Una de las empresas investigadas en el caso Mediador, la presunta red corrupta liderada por el diputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', enlazó en solo dos años (2020-2021) un total de 16 contratos públicos de administraciones controladas por los socialistas. Justo los dos años que están siendo objeto de investigación judicial y de pesquisas de Policía Nacional y Guardia Civil.

La empresa en cuestión es Asesoramiento y Servicios de Drones S.L., de José Santiago Suárez Estévez, que en las diligencias aparece citado también con el apodo de 'Pepe Drones'.

La trama se dedicaba, supuestamente, a facilitar licitaciones y favores públicos a cambio de mordidas al calor de las influencias del diputado socialista, que se habría lucrado con esos cobros ilegales junto al presunto gestor de esos manejos, Antonio Navarro Tacoronte. Este último era identificado como 'señor Mediador', de ahí el nombre que se ha dado a las pesquisas que han acabado en los juzgados.

  De momento, el informe policial en el que se soportan las diligencias apunta a cuatro contratos públicos obtenidos por Asesoramiento y Servicios de Drones S.L., los cuatro adjudicados por un ente que depende del Gobierno central, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.

Sin embargo,  otros catorce contratos públicos obtenidos por esa misma sociedad entre 2020 y 2021, lo que totalizan un total de dieciocho adjudicaciones. Dieciséis de ellas, el 90%, fueron concedidas por administraciones controladas por los socialistas. De lo que presumía la red investigada era de ser 'conseguidora' de contratos públicos en instituciones en manos del PSOE.

El móvil de Tito Berni revela su línea directa con los empresarios del caso Mediador
De esas dieciséis adjudicaciones otorgadas a Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. por entes controlados por los socialistas, cinco lo fueron mediante licitaciones por concurso público. Los once restantes se ejecutaron como encargos directos, tramitados como contratos menores. Por su limitado importe -menos de 15.000 euros-, la ley permite esa fórmula de adjudicación directa en el caso de servicios o suministros.

Encargos estatales
Para apurar al máximo esa posibilidad, uno de los contratos le fue adjudicado por 14.997 euros más IVA. Es decir, solo tres euros por debajo del importe que hubiera obligado a convocar un concurso público. Ese encargo lo tramitó el Ministerio de Defensa, a través de la jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones del Ejército de Tierra.

El acuerdo de adjudicación se produjo el 11 de noviembre de 2021. Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. ofertó exactamente la misma cantidad que había presupuestado el órgano de contratación, esos 14.997 euros más IVA.

De la Administración central dependieron también otros nueve contratos, cinco de ellos por concurso público -entre los que se incluyen los que figuran en las diligencias- y cuatro adjudicados directamente como contratos menores.

Los órganos adjudicadores fueron la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (Defensa), la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil (Ministerio del Interior), la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones del Ejército de Tierra (Defensa) y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, en este caso para una compra de la Dirección General de la Policía.

Entre los adjudicatarios figura el Ejecutivo aragonés de Javier Lambán: compró un dron para «seguridad y protección civil»

 En total, las adjudicaciones concedidas a esa empresa por la Administración central entre 2020 y 2021 sumaron más de 315.000 euros, IVA incluido. Esos contratos consistieron fundamentalmente en la compra de drones, pero también de otros equipos como detectores e inhibidores de ese tipo de aeronaves no tripuladas y un equipo de vigilancia por radar, además de la prestación de servicios de formación en el uso de esas tecnologías.

Contrato directo en Aragón
A esos contratos que obtuvo del Estado hay que sumar los que consiguió de otras administraciones controladas por el PSOE, entre ellas el Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán. Este Ejecutivo regional le adjudicó directamente a Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. un contrato de 6.157,55 euros, que tras sumarle el IVA ascendió a 7.450,64 euros.

Pagó esa cantidad por la compra de un dron «para el servicio de seguridad y protección civil». Curiosamente, en ese expediente la empresa aparece con una denominación social distinta a la habitual: a Asesoramiento y Servicios de Drones le añadió el nombre DJI Enterprise.

Esta adjudicación del Gobierno aragonés fue firmada el 30 de noviembre de 2021 por la directora general autonómica de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez Pérez, a la que Lambán recolocó en el Ejecutivo regional en febrero de 2020, después de que Pedro Sánchez la destituyera como delegada del Gobierno en Aragón.

Así, Carmen Sánchez pasó a ocupar esa dirección general dentro de la Consejería de Presidencia del Gobierno aragonés, que dirige la también socialista Mayte Pérez.

Ayuntamientos
Los otros seis contratos públicos que obtuvo en 2020 y 2021 Asesoramiento y Servicios de Drones desde instituciones socialistas le fueron adjudicados por ayuntamientos y generalmente desde las alcaldías. Sumaron 27.767 euros. Así, el alcalde de Valdepeñas (Ciudad Real), el socialista Jesús Martín Rodríguez, dispuso el pago de 5.100 euros (IVA incluido) por una cámara térmica para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de esa localidad.

La también socialista alcaldesa de Picassent (Valencia), Conxa García Ferrer, adjudicó directamente a esa empresa un contrato de 6.876,35 euros por la compra de un dron.

Por su parte, la alcaldesa de Burriana (Castellón), María José Safont, del PSPV-PSOE, otorgó a Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. dos contratos directos y ambos el mismo día. El 28 de mayo de 2020 decidió comprarle un dron para la Policía Local por 2.971,88 euros y le contrató por otros 3.399 el «servicio de formación en pilotaje» de drones. Ambos importes incluyen el IVA.

Navarro Tacoronte señala al presidente de Canarias
Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre a la presunta trama de mordidas por la que ya investigan al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo asegura que el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, estaba al corriente de sus actividades y que incluso llegó a dar «orden directa» de archivar una sanción para evitar que dos empresarios implicados en el caso pudieran verse afectados: Alberto Montesdeoca y Mima Roca.

«Solo hay una persona en plena pandemia que pueda hacer órdenes directas: el presidente del Gobierno de Canarias, punto», aseguró en ayer Canal 10 Tenerife.

Por su parte, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha negado ser conocedor del caso Mediador. Dice que, de lo contrario, hubiera ido a la Justicia de «manera inmediata». Insiste en que, si alguien ha hecho algo al margen de la ley, que «pague».

El alcalde socialista de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, que además es diputado provincial de Turismo y Bandas de Música, pagó a la misma empresa un total de 799 euros por una «propuesta de gastos para pantalla de unidad de dron», según consta en la documentación oficial.

Asimismo, el alcalde de San Juan de Aznalfarache, que también ocupa escaño en la Diputación Provincial de Sevilla, contrató directamente con esa empresa la compra de un dron para la Policía Local, por el que pagó 8.629,15 euros, impuestos incluidos.

Del total de 18 adjudicaciones públicas localizadas  en registros oficiales de contratación, a esa empresa solo le llegaron dos de administraciones gobernadas por el PP. En ambos casos fueron contratos menores: uno se lo concedió la Alcaldía del Ayuntamiento de Lardero (La Rioja), el 17 de junio de 2020 -pagó un total de 3.567 euros por un dron para la Policía Local-; y otro fue otorgado por la Alcaldía de Carmona (Sevilla) -6.766,24 euros (IVA incluido) por otro dron, también para la Policía Local de ese municipio andaluz-.

Avales del ICO
Por otra parte, Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. consta entre las empresas que se han beneficiado de avales de financiación concedidos en 2021 y 2022 por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se trata de la línea habilitada para «paliar los efectos del Covid» en el tejido empresarial.

El 23 de julio de 2021, ese organismo estatal que depende de la cartera de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño (PSOE), otorgó a esa empresa un aval por importe máximo de 40.000 euros. Al mes siguiente, el 23 de agosto de 2021, consta que le concedió otro aval de hasta 32.000 euros. Y, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el 25 de mayo de 2022 el ICO otorgó a la misma sociedad limitada otro aval financiero por un máximo de 17.706 euros.

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FUENTE: ABC