote de dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros adjudicado a la empresa china Hangzou Ruining Trading, sin publicidad ni licitación previa, al inicio de la pandemia.

Las mascarillas ‘fake’ de Illa
El juez Carlos Valle solicita dirigir sendos oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para que expidan certificación de los análisis de las mascarillas objeto de la querella. «Con expresión de la fecha de solicitud de análisis y organismo que lo encarga, fecha de recepción de las muestras, fecha y persona que emitió el informe, y fecha y organismo al que se hubiese remitido», indica la providencia fechada el pasado 29 de diciembre.

Las mascarillas fake fueron distribuidas por el Gobierno a varias comunidades autónomas en una época en que la covid-19 se cobraba cientos de muertos al día en hospitales de toda España. Las autoridades de Aragón y Cataluña detectaron que esas mascarillas no cumplían con las normas de seguridad preceptivas y avisaron de ello a Sanidad el 10 de abril de 2020. Su nivel de filtrado era de tan solo el 70%, muy lejos del 92% mínimo que exige la normativa.

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, se vio obligado a retirarlas de los hospitales. Para entonces, según la querella del sindicato médico CESM, ya habían sido utilizadas por el personal sanitario en distintos centros médicos. Al menos, en la Comunidad Valenciana. «Se utilizaron entre los días 5 y 17 de abril de 2020 por facultativos y otro personal sanitario en la atención a pacientes contagiados por la covid-19, lo que puso en grave riesgo a todo el personal receptor de las mencionadas mascarillas», indica la querella que originó la causa.

 Requiere informes a Sanidad
Además de los requerimientos solicitados al Instituto de Salud Carlos III y al INSST, el juez Carlos Valle ordena dirigir al Ministerio de Sanidad un oficio para que aporte información sobre los acuerdos de distribución y entrega a las Comunidades Autónomas de las mascarillas no homologadas. También solicita pedir copia de las comunicaciones recibidas de las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña, el día 10 de abril de 2020, alertando de las deficiencias de seguridad de las mascarillas.

«Con identificación del responsable, comunicaciones y trámites realizados» por el Ministerio de Sanidad -añade la providencia del juez instructor- hasta que se comunicó al resto de comunidades autónomas la orden de retirada de las mascarillas defectuosas que pertenecían a uno de los tres lotes adquiridos, a cambio de 23 millones de euros (más IVA), al bróker de suministros sanitarios Hangzhou Ruining Trading.

Se trata de una mercantil con sede en China a la que Sanidad adjudicó otro contrato de 43,4 millones de euros por el suministro de 2,2 millones de «monos desechables protectores para la covid-19». Por último, el magistrado pide que se requiera al Ministerio de Sanidad toda la «documentación recibida de las comunidades autónomas sobre la ejecución de la orden de retirada».

 Las diligencias solicitadas por el juez Carlos Valle son las mismas señaladas por la Audiencia Provincial de Madrid en un reciente auto en el que se acordaba estimar el recurso de apelación presentado por CESM y la reapertura de la investigación de la querella interpuesta por ese sindicato médico contra el exministro Illa. Los magistrados de la Sección Segunda consideraban esencial la práctica de esas diligencias «a fin de que comience la investigación penal» sobre unos hechos que fueron denunciados en abril de 2020, y que han sufrido un largo periplo por distintos tribunales de España, sin que hasta ahora hayan sido analizados en profundidad por la Fiscalía.

En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo dio luz verde a que la querella presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se derivase a los juzgados de instrucción de Madrid para investigar si se podía demostrar la implicación de Illa en la distribución de las mascarillas saltándose los trámites de homologación que correspondían al Instituto de Salud Carlos III.

La causa recayó meses después en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Carlos Valle, el magistrado encargado de llevar a cabo las pesquisas de nuevo, acordó inhibirse a favor del TSJ de Cataluña al entender que su juzgado no era el órgano competente para seguir con la causa por la condición de aforado de Illa, actualmente diputado autonómico en el Parlament.

Sin embargo, el pasado mes de junio, la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Cataluña devolvió la causa al juzgado de Madrid al entender que no tenía competencias para investigar los hechos. Pocas semanas después, el instructor acordó el sobreseimiento de las actuaciones mencionando otra causa totalmente distinta que se investigó en el Juzgado de Instrucción número 53 por el fallecimiento de cuatro guardias civiles durante la pandemia. En todas las instancias, y alegando distintos motivos, la Fiscalía se ha opuesto a investigar al exministro Illa.

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