La recién estrenada mayoría progresista del Tribunal Constitucional exhibió su control en el pleno
Nacional 10/02/2023
Impacto España Noticias
El derecho al aborto en España entra en un nuevo ciclo, 13 años después de que el PP recurriera la llamada ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez está a punto de ver ratificada por las Cortes su nueva norma, impulsada para anticiparse al riesgo de una sentencia de inconstitucionalidad contra la regulación previa.
La recién estrenada mayoría progresista del Tribunal Constitucional exhibió su control en el pleno y avaló en su integridad la legislación promovida en 2010 por el expresidente socialista. Después de tres sesiones marcadas por las diferencias entre los bloques conformados a raíz de la última renovación de la corte de garantías, los magistrados aprobaron por 7 votos a 4 rechazar la ponencia elaborada por el conservador Enrique Arnaldo sobre la impugnación del PP. Una ponencia que, no obstante, venía a ratificar con matices la ley de plazos.
Pese a la búsqueda de una sentencia de consenso que limpiara en cierto modo la manchada imagen del TC, que ha tenido 13 años guardado en un cajón el recurso de inconstitucionalidad presentado por 71 diputados populares -entre ellos, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría-, el pleno de ayer volvió a agrandar la distancia entre los magistrados de distintas sensibilidades. Lo que augura una ruptura a medio plazo sobre otros asuntos relevantes pendientes de resolver.
Tras concluir la deliberación del borrador presentado por Arnaldo -jurista de las Cortes elegido magistrado del TC en otoño de 2021 por el Grupo Parlamentario Popular-, la ponencia no obtuvo el apoyo del cónclave, por lo que su autor declinó redactar una nueva sentencia que incluyera los argumentos expuestos por la mayoría progresista.
En consecuencia, el presidente, Cándido Conde-Pumpido, designó como nueva ponente del recurso a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, para que proceda a elaborar una resolución favorable a la ley del aborto de 2010 que desestime el recurso del PP.
La determinación del actual Gobierno de Sánchez de salvaguardar el derecho al aborto y otras circunstancias ha hecho que el aval del TC a la ley de Zapatero, luego retocada por el Gobierno de Mariano Rajoy en lo que se refiere a que las menores que quieran interrumpir el embarazo informen a sus padres, será superada en los próximos días cuando el Congreso apruebe de forma definitiva la tramitación de la norma impulsada por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.
Una legislación actualizada que eliminará esa obligación del consentimiento de los progenitores. Un caballo de batalla para el PP de Alberto Núñez Feijóo que, sin embargo, parece haber desistido de pleitear como sus predecesores. Y que ha optado por marcar distancias en este terreno sensible con respecto a Vox.
«Intensa» deliberación
El borrador de Arnaldo rechazado por el TC tras una «intensa» deliberación del pleno, según detallan fuentes consultadas, encalló en el artículo 17 de la ley de plazos de 2010, al considerar que el hecho de informar a la mujer en un sobre cerrado no es garantía suficiente para que dé su consentimiento al aborto.
Además, la ponencia puso el foco sobre dos cuestiones que Arnaldo estimaba constitucionales siempre que se interpretaran como él proponía: el aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la física o psíquica, y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.
Estos argumentos fueron matizados por los magistrados del bloque progresista y Arnaldo tiró la toalla. El ponente ya intuía que sus colegas eran partidarios de antemano de declarar constitucional la ley en toda su extensión y que la búsqueda de consenso era una tarea casi inútil. En las sesiones del martes y del miércoles, antes de avalar la ley de 2010, la mayoría progresista también impuso su criterio para frenar la maniobra de la magistrada conservadora Concepción Espejel respecto a la 'contaminación' de algunos magistrados para ver el recurso de los populares.
«Es un día triste para la sociedad española», lamenta la Iglesia
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, lamentó ayer que era «un día triste» porque el Tribunal Constitucional «ha definido que solo protege los derechos de los nacidos».
«Hoy (por ayer) es un día triste para la sociedad española. Nuestro Tribunal Constitucional, garante de nuestros derechos, entre ellos el fundamental de la vida, ha definido que solo protege los derechos de los nacidos. En España hay seres humanos a los que no reconocen derechos humanos», manifestó García Magán en un mensaje lanzado en las redes sociales de la Conferencia Episcopal Española.
«Hoy (por ayer) es un día triste para la sociedad española. Nuestro Tribunal Constitucional, garante de nuestros derechos, entre ellos el fundamental de la vida, ha definido que solo protege los derechos de los nacidos. En España hay seres humanos a los que no reconocen derechos humanos», manifestó García Magán en un mensaje lanzado en las redes sociales de la Conferencia Episcopal Española.
La regulación de la eutanasia y la 'ley Celaá', los siguientes casos a debate
El siguiente pleno del Tribunal Constitucional será dentro de dos semanas, entre los días 21 y 23. Ahí se estudiarán las apelaciones contra la regulación de la ley de eutanasia de 2021 presentadas por el PP y Vox.
La ponencia es precisamente del presidente. Posteriormente, en el cónclave del 7, 8 y 9 de marzo se debatirán los recursos de los mismos partidos contra la ley educativa (Lomloe) de 2020, conocida como 'ley Celaá', cuya ponencia ha recaído en la magistrada Laura Díez, la ex alto cargo de Moncloa elegida por el Gobierno. Conde-Pumpido acordó que las ponencias correspondientes a los magistrados que hayan dejado de formar parte del órgano se distribuirán según el orden de antigüedad y de mayor edad.
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