El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo defendió en el Congreso de los Diputados una iniciativa que, bajo la premisa de apoyar a la industria electrointensiva y la de la co-generación, buscaba aumentar los impuestos al CO2.

El pasado martes, tuvo lugar en la comisión de transición ecológica y reto demográfico una sesión de debate y votación de diversas iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Entre las proposiciones no de ley puestas encima de la mesa, se encontraba una del Partido Popular que, en principio, buscaba apoyar a la industria electrointensiva y a la de la co-generación, que debido al aumento de precios de la electricidad se han visto muy perjudicadas desde que empezaron a crecer los precios.

 Curiosamente, entre las medidas puestas encima de la mesa para apoyar a las mencionadas industrias se encontraba la de aumentar los impuestos a los derechos de emisión de emisión de CO2 y así poder compensarlas.

Aumentar los impuestos a los derechos de emisión de CO2 supone, en la práctica, un aumento los precios de la energía que pagan todos los españoles y que esas empresas a las que el PP pretende ayudar necesitan de manera esencial para poder llevar a cabo su actividad industrial.

Ante semejante paradoja, sólo VOX denunció por boca de su secretario general en el grupo parlamentario, José María Figaredo, que dicha medida supondría un aumento de los precios de la electricidad, la cual es fundamental para las industrias electrointensiva y de co-generación.

Las medidas para incrementar los impuestos a los derechos de emisión del CO2 van en línea con las marcadas en la agenda climática global. Hace un tiempo, lograron que se impusieran impuestos a las emisiones de dióxido de carbono y que muchas empresas y multinacionales contabilizaran la «huella de carbono» que generan sus usuarios a la hora de comprar o realizar diferentes operaciones.

Esta medida no es la primera que el Partido Popular acepta de la agenda climática, ya que el ayuntamiento de la ciudad de Madrid, donde gobierna Martínez Almeida, decidió incumplir su promesa de derogar el Madrid Central de Manuela Carmena al mantenerlo y ampliarlo año tras año a toda la capital, en lo que actualmente se conoce como Madrid 360. La medida puesta en marcha por el regidor impide la circulación de los vehículos de combustión diésel matriculados en el año 2006 y los de gasolina del 2001 por la M-30 y sus interiores, aunque el plan final es impedir la circulación de esos vehículos por cualquier parte de la ciudad en menos de dos años.

España representa únicamente el 0,8% de las emisiones totales de dióxido de carbono mundiales, una cifra insignificante si se compara con las de naciones como China o India, que llegan a alcanzar el 30%.

Cabe recordar que fue durante el Gobierno del Partido Popular cuando España se unió a la Agenda 2030 que impulsa, entre otras medidas, las de la agenda climática mencionadas anteriormente. Además, en el año 2020 los populares se abstuvieron en la votación de la Ley de Cambio Climático, que prohíbe la exploración y explotación de nuestros recursos energéticos.

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias

Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a

WhatsApp: 635967726

F: GACETARTV