Podemos ha aportado un informe en el que se analizan contratos "similares" adoptados por Administraciones Públicas "de todo signo político" para pedir al juez --que investiga el contrato de 363.000 euros que firmó con la consultora Neurona en el marco de la campaña a las elecciones generales de abril de 2019-- que archive el procedimiento al considerar que "la información aportada permite concluir" que "no existe distorsión alguna en el precio pactado libremente" con la consultora y que, por ende, no hay indicios de delito.

En un escrito, la formación ha precisado que el citado informe "únicamente hace referencia a la elaboración de piezas audiovisuales para campañas publicitarias", por lo que --al haberse acreditado que Neurona "abarcó más productos y servicios"-- queda "patente" que "el servicio global pactado y abonado" por Podemos con la consultora "se encuentra en los valores normales de mercado".

En el informe, se hace referencia a contratos firmados por Tourespaña, el Ministerio de Agricultura, la Diputación Provincial de Córdoba, la Comunidad de Madrid, Turismo de Tenerife y el Ministerio de Industria.

En las conclusiones del texto se incide en que "el precio medio de los contratos analizados asciende a 37.418 euros por vídeo, sensiblemente superior al teóricamente calculado de 6.250 euros por cada vídeo del contrato de Neurona". "El precio medio por minuto de vídeo en los contratos analizados asciende a 9.706 euros por minuto, completamente asimilable al de 8.333 euros calculado para el contrato de Neurona", recoge el documento.

Al margen del informe, la defensa de la formación ha hecho un repaso de lo investigado hasta ahora en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid y ha asegurado que "ha quedado acreditado" que los servicios prestados por Neurona ni eran "simulados" ni eran "inexistentes", como recogía la denuncia que dio origen a la causa.

En nueve folios, Podemos ha reprochado que una vez que se acreditó que la consultora prestó sus servicios al partido --tras más de dos años de instrucción" y con "el desgaste reputacional que le ha supuesto"-- el objeto de la investigación se haya dirigido a comprobar si el precio pactado entre ambas partes era real.

Así, la formación ha hecho referencia a la comisión rogatoria que se libró a México para llevar a cabo la declaración de varios testigos, al informe que se encargó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, a los interrogatorios que se celebraron en el juzgado para esclarecer los hechos denunciados y el informe pericial que hace más de un año encargo el juez y que aún no se ha aportada al procedimiento por la negativa de varios peritos a asumir su redacción.

SE AMPARA EN LA "LIBERTAD DE CONTRATACIÓN"
Sobre este último extremo, Podemos ha subrayado que "todos los posibles peritos consultados hasta la fecha, incluso pertenecientes a gremios que tienen una clara conexión con los servicios prestados --audiovisuales, politólogos, sociólogos, ingenieros de telecomunicaciones, entre otros-- se han descartado por considerar que no tienen los conocimientos y la experiencia necesaria". Ha incidido, además, en que "tampoco la UDEF se consideró competente para valorar o informar sobre los precios de mercado de dichos productos y servicios".

Al hilo, el partido ha recordado que en España "rige una economía de mercado, de modo que, salvo sectores concretos sometidos a regulación pública, está amparada la libertad de contratación y, especialmente, de fijación de precios".

En este sentido, ha defendido que la pericial que se pueda practicar --"si su señoría finalmente consigue un perito que acepte el encargo-- "únicamente pondrá de manifiesto si el precio abonado por nuestro representado es caro, medio, o barato, en la comparativa con otros proveedores o conforme al criterio del mismo, lo cual resultaría completamente intrascendente desde la óptica penal".

De este modo, desde Podemos han recalcado que "no existen indicios de que se haya producido ninguna supuesta escasa actividad por parte del proveedor de servicios Neurona Comunidad, que a su vez pueda ser considerado indicio de distracción de los fondos abonados por la coalición electoral". Han insistido en que tampoco hay "ni un solo indicio de uso distinto del pago de los servicios", por lo que, a su juicio, lo pertinente es que se archive el procedimiento.

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
Cabe recordar que el informe pericial que encargó el juez Juan José Escalonilla hace más de un año es la única diligencia que queda pendiente en la investigación, al margen del informe en el que ya trabaja la Unidad Central de Ciberdelincuencia sobre los correos electrónicos del cofundador de Podemos imputado en esta causa, Juan Carlos Monedero.

El magistrado rechazó el pasado julio una nueva prórroga del plazo al considerar que no había más diligencias que practicar. Se prevé que una vez que se aporten ambos informes al procedimiento el titular del Juzgado decida si archiva o si, a la vista de nuevos indicios recogidos en dichos informes, retoma la investigación.

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