Las víctimas del 11-M se unen a las de ETA para impulsar el nuevo caso Miguel Ángel Blanco. Buscan sumar sus fuerzas dar la batalla contra el terrorismo, ante la posibilidad de que la Audiencia Nacional declare imprescriptibles un total de 430 asesinatos cometidos por ETA y células yihadistas en España -o contra ciudadanos españoles en el extranjero- entre 1990 y 2010.

Según un escrito, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, presidida por Adoración Majali, se ha personado como acusación popular en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón para esclarecer la presunta responsabilidad intelectual de los exjefes de ETA en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya).

El movimiento se produce tras un reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el marco del caso Miguel Ángel Blanco, que abre la puerta a declarar imprescriptibles los atentados yihadistas del 11-M y 198 crímenes de ETA. Ante la «muy singular trascendencia jurídica» de esa decisión para el conjunto de las víctimas del terrorismo en España, «y en particular también para las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004», la asociación presidida por Majali ha solicitado al juez que admita su personación en la causa.

A pocos días de cumplirse el 19 aniversario de los atentados yihadistas de Al Qaeda en Madrid, las víctimas del 11-M se unen así a las víctimas de ETA en un caso reabierto a raíz de una querella interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ). Una investigación en la que también figuran como acusación la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el PP y la hermana del concejal asesinado por ETA, Marimar Blanco. 

Autores intelectuales del 11-M
Como informó este diario, en un auto en el que confirma la imputación del exjefe etarra Iñaki de Rentería como presunto responsable intelectual del secuestro y asesinato del concejal del PP, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reconocido la «trascendencia de la cuestión suscitada» de la conocida como doctrina Miguel Ángel Blanco, planteada por DyJ. Una vía que permitiría llevar a juicio a los responsables intelectuales y materiales de 430 asesinatos terroristas, incluidos los del 11-M, aunque hayan pasado más de 20 años desde su comisión.

La asociación de víctimas presidida por Daniel Portero sostiene que el Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos permitirían declarar imprescriptibles todos los atentados terroristas y crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 24 de diciembre de 1990 y el 23 de diciembre de 2010: 198 de ellos perpetrados por ETA, 225 realizados por células yihadistas (incluido el 11-M) y siete crímenes cometidos por los Grapo y el IRA.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha avalado que, ante la existencia de «posturas antagónicas y enfrentadas», la cuestión sobre la imprescriptibilidad debe ser planteada y resuelta durante el juicio oral del nuevo caso Miguel Ángel Blanco.

«La prescripción del delito, su cómputo y su interrupción son cuestiones controvertidas que han de ser resueltas, llegado el caso, en el acto del juicio oral, dadas las distintas posturas jurídicas irreconciliables al respecto», indicaba la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el auto en el que rechazaba el recurso presentado por Iñaki de Rentería contra su imputación por el asesinato del concejal del PP.

 Tras dejar la puerta abierta a avalar la doctrina Miguel Ángel Blanco, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha solicitado su personación en la causa. En el escrito, la asociación presidida por Adoración Majali designa como procuradora a Elena Llarena Trulock bajo la dirección letrada de Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Se trata del abogado que redactó la querella de DyJ que dio lugar a la reapertura del nuevo caso Miguel Ángel Blanco y el impulsor de la doctrina con la que se pretende ampliar el número de atentados considerados imprescriptibles. 

En un escrito enviado en abril al juez Manuel García Castellón, el abogado alertaba de que una «omisión o torpeza legislativa» cometida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al reformar el Código Penal hace doce años ha servido de «escudo de impunidad» para los autores intelectuales y materiales de esos asesinatos terroristas, incluidos 55 perpetrados por ETA que se encuentran completamente impunes.

 Cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero reformó en 2010 el artículo 131 del Código Penal, se estableció que «no prescribirían delitos de terrorismo si hubieran causado la muerte de una persona», al tiempo que se añadía un plazo de prescripción máximo de 20 años a los «supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas» en el caso de los delitos más graves.

Es decir, los delitos terroristas prescriben a los 20 años para los autores intelectuales, mientras que solo se consideran imprescriptibles para quienes apretaron el gatillo o activaron las bombas en caso de que llegasen a causar alguna víctima mortal.

Esa reforma legislativa se hizo omitiendo que el artículo 2.2 de la Convención Europea de Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra de 1974 exigía a los países miembros aplicar la «no prescripción» a todos los casos en los que el plazo de archivo legal «no había expirado en ese momento», según alegaba en abril la asociación DyJ. 

La decisión de la Sala de lo Penal refuerza la doctrina Miguel Ángel Blanco, con la que se trata de arreglar por vía judicial lo que Rodríguez Arias define como «el mayor daño legislativo ocasionado al conjunto de las víctimas de ETA y del terrorismo en este país».

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