El Ministerio de Igualdad se ha propuesto controlar los medios de comunicación para que estos informen tal y como quieren sus integrantes: con «perspectiva de género». Así lo confiesa el gabinete que dirige Irene Montero en su Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, presentada este pasado martes.

El documento, de 88 páginas, contempla acciones para que la prensa transmita lo que ellas consideran «mensajes correctos hacia su audiencia», pero también desliza que habrá sanciones para quienes no lo hagan.

«El análisis experto de la relación entre la violencia con las mujeres y los medios de comunicación todavía revela que algunos medios aún no tienen suficiente conciencia de que existen estereotipos de género», reza el informe confeccionado por Igualdad, que denuncia cómo «sigue sin incluirse la perspectiva de género de forma sistemática en el tratamiento de todos los contenidos o en el uso del lenguaje, además de que se perpetua (sic) la invisibilidad de las mujeres en muchos ámbitos clave».

 El tratamiento de la información con perspectiva de género será una obligación, anuncia el Ministerio de Igualdad en la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025.
Ante este escenario, la propuesta del equipo de Irene Montero consiste en crear «un mecanismo que formalmente invite a corregir o que castigue estas malas prácticas», sin especificar cuál sería este. Y es que «el tratamiento correcto de la información desde una perspectiva de género no es una opción, sino una obligación».

 Medida número 100 de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025
¿En qué se materializan estas consignas? En siete medidas de las cuales destaca la que consiste en el «desarrollo de medidas y recomendaciones dirigidas a la sensibilización de los medios de comunicación para evitar mensajes que consolidan el relato del terror sexual».

Y destaca precisamente porque las titulares de Igualdad han utilizado este pretexto -el de causar «terror sexual»- para arremeter contra los medios que estamos informando de la cascada de rebajas en las penas de violadores -ya son casi 200 los beneficiados- provocada por su ley del solo sí es sí.

Hay, por tanto, indicios suficientes para considerar que, en caso de implementarse esta estrategia, este tipo de informaciones serían castigadas en lo sucesivo. Máxime, si se tiene en cuenta que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, solicitó a la prensa que no informara sobre los recursos que presentan los abogados defensores de personas condenadas por agresión sexual. «Dejemos de hacernos eco de que las defensas piden las revisiones. Cuando ellos lo piden yo no haría noticia, porque esto alarma mucho a las mujeres», argumentó.

Otras de las medidas para «fortalecer alianzas con los medios de comunicación» consisten en «actuaciones dirigidas a eliminar los enfoques sensacionalistas relativos a las informaciones sobre las violencias machistas» o en la «consolidación del Observatorio de Igualdad de la Corporación RTVE».

 La Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 está dotada de 2.308 millones de euros e incluye 266 medidas para combatir todas las «violencias machistas». También la «violencia política», que es el término que empleó el Ministerio de Igualdad para censurar que una diputada de Vox, Carla Toscano, asegurara que el único mérito de Irene Montero es «haber estudiado en profundidad» a Pablo Iglesias.

Angela Rodríguez Pam, en la presentación de la estrategia, este martes, explicó que «las prácticas tradicionales nocivas y los delitos cometidos contra las defensoras de los derechos humanos, las políticas, las activistas o las periodistas constituyen también formas de violencia por razón de género contra las mujeres». Esta forma de violencia se expresaría a través de insultos y amenazas, «ataques mediáticos» (de nuevo en referencia a la prensa) y/o críticas en las redes sociales.

 Pero para hacerse cargo con precisión de qué entienden desde el Ministerio de Igualdad por «violencia política» hay que remitirse al estudio La violencia política por razón de género en España: una aproximación cualitativa, encargado por Victoria Rosell en 2021 al grupo feminista Hybridas.

Este asegura que «las formas de violencia más frecuente contra las mujeres inmersas en política son los insultos, el menosprecio, el silenciamiento, los ataques mediáticos, el acoso en el ámbito privado, las amenazas y el lawfare (la persecución judicial, en el argumentario de Unidas Podemos)».

Como ejemplos paradigmáticos, el informe recuerda cuando el diputado de Vox José María Sánchez García llamó «bruja» a Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE. También cuando Francisco Javier León de la Riva, exalcalde de Valladolid del Partido Popular, hizo el siguiente comentario en público: «Cada vez que veo los morritos de Leire Pajín, pienso en lo mismo». No hace mención a cuando Angela Rodríguez Pam llamó «puta coja» a una compañera de partido.

El documento, que costó 12.100 euros del erario público, asevera que los autores más habituales de estos ataques contra las mujeres políticas son los «opositores y bandas criminales, pero también miembros del mismo partido, familia y amigos, miembros del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, medios de comunicación y comentaristas, redes sociales, policía y fuerzas militares».

 El informe de Igualdad aboga por imitar el ejemplo de países que han desarrollado legislación propia para perseguir los ataques contra las mujeres en política. En concreto, Bolivia, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ni una sola democracia europea ha tomado hasta ahora una iniciativa similar, como tampoco ha puesto en marcha «un mecanismo que formalmente invite a corregir o que castigue» a los medios de comunicación que no apliquen la «perspectiva de género».

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