El alto precio de la vivienda, sumado a otros problemas como la especulación urbanística y el crecimiento del número de alojamientos turísticos, ha llevado al Gobierno portugués a legislar en esta materia con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía portuguesa.

Una propuesta que se une a la del Ayuntamiento de Lisboa, que trabaja para cumplir con el objetivo de limitar los cambios de vivienda de uso residencial a uso turístico. En este sentido, el Ejecutivo presidido por el Primer Ministro portugués, Antonio Costa, ha eliminado los denominados ‘visados de oro’ que se conceden a los extranjeros que inviertan en vivienda o creen negocios en el país portugués. Sin embargo, no es la única ya que la otra medida afecta a los pisos turísticos.

 Con respecto a estos últimos, el gobierno ha prohibido la concesión de nuevas licencias con el objetivo de “frenar la carestía de la vivienda”. En Lisboa y Oporto, las dos principales ciudades del país vecino, el precio de la vivienda aumentó un 20%. Con este plan de choque, cuya inversión alcanza los 900 millones de euros y otra cantidad adicional para la construcción de vivienda pública en 2026, el gobierno luso pretende acabar con la especulación y la proliferación de pisos turísticos.

Por otra parte, el Gobierno de Portugal confirmó el aumento de la oferta del alquiler y anunció su compromiso para ofrecer ayudas a la hora de pagar la hipoteca, ante la subida de los intereses. “Los pisos turísticos tuvieron muchos efectos positivos para revitalizar nuestras ciudades, pero también tienen impactos negativos como la subida de precios”, mencionó Costa. El refuerzo del parque público de vivienda supone el otro gran objetivo de la política anunciada por el gobierno portugués.

Según informó la ministra de Vivienda, Marina Gonçalves, el objetivo pasa por conseguir “condiciones de vivienda a precios compatibles con los ingresos de las personas”. Se prevé que la nueva ley incluya un techo máximo de subida para nuevos contratos de arrendamiento, así como el alquiler de las viviendas desocupadas. En cuanto a estos alquileres, el Estado podrá alquilarlos para subarrendarlos durante cinco años y actuar como mediador inmobiliario.

Las licencias concedidas a pisos turísticos serán revisadas en Portugal en el año 2030, y desde entonces se evaluarán cada cinco años. La nueva ley recogerá un impuesto para los propietarios de estas vivienda, por lo que el dinero ingresado de este gravamen irá destinado a financiar políticas de vivienda, principalmente las que se han incluido en la nueva normativa.

Legislación española en materia de viviendas de uso turístico
En España no hay legislación vigente a nivel nacional de viviendas de uso turístico o alquiler vacacional, ya que cada Comunidad Autónoma es la responsable de regular y legislar en este asunto. En nuestro país, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística a finales de 2020, el número de viviendas turística supera los 321.000. Por comunidades autónomas Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las regiones que acumulan la mayoría de los apartamentos turísticos españoles.

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