Monika Holhmeier ha advertido de que la reforma del Código Penal puede afectar a las instituciones europeas y al control de los fondos.

"El particular privado puede ser castigado con penas de hasta ocho años de prisión y el funcionario que hace lo propio con fondos públicos puede ser premiado, en función de los casos, hasta con penas de multa", ha advertido el Tribunal Supremo.

"La reunión ha sido como un diálogo de besugos", describen las mismas fuentes, que dan cuenta de cómo Calviño no ha respondido a ninguna de las preguntas ni inquietudes que le han trasmitido los europarlamentarios sobre la falta de transparencia, cogobernanza, competencia en los PERTE y de publicidad de datos de ejecución real, es decir, en contabilidad nacional.

En el caso de la malversación, a la que Hohlmeier ha apuntado al inicio del encuentro, la vicepresidenta primera ha hecho oídos sordos y ha mencionado las medidas anticorrupción que se han aprobado en el marco del Plan de Recuperación.

Cuando la eurodiputada le ha recordado las declaraciones del comisario de Justicia, Didier Reynders, que mira con recelo la reforma, Calviño ha echado balones fuera y les ha emplazado a preguntar a la ministra de Justicia.

La pasada semana la Comisión Europea dio por cumplido uno de los objetivos más polémicos para el Gobierno en el marco de los fondos europeos: el 173. Este hito se refiere al compromiso de España de tener implementado desde finales de 2021 un sistema que facilite el control de los fondos UE, desde que cualquier administración pública lanza una convocatoria, hasta que se solicita, adjudica y se paga el dinero.

El Tribunal de Cuentas Europeo, no lo ven tan claro. Los eurodiputados que viajaron a Madrid este lunes para reunirse con Ministerios, CCAA, empresarios y periodistas preguntaron expresamente por el funcionamiento real de ese sistema, denominado Coffee, y que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, calificó la pasada semana como "el sistema más perfecto de toda la UE".

Las respuestas que dieron los agentes a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en dichas reuniones no fueron en la línea del Gobierno. Más bien apuntaban a las carencias que todavía existen en este sistema, que "no está aún plenamente operativo", según informan fuentes próximas a las reuniones.

María Jesús Montero, planteó el pasado jueves en rueda de prensa para presentar el III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación que se está ahora mismo "cargando todo desde febrero de 2020, incluso pagos ya producidos por parte de la Comisión Europea, ésa es la dificultad, no tiene otra".

Este lunes la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento se reunió primero con las autoridades regionales y, después, con representantes de los empresarios (CEOE, ANFAC y la Cámara de Comercio), con periodistas y con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Este martes será el turno de Montero, que se reunirá con los eurodiputados a primera hora. Después, éstos hablar con los representantes de los trabajadores (UGT) y de los autónomos (ATA), con la patronal bancaria (AEB) y consultoras (EY y PwC).

 Monika Hohlmeier, introdujo algunos de los temas de interés, como la transparencia en la información de ejecución, la flexibilidad en las convocatorias o la participación de las empresas en el diseño y la ejecución del Plan. Acto seguido, los asistentes expusieron sus ideas, dando paso después a un turno de preguntas.

Las preguntas estuvieron focalizadas en algunos temas concretos, según apuntan las mismas fuentes. El Gobierno ha aprobado ya 12 PERTE, siendo el del Vehículo Eléctrico (VEC) el más avanzado y también el más cuestionado. En primer lugar, porque Industria dejó sin adjudicar un 75% del dinero, emplazando a las empresas a una segunda convocatoria.

En segundo lugar, por las trabas burocráticas y los estrictos requisitos de esa convocatoria. Y en tercer lugar, por el retraso del Gobierno en efectuar los pagos.

 En este sentido, los representantes de los empresarios comentaron que sólo unos 12.000 millones de los 37.000 millones que ha aprobado Bruselas a España han llegado a las empresas, apelando a la necesidad de agilizarla ejecución, según ha podido saber este periódico.

Los eurodiputados también preguntaron este lunes específicamente acerca de convocatorias como el Kit Digital y, en un plano más amplio, sobre la falta de flexibilidad que tienen las empresas para acceder a ciertas convocatorias. Asimismo, los representantes de las empresas sacaron a colación algunos puntos de interés, como la ley que regula el funcionamiento de los fondos europeos, que acumula ya más de 60 prórrogas y cerca de 25 meses parada en el Congreso de los Diputados.

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