El Gobierno aragonés que preside el socialista Javier Lambán pagó en 2021 más de 250 millones de euros a proveedores elegidos a dedo, sin el obligatorio expediente de contratación e incluso, en algunos casos, sin firmar el esencial contrato público en el que debe detallarse qué obra, servicio o suministro se adquiere y por qué importe.

El caso ha sido destapado por los auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón. Tras no obtener del Ejecutivo autonómico una explicación sólida que justifique esas irregularidades, los auditores las han reflejado en un informe que acaba de ver la luz y que escruta la cuenta general de la Comunidad autónoma de 2021.

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Las irregularidades que cometió el Gobierno aragonés a la hora de abonar esos más de 250 millones son de tal calibre que entran de lleno en el campo de la ilegalidad. Así, los auditores concluyen que «estas compras directas incumplen preceptos fundamentales de la contratación pública» a los que obliga la Ley de Contratos del Sector Público, «incluidos los principios de publicidad y concurrencia de las licitaciones».

A espaldas de los interventores
Al no seguir el trámite legal, esos encargos de tapadillo se hicieron a espaldas de los interventores del Gobierno aragonés, los altos funcionarios a los que les corresponde ejercer el control de legalidad de los expedientes de gasto desde que se inician.

El Ejecutivo esquivó así los controles administrativos: ni fiscalización previa de los interventores para comprobar a cargo de qué partida presupuestaria se iba a hacer gasto, ni control sobre la finalidad que perseguía. En suma, el Gobierno aragonés decidió gastar a dedo, sin expediente reglado, sin licitación alguna, sin contrato y a espaldas de la Intervención de la Administración autonómica.

Consumadas todas esas ilegalidades, esos pagos eran convalidados a posteriori con acuerdos extraordinarios del Gobierno aragonés, formado por el cuatripartito del PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR.

En múltiples casos los pagos se hicieron incluso sin haberse firmado el contrato que debe indicar qué se adquiere y por cuánto

 Tantos gastos efectuó el Gobierno de Aragón en 2021 de esa forma, a dedo, sin licitación e incluso sin contrato, que tuvo que recurrir en 171 ocasiones a la fórmula excepcional de la convalidación a posteriori, y así dar encaje a esos gastos en la contabilidad oficial. «Dichos gastos no se sometieron a la preceptiva fiscalización previa de la Intervención General, siendo convalidados por el Gobierno de Aragón mediante 171 acuerdos aprobados en distintas fechas siguiendo la tramitación especial», indican los auditores.

Y advierten que esa convalidación «no subsana las irregularidades de los contratos y la falta de previsión y planificación de las necesidades a cubrir con la contratación, salvo en contadas excepciones».

Los auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón han acusado a la Feria de Zaragoza de incumplir la ley que le obliga a someterse a la fiscalización de ese organismo. «Feria de Zaragoza no ha rendido sus cuentas del ejercicio 2021, a diferencia de las relativas a los seis ejercicios anteriores, que sí se incluyeron en las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma», critican los auditores.

La institución ferial, vinculada históricamente a la Cámara de Comercio de Zaragoza, está controlada y financiada por el Gobierno aragonés. Su junta rectora la preside el jefe del Ejecutivo regional, Javier Lambán. La Feria dice ahora que no está obligada a rendir sus cuentas como sector público autonómico, argumento que la Cámara de Cuentas considera inaceptable.

De esos más de 250 millones de euros que el Gobierno de Lambán se gastó en 2021 a dedo y saltándose la Ley de Contratos del Sector Público, 191 millones correspondieron a suministros adquiridos por el Servicio Aragonés de Salud. Este organismo, que depende de la consejería que dirige la socialista Sira Repollés, tramitó de esta forma casi la mitad de todas las compras que hizo en 2021. «El 42,1% del total facturado por suministros se realizó sin expediente de contratación», advierte la Cámara de Cuentas. Es decir, de 453,3 millones pagados por suministros sanitarios, 191 millones fueron abonados de esta forma irregular.

Práctica extendida
Además de estos pagos a dedo realizados desde el Servicio Aragonés de Salud, los auditores han detectado otros 63,97 millones abonados desde otras unidades del Gobierno regional a dedo, «sin haber tramitado expedientes de contratación y, en su práctica totalidad, sin haber formalizado un contrato». Fueron un total de 63,97 millones pagados a contratistas elegidos directamente por el Ejecutivo autonómico, por compras o servicios que tampoco fueron sometidos a la preceptiva fiscalización previa de los interventores de la Administración regional.

De esos 63,97 millones, 39,15 fueron manejados desde la Consejería de Sanidad de la socialista Repollés: 8,74 millones por la Consejería de Educación que dirige Felipe Faci (PSOE); 7,72 millones por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que depende de la consejera María Victoria Broto, también socialista; 3,41 millones los gastó a dedo y sin contrato la Consejería de Vertebración Territorial, controlada por José Luis Soro (Chunta); y los 4,69 millones restantes fueron abonados desde otros departamentos y entes del Ejecutivo de Lambán.

De esos 63,97 millones de euros pagados irregularmente desde la estructura de las consejerías del Gobierno regional, 21 millones fueron abonados por 'servicios de limpieza y aseo'.

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F.ABC