Dos hechos recientes han vuelto a traer al primer plano del debate público el espinoso tema del aborto y su tratamiento legal. El primero ha sido el intento de Vox de que el gobierno de Castilla y León, del que forma parte, cumpliera el acuerdo suscrito con el PP al constituirse el Ejecutivo de coalición presidido por Alfonso Fernández Mañueco en relación con el protocolo a seguir por los servicios sanitarios cuando una mujer solicitase abortar.

La polémica subsiguiente ha puesto en evidencia que, con independencia de la posición de cada cual sobre este delicado asunto, el partido verde tiene al respecto ideas claras y principios firmes mientras que el PP parece moverse más por criterios electoralistas o bajo la presión del ruido mediático de la progresía desatada. El segundo radica en la filtración de la ponencia del magistrado encargado de su redacción sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en su día por el Partido Popular contra la norma impulsada por el gobierno de Zapatero.

Aunque es pronto para saber cómo será la sentencia del Supremo, Intérprete de la Constitución, tras la discusión y examen por el pleno de la propuesta del ponente, la lectura del borrador preparado por Enrique Arnaldo permite apreciar su complejidad conceptual y técnica y su rigor jurídico, ambos realmente notables. Sin perdernos en las numerosas páginas de elaborados argumentos, referencias al derecho comparado y rotundos fundamentos filosóficos, el texto sobre el que trabajará el alto tribunal contiene algunos elementos que son medulares y que conviene resaltar.

 En ningún momento se dice que el aborto sea un derecho porque mal puede serlo la supresión de una vida indefensa e inocente. Desde esta perspectiva, la ocurrencia de Emmanuel Macron en el Parlamento Europeo de incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE aparece como lo que es, un disparate jurídico y una aberración ética. Se afirma, por otra parte, que el problema consiste en alcanzar un equilibrio adecuado entre el derecho del nasciturus a la vida y el derecho de la mujer a su autonomía personal.

Nada, por tanto, del brutal “nosotras parimos, nosotras decidimos”, sino la necesidad de una ponderación entre dos derechos, dignos los dos de ser tenidos en cuenta. De la misma forma que la evidencia esencial de que está en juego una vida que, aunque en gestación, es humana, no puede ser orillada, debe tomarse en consideración que la mujer embarazada puede verse sometida a diversas y graves dificultades, de orden económico, laboral, familiar, psicológico o social, que la conduzcan a renunciar a la maternidad.

Lo que no es admisible, obviamente, es que el aborto sea utilizado como método anticonceptivo de manera frívola y reiterada con absoluto desprecio al derecho a la vida de la criatura incipiente.

 Otro aspecto muy relevante es que la mujer que desea abortar disponga de información completa sobre la trascendencia y las consecuencias de este acto médico, lo que incluye, obviamente, la opción de ver una ecografía y de escuchar el latido fetal. Por supuesto, se trata de posibilidades que se le ofrecen y que ella podrá aceptar o no. Asimismo, se le han de abrir caminos distintos al que lleva directamente al quirófano, programas de asistencia y ayuda, dación en adopción y cualquier otro que aumente y refuerce su capacidad de decisión sin coacción alguna.

Es incomprensible el rotundo rechazo del feminismo radical y de la izquierda política a ensanchar el margen de libertad de la mujer sometida a este desgarrador trance y su obsesión por forzarla a abortar sin que pueda al menos contemplar otras soluciones compatibles con la vida que se desarrolla en su seno. Esta diabólica preferencia por matar a toda costa produce la más viva repugnancia en cualquier conciencia civilizada y equipada, por tanto, de una elemental sensibilidad humanista.

 Si la fijación de plazos ha de ser admitida para respetar el derecho de la mujer a su autonomía personal, en justa compensación han de implementarse políticas públicas en los campos de la educación, la salud y la protección social que procuren, siempre preservando la libertad individual, que el número de abortos disminuya todo lo posible y que la escalofriante cifra de noventa mil al año se reduzca hasta niveles soportables por el conjunto de la sociedad.

Tampoco cabe olvidar que España padece un serio problema de natalidad que una Administración responsable debería afrontar y resolver. Al fin y al cabo, sin menoscabo de los demás derechos básicos consagrados en la civilización occidental, el de la vida es el primero de todos por la indiscutible razón de que su vulneración imposibilita el ejercicio del resto.

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