Cada vez que se tramitaba un ERE a cargo del fondo creado por la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE para subvencionar despidos en empresas, una parte del dinero se perdía por circuitos no oficiales. El exceso de comisiones que el Gobierno autonómico pagaba por gestionar ayudas se convirtió un «lucrativo negocio» para intermediarios, cargos autonómicos, sindicatos, consultoras y abogados.

Mediadores y comisionistas crearon entramados societarios donde figuraban testaferros o familiares de los que se valían para «encubrir el origen ilícito de los fondos», así como «hacer suyos y desviar de su destino natural parte sustancial de tales fondos del patrimonio público autonómico», según el relato de los hechos del juez que investiga la macrocausa de corrupción de los ERE, José Ignacio Vilaplana.

El magistrado acaba de dictar el auto de apertura de juicio oral contra 35 personas y dos empresas en la denominada pieza de las sobrecomisiones.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos un total de 244 años de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita. La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular como perjudicada por el saqueo, eleva su petición a 263 años de prisión. El PP andaluz, como acusación popular, se ha adherido al escrito del Ministerio Público.

 En el auto dictado el pasado 1 de febrero, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla impone a los 37 acusados y otros 31 responsables civiles, entre los que se encuentran las confederaciones nacional y regional de Comisiones Obreras y UGT, fianzas que ascienden a la astronómica cifra de 1.355,64 millones de euros para «asegurar las responsabilidades pecuniarias». En el caso de no depositarlas, «se les embargaran los bienes».

Funcionaron al menos tres grandes redes de lavado del dinero público obtenido con las mordidas de los ERE en las que se blanquearon en torno a 23 millones de euros, según se desprende del escrito de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción que reclama multas (con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago) que suman más de 78 millones de euros para seis de los procesados por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Esta figura penal que no había aparecido hasta ahora en esta macrocausa de los ERE, que empezó a instruir en enero de 2011 la juez Mercedes Alaya. También es una novedad el delito de cohecho. Dichos entramados giraban en torno al grupo Vitalia, Uniter S.L. y el entramado societario dirigido por el conseguidor de ayudas y ex responsable de UGT Juan Lanzas Fernández, que se enfrenta a 18 años de prisión y 24,6 millones de multa por blanqueo.

El grupo Vitalia estaba dirigido por el intermediario Antonio José Albarracín, que se enfrenta a una pena de 18 años de prisión y multas que superan los 12,2 millones de euros para él y su esposa por el supuesto blanqueo de fondos.

Según el auto de procesamiento del juez dictado en diciembre de 2021, habría cobrado 36,22 millones en sobrecomisiones. El grupo Uniter S.L., administrado por José González Mata, obtuvo supuestas mordidas por importe de 29,80 millones. Para éste la Fiscalía reclama 13 años de prisión y una multa de 35,4 millones por el supuesto lavado de dinero. Entre ambos se habría producido «un enriquecimiento ilícito por importe total de 66 millones de euros».

Tres exaltos cargos
Entre los acusados también están tres ex altos cargos socialistas: el consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández (que está encarcelado por la pieza política de los ERE) y los exdirectores generales de Trabajo, Juan Márquez (2008-2009) y Daniel Alberto Rivera (2010-2012). No aparece su antecesor en el último cargo, Francisco Javier Guerrero (1999-2008), porque falleció en octubre de 2020, pero sí se sentará en el banquillo su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo, que se gastó parte de las ayudas que le dio su jefe en regalos, cocaína y fiestas.

Los ex altos cargos «habrían autorizado que con cargo a dichos fondos [para despidos] se abonaran determinados servicios, prestaciones y ayudas que no se habían contratado ni concedido por la Administración autonómica andaluza con arreglo a la normativa aplicable», señala el juez.

«Las comisiones pagadas a los mediadores Irson Empresarial S.L. (Grupo Vitalia) e Ingotor (Grupo Uniter) alcanzaban el 11% cuando se trataba de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, bajando el porcentaje de comisiones al 5,21% y 6,3% cuando las pólizas no estaban financiadas por la Administración», detalla. Es decir, las tarifas eran un 90% más caras cuando se pagaban a costa de los andaluces.

Sobres de dinero
Guerrero, Lanzas, Albarracín, así como el ex banquero catalán y comisionista Eduardo Pascual Arxé, prófugo de la Justicia, «habrían acordado repartirse los fondos públicos de la Junta de Andalucía» procedentes de las sobrecomisiones), a través de distintos mecanismos delictivos. Además, se entregó dinero público a personas para pagar «favores» por la obtención de ayudas.

El rastro del «selecto club» de los ERE se perdía en la barra de un bar. El testaferro Juan Francisco Algarín Lamela acompañaba al banco a otro investigado y «hombre de paja», Eduardo Leal del Real, para retirar dinero de cuentas de sociedades vinculadas a Juan Lanzas para dárselo a éste o «a la persona indicada» por el conseguidor.

Algarín incluso «entregó sobres a personas que no han sido identificadas en bares cercanos a la Consejería de Empleo, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, en el interior de la dirección o en las cercanías del Parlamento y de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla», relata el juez.

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