El Ministerio del Interior asegura que el presunto yihadista de Algeciras no fue expulsado de España pese a estar en situación irregular porque faltaba un trámite con Marruecos. Consiste en pedir una serie de datos al consulado marroquí, necesarios para poder devolver a Yassine Kanjaa a su país con todas las garantías. Lo que no aclara Interior es si esos datos se llegaron a solicitar a las autoridades magrebíes. Ahora Rabat, a través de sus medios de comunicación afines, aclara que nadie les llegó a pedir nada.

 A preguntas, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska achacó a este trámite burocrático la tardanza de casi tres meses en expulsar al asesino de Algeciras. Según la versión de Interior, necesitaba un salvoconducto porque el individuo no tenía pasaporte. En esas situaciones, la Policía tiene que ponerse en contacto con el consulado para pedir datos que acrediten que el individuo es expulsado a su país de origen y no a otro. Las autoridades locales proceden a recabar esa información a partir de sus propios archivos. 

 Esto no llegó a realizarse en el caso de Yassine Kanjaa y fue porque nadie lo pidió. Al menos esa es la versión recogida por el portal marroquí Le 360, muy cercano al poder marroquí. Según dice, no recibieron por parte española "ninguna" petición relativa a la potencial expulsión por "situación irregular en España del presunto yihadista Yassine K.", detenido tras un ataque múltiple en Algeciras (Cádiz) que concluyó la semana pasada con el asesinato de un sacristán y varias personas heridas.

 Este medio, considerado el portal más afín a Mohamed VI, ha asegurado citando "fuentes fiables" que no hubo "ninguna petición de expulsión de información" sobre el detenido, dando por hecho que ni autoridades consulares ni de seguridad recibieron mensaje alguno desde España. Según Le 360, este tipo de "rumores" quieren trastocar las "excelentes" relaciones que mantienen ahora Marruecos y España, en vísperas precisamente de la reunión de alto nivel (RAN) entre los gobiernos de ambos países que acogerá Rabat el miércoles y el jueves.

Yassine Kanjaa fue detenido el 16 de junio y se le abrió un expediente de expulsión. Según informan fuentes policiales a este periódico, Kanjaa tiene un NIE (número de identificación de extranjero) acabado en 866Y. Se confirmó su decreto de expulsión el 2 de noviembre de 2022. Desde ese momento, estuvo pendiente de ejecutar su expulsión. Casi tres meses después, cometió el atentado que le ha mandado a la cárcel bajo la amenaza de ser condenado a prisión permanente revisable.

 En una rueda de prensa en Algeciras el jueves, un día después del atentado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que sobre el detenido pesaba un expediente de expulsión por situación irregular en España, añadiendo que se trata de procedimientos administrativos "muy largos".

Fuentes policiales, jurídicas y trabajadores de plataformas de apoyo a los migrantes cuestionan que un procedimiento de expulsión dure tanto tiempo. Desde que fue detenido en junio hasta el atentado, habían transcurrido siete meses. La Ley de Extranjería admite recursos y alegaciones, pero contempla plazos más cortos.

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Yassine Kanjaa no debería haber estado en España cuando la semana pasada acabó con la vida de un sacristán en Algeciras y dejó herido grave a un sacerdote, si bien en junio no había constancia de su radicalismo yihadista. No tenía antecedentes en ese sentido. Según el auto del juez que le ha enviado a prisión, experimentó un autoadoctrinamiento en el último mes y medio.

 “Fact-checking: Marruecos nunca ha recibido una solicitud de expulsión del autor del atentado de Algeciras” es el titular de esta información de la prensa marroquí. “Los servicios consulares del Reino [de Marruecos] en ningún momento han recibido una solicitud de expulsión del citado Yassine Kanjaa”, añade la información, que entra a valorar las posibles razones por las que se ha deslizado la sospecha de que Marruecos no había cooperado.

“Permite despejar a los servicios de seguridad españoles responsabilizando a Marruecos de este atentado, en lugar de cuestionar su capacidad de respuesta o la lentitud de los procedimientos de expulsión que sufre la Justicia española”, interpreta la información.
 
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