Este martes 24 de febrero empieza una huelga que amenaza con paralizar el sistema judicial español. Cerca de 4.200 letrados de la administración de Justicia (LAJ) comenzarán un paro indefinido por una situación, denuncian, que se posterga en el tiempo desde 2019. Casi 10.000 juicios tienen riesgo de ser suspendidos, “a pesar de los altos servicios mínimos que han puesto”, y 4.500 millones de euros paralizados.

 Desde ambos bandos, la administración central y los afectados, se han lanzado duras acusaciones en las horas previas a la huelga. El presidente del Colegio Nacional de Letrados, Ernesto Casado, lo tiene claro: “No quieren resolver nada”.

El conflicto tiene más de una década. Con la reforma del sistema en 2009, los letrados asumieron más responsabilidades que antes ejercían los jueces. “Entonces asumimos que estaba la crisis y que bueno, que al menos éramos funcionarios, que ya veríamos más adelante. Pero es que no se nos ha adecuado el sueldo desde hace 14 años”, explica  un letrado judicial.

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Desde el Ministerio apuntan que “se ha realizado un incremento retributivo de 206,87 euros al mes del complemento específico de los letrados, a lo que hay que sumar la del 9,5% que experimentarán todos los funcionarios públicos. El incremento salarial fijo durante el período 2022-2024 es de un porcentaje fijo del 8%, que se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5% en el citado periodo, en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión”.

Acuerdo paralizado
El año pasado, después de varias reuniones, se llegó a un acuerdo en abril. “Acuerdo que se empezó a poner en marcha”, recuerda Casado. Pero, sin saber por qué, el Ministerio de Justicia rompió lo que habían firmado y todo se paralizó. Algunas voces apuntan a que detrás de esta decisión estaba el Ministerio de Hacienda. “Desde entonces nadie nos ha recibido”, asegura el presidente nacional.

La puntilla al asunto la ha dado este lunes el secretario de Estado, Antonio Rodríguez, que ha llegado a calificar a los trabajadores de “golpistas” por llevar a cabo una huelga que considera “política” y “sin finalidad profesional alguna”. “Es una huelga contra el pueblo”.

“Rodríguez se ha convertido en el problema”, denuncia Casado. “Desde verano no tenemos comunicación con él. No entendemos que un representante del Gobierno llame ‘golpistas’ a unos trabajadores por hacer una huelga. Si Llop -la ministra del ramo- no puede cesarlo, tiene que irse ella”.

Los letrados están presentes en todos los procesos. De principio a fin. Además de dar fe de los mismos, llevan los procedimientos moritorios, los divorcios o las notificaciones. También se encargan de gestionar las “cuentas de depósitos y consignaciones judiciales”, que no es otra cosa que todo el dinero que se mueve en los juzgados. “Unos 4.500 millones, lo que antes era un banco”, apunta Casado. El pago de pensiones, multas o indemnizaciones quedará en el aire ‘sine die’, ya que la huelga es indefinida.

“Todo perjuicio está en manos del Ministerio”, afirma Casado ante las palabras del secretario de Estado, que les acusa de “hacer rehenes a los ciudadanos”. Por ahora los convocantes no se plantean presentar una querella por las palabras de Rodríguez “para no entrar en un juego de y tú más”.

En el acuerdo alcanzado en abril habías “mejoras estatutarias, un nuevo reglamento que regula nuestras funciones o un nuevo sistema que regula los descansos por sustituciones”, entre otras mejoras.

Los funcionarios de Justicia reciben complementos en relación al núcleo poblacional donde trabajan. Si atienden a más personas, su ‘plus’ es mayor. En el caso de los letrados tienen hasta cinco grupos, mientras que otros funcionarios del ramo, también de categoría A1, tienen tres, algo a lo que aspiran.

Sindicatos
Otros de los motivos para la huelga, y seguramente una de las razones en la falta de comunicación con el Ministerio, es que Justicia no les reconoce participación en la negociación colectiva. Los letrados son cargos directivos en la administración, mientras que sus subordinados pertenecen al cuerpo general.

Mientras que estos últimos están representados por los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, los segundos están organizados en “asociaciones”. El presidente de los letrados afirma que sí tienen capacidad para negociar, aunque el secretario de Estado lo niega.

Sin embargo, para solucionar este embrollo, creen que sería necesario crear una mesa de diálogo distinta para ellos, ya que “los intereses del cuerpo general no son los mismos” que los suyos.

Rodríguez ha reprochado la actitud de las tres convocantes de la huelga al considerar que la huelga indefinida «no tiene ningún motivo laboral», sino «claro motivos políticos». «Rebasa con mucho los objetivos sindicales y laborales», ha dicho al tiempo que ha recordado que las asociaciones «no son sindicatos» y que, por ende, no tienen reconocida en la Constitución la participación en la negociación colectiva.

Para el secretario de Estado «cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar». Es absolutamente imprudente», ha insistido tras recordar que «los que mañana comienzan una huelga cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles»; una cifra a la que, según ha recordado, hay que sumar el aumento del 9,5% de los funcionarios. De acuerdo a los cálculos del Ministerio, el salario de un LAJ oscila entre los 30.000 y los 59.000 euros anuales.

Además, ha destacado que ya se han normalizado los procesos administrativos demorados, en particular en materia de acceso al cuerpo, con las convocatorias de ofertas de empleo públicas correspondientes a 2019, 2020 y 2021. El Colegio Nacional, por otro lado, dice que las del 2022 “ni siquiera se han convocado”.

Pero para llegar hasta aquí, los convocantes han dado pasos previos. Llegaron a apelar a la «autoridad» de Pedro Sánchez, ante la «gestión insensible e irresponsable» del Ministerio dirigido por Pilar Llop. «Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico», instaron en un comunicado conjunto.

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