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Bildu y Sánchez negocian modificar la ley que exige que los etarras pedir perdón

Bildu, sabe que, con la legislación actual en la mano, los presos de ETA que quieran salir tras haber cumplido la mitad de su condena lo tienen muy difícil

Nacional 07/01/2023 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Otegi, Pedro Sanchez

La Ley Orgánica 7/2003, la que utiliza la Audiencia Nacional para las revocaciones del tercer grado y régimen de semilibertad concedidos por el Ejecutivo vasco. Bildu ha iniciado con el Gobierno conversaciones de cara a modificar esta ley, para que la justicia no pueda frenar las excarcelaciones en base a la falta de petición expresa de perdón a las víctimas.

Nunca antes hubo menos presos de ETA en las cárceles, ni nunca tuvieron tan cerca la calle como ahora, gracias al modelo de reinserción por «arraigo» que aplica el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y que premia la pertenencia a la «comunidad» vasca del preso frente a otras cuestiones. 

Concretamente, la Ley de «medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas». La 7/2003 que incluye en su articulado un mecanismo legal para evitar que los presos de ETA salgan a la calle anticipadamente sin cumplir una serie de requisitos: satisfacer la responsabilidad civil por sus atentados -pago de multas e indemnizaciones-, pedir perdón expresamente a las víctimas y ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometieron atentados y no pagaron por ello.

Bildu, sabe que, con la legislación actual en la mano, los presos de ETA que quieran salir tras haber cumplido la mitad de su condena lo tienen muy difícil. Por no decir imposible. Por ello, ya se ha abierto «una conversación con el Gobierno sobre la posibilidad de modificar la ley de excepción penitenciaria, que es anacrónica, para adaptarla a la situación actual», aseguran desde el entorno de Bildu. 

 Pero cambiarla, pese a que Bildu tiene línea preferencial con el PSOE, no será «ni fácil ni rápido». Al tratarse de una Ley Orgánica, su modificación implica pasar por el Congreso de los Diputados y obtener respaldo de mayoría simple. .

Lo más llamativo del asunto es que incluso Arnaldo Otegi hizo referencia a ello el día que desveló sus cartas en referencia al futuro de los presos de ETA. Fue el 20 de octubre de 2021, el día en que Otegi se presentó en el Palacio de Ayete para mostrar su pesar por el daño provocado por ETA. Horas después, Otegi había cambiado de auditorio y, ante su gente y sin saber que había prensa entre los presentes, admitió su hoja de ruta: «Si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos».

Insistió Otegi: «La única opción que existe es cambiar la ley. Pero para cambiar esa ley nosotros tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir», apuntó.

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Es precisamente esa Ley 7/2003, de «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas», la que centra los esfuerzos de Bildu y la que representa el último obstáculo infranqueable para los terroristas presos. La única herramienta que les queda a la Fiscalía y la Audiencia Nacional para evitar el coladero en el que se ha convertido la política penitenciaria vasca».

La clave del asunto está en el artículo 90 de esa Ley que ahora Bildu busca reformular. «Se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades.

 Además, también se especifica que para que el preso etarra pueda acceder al tercer grado se requiere «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito».

El planteamiento de Bildu sobre esta ley «anacrónica», como la definen en el entorno proetarra, pasa por incluir en el texto una distinción entre grupos terroristas «en activo y extinguidos». 

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