Trece años después de su interposición, el Pleno del Tribunal Constitucional del próximo 7 de febrero tiene previsto abordar el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de Rodríguez Zapatero, conocida como ley de plazos o ley Aído, aprobada en el Congreso el 24 de febrero de 2010.

La polémica está servida, pues aunque hay plena coincidencia en el tribunal en que dilaciones como esta son injustificables y dañan la imagen de la institución –desde su interposición ninguno de los cinco presidentes lo ha llevado a Pleno–, el hecho de que cuatro magistrados tuvieran una participación directa en los informes que se emitieron durante la tramitación de la norma, en 2009, les obligaría por ley a apartarse.

La contaminación afecta al propio presidente, Cándido Conde-Pumpido; al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, y a las magistradas Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, ex vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pumpido presidió como fiscal general del Estado el Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de ley.

Tal fue su implicación que, junto con los fiscales de la asociación progresista UPF, secundó un texto distinto al de la mayoría avalando la ley y envió los dos informes al Ejecutivo. La decisión fue muy criticada entonces por la Asociación de Fiscales, que le acusó de generar una «polémica innecesaria» con ese informe paralelo y de poner en tela de juicio la esencia misma de este órgano democrático y representativo de los miembros de la carrera fiscal.

 Respecto a Campo, el juez y extitular de Justicia era secretario de Estado con Francisco Caamaño como ministro durante la tramitación de la norma, que pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Este trámite es preceptivo en el caso de anteproyectos de ley y decretos legislativos antes de elevarlos al Consejo de Ministros.

De igual forma, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel participaron como vocales del CGPJ –la primera a propuesta del PSOE; la segunda, del PP–, en ese informe no vinculante pero sí obligatorio en el caso de anteproyectos de ley. Espejel llegó a redactar una enmienda a ese texto junto con el vocal Claro José Fernández en la que alertaban del «dudoso encaje constitucional» de la norma de Igualdad.

La ponencia que debatirá el Pleno del Tribunal Constitucional, y que en noviembre de 2021 recayó por reparto en el magistrado conservador Enrique Arnaldo, avala la constitucionalidad de la ley de plazos de la ministra de Rodríguez Zapatero Bibiana Aído, una postura opuesta a la del anterior ponente, Andrés Ollero, que abogaba por declarar la inconstitucionalidad de la norma en un borrador que nunca fue llevado a Pleno.

Según fuentes del TC el texto de Arnaldo cuestiona la ley en dos aspectos clave: la necesidad de una mayor información a la mujer que decide abortar (escrita, pero también oral) y el reconocimiento íntegro (no sujeto a limitaciones) de la objeción de conciencia.

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala en su apartado 13 que es causa de abstención o recusación de un magistrado haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales «haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o en otro relacionado con el mismo».

Se trata del mismo precepto en el que se basó la nueva miembro del TC Laura Díez para pedir su abstención –avalada por el Pleno la semana pasada– en un procedimiento relacionado con el 25 por ciento de castellano en las aulas.

Como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avaló la constitucionalidad de esas normas. De igual forma, el Pleno también aceptó que el exministro Campo se apartara de los recursos relacionados con el voto erróneo del diputado Alberto Casero en la reforma laboral y del presentado por Vox contra la ley del «solo sí es sí», de la que Justicia fue coproponente.

Fuentes próximas a la presidencia del TC justifican su rechazo a solicitar su abstención basándose en el auto del Pleno de diciembre de 2021 (con el expresidente González-Trevijano recién aterrizado en el Tribunal) en el que se tumbaron las recusaciones planteadas por defensas del 'procés' contra tres de sus magistrados.

En esa resolución se dijo que las opiniones anteriores de sus miembros no pueden ser un motivo para cuestionar su imparcialidad y que «la pluralidad de perspectivas jurídicas» en el Tribunal son «expresión de la idea de pluralismo político». Fuentes jurídicas consideran, sin embargo, que la vinculación directa de los aludidos con este asunto a través de informes trasciende el terreno de la opinión y que se trata de causas de abstención «de libro».

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