Esta corrupción sistémica no es posible si todos los jueces no prevaricaran o encubrieran la prevaricación de otros jueces, igual que los abogados y los fiscales
Corrupción 30/01/2023 Javier Marzal Mercader
ANVIPED denuncia los hechos sucedidos por la tramitación de las Diligencias Previas 1129/2021
en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Elche, y reclama la cantidad de ciento noventa y
siete mil euros por las actuaciones presuntamente corruptas (mal funcionamiento de la administración
judicial) en base a los siguientes hechos:
PRIMERO.- España es un país corrupto porque todas las instituciones son corruptas y,
por eso, se las conoce como la metamafia. La prueba de ello es que la corrupción es la
actividad económica más lucrativa de España (8% del PIB, Eurostat 2018), generando
más beneficios que todas las grandes empresas y multinacionales juntas.
Obviamente esto es imposible si las autoridades judiciales no fueran presuntamente psicópatas, sádicos,
corruptos y totalitarios. Esta corrupción sistémica no es posible si todos los jueces no
prevaricaran o encubrieran la prevaricación de otros jueces, igual que los abogados y los
fiscales, que tienen las mismas características psicológicas que los jueces, en mayor o
menor medida.
SEGUNDO.- Desde la asociación ANVIPED desde 2014, defendimos con
éxito al editor y periodista Enrique de Diego, de una querella metamafiosa interpuesta
por el corrupto político Ignacio Aguado (Vicepresidente de la Comunidad de Madrid),
en la metamafia judicial de Elche. La jueza instructora prevaricó y la denuncié por
cohecho, pero sus delitos fueron encubiertos por la metamafia. Igualmente prevaricó la
jueza penal condenando al Sr. de Diego, siendo revocada la condena en apelación por
no existir hechos delictivos. Esa metamafia está denunciada en la Comisión Europea.
TERCERO.- La metamafia judicial de Elche denunció al Sr. de Diego por calumniar,
como en el caso anterior, a un juez corrupto, de quien di cuenta en un artículo y
denuncié, con poderes del Sr. de Diego, en el CGPJ, obteniendo el encubrimiento
habitual.
CUARTO.- En este contexto de represalias penales contra los denunciantes de la
metamafia judicial ilicitana, contra la libertad de expresión y contra la libertad de
prensa, el 8 de marzo de 2022, la policía vino a mi casa (malversación) para entregarme
una citación para declarar como investigado, del Juzgado de Instrucción nº 5 de Elche.
Dado que no se me entregaba la denuncia que iniciaba el procedimiento dejándome en
indefensión, no acudí por ser nula de pleno derecho (esta práctica corrupta de la
metamafia judicial, es muy habitual en toda España).
QUINTO.- El 23 de septiembre de 2022, la Guardia Civil me detuvo en la habitación
de un hotel en San Lorenzo de El Escorial, minutos después de haber tenido sexo,
estando presente la mujer beneficiada. El agente instructor me informó que había una
requisitoria de detención de ámbito nacional. El instructor del LAJ, conociendo mi
domicilio había lanzado esta orden corrupta para perjudicarme en mi vida privada, por
iniciativa propia, por orden del juez instructor o cambiando lo dispuesto por
éste.
Denuncia/reclamación J5 Elche 19/01/2023 1/3
SEXTO.- Declaré en la Guardia Civil para que el Juzgado no tergiversara mi
declaración como suelen hacer. Sólo declaré que no reconocía la autoridad del Juzgado
de Elche por represaliarme, conforme a los Convenios Civil y Penal contra la
Corrupción del Consejo de Europa, ambos de 1999, la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción (2003) y la Directiva (UE) 2019/1937.
SÉPTIMO.- En el Juzgado de El Escorial sólo ratifiqué la declaración.
OCTAVO.- Cinco días después de la detención, el 28 de septiembre de 2022, remití un
escrito de dieciséis páginas al corrupto juzgado, recusando a los dos capos del Juzgado
que ahora denuncio, es decir al LAJ y al juez, solicitando la nulidad de actuaciones y el
sobreseimiento libre.
Todavía no he obtenido respuesta y cabe suponer, por experiencia
con la metamafia, que no la obtendré nunca y que me llevaran a juicio, incluso sin
notificarme, etc. En breve añadiré esta represalia a nuestra denuncia en la Comisión
Europea, donde están tramitando mi denuncia contra los hijoputas del Gobierno (2018-
2022).
Es la primera vez que la Comisión Europea tramita una denuncia contra un
Gobierno entero por falsedad documental, prevaricación, ec. Perjudicando los intereses
financieros de la UE. Esta denuncia penal fue remitida, en el mismo email, a la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo.
NOVENO.- El 4 de octubre de 2022 envié un email con un escrito ampliatorio del
anterior de cuatro páginas.
DÉCIMO.- Los daños psicológicos (no morales) causados por el LAJ y su valoración
económica son los siguientes:
1. Por admitir la denuncia sin acto de conciliación 10.000 euros
2. Por iniciar un procedimiento penal sin existir delitos 5.000 euros
3. Por citarme sin enviarme la denuncia 1.000 euros
4. Por acordar la detención nacional 1.000 euros
5. Por dejarme en indefensión para detenerme 10.000 euros
6. Por intromisión en mi vida sexual 25.000 euros
7. Por quitarme el placer post-coito 5.000 euros
8. Por perjudicar mi imagen con mi acompañante 5.000 euros
9. Por perjudicar mi imagen en el hotel donde he ido más veces 5.000 euros
10. Agravante por mi condición de denunciante de corrupción (*) 120.000 euros
TOTAL RECLAMACIÓN: 197.000 EUROS
(*) Desde el 21 de abril de 2010 (DP 1242/10 del JI 1 de Arganda del Rey), todos los
años he interpuesto varias denuncias contra la metamafia institucional y, como
Presidente de ANVIPED, desde 2014 todos los años hemos asistido a numerosas
víctimas de la metamafia judicial. Desde 2011 estoy denunciando a la metamafia en
Europa (Consejo de Europa y Unión Europea). Reclamo 10.000 euros por cada año
Denuncia/reclamación J5 Elche 19/01/2023 2/3
Como denunciante de corrupción de la metamafia. Si España tuviera un Estado de
Derecho y mantuviera los aforamientos, los denunciantes de corrupción deberíamos estar
aforados, para evitar las continuas represalias de las autoridades de la metamafia.
DÉCIMO PRIMERO.- El atenuante de la enfermedad (psicopatía) de las autoridades
judiciales sólo puede aplicarse en el caso de que se acredite mediante certificación
médica, en cuyo caso renuncio al 50% de las cantidades reclamadas de indemnización.
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