La sombra de la corrupción regresa en plena carrera preelectoral. El 'caso Mediador' - una red de corrupción y extorsión en Canarias en cuyo centro se sitúa el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo- obligó  al PSOE a ofrecer explicaciones e ir un paso más allá de las apelaciones a la presunción de inocencia realizadas hasta ahora.

La sensación en la dirección del partido de haber parado a tiempo el golpe del caso con la expulsión del ya exparlamentario -quien era detenido este lunes y puesto en libertad provisional con cargos dos días más tarde- y la entrega de su acta en el Congreso ha mutado en un clima de incertidumbre sobre los posibles efectos adversos de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28-M.

«Bochorno» y «vergüenza» son las palabras que, según la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, sintetizan el sentir en Ferraz por las actividades ilegales que haya podido cometer Fuentes Curbelo, conocido como el 'Tito Berni' entre los suyos, quien está acusado de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal.

La jueza instructora del caso le considera uno de los cabecillas de una red de corrupción y extorsión a empresarios en Canarias. Según las pesquisas, el exdiputado del PSOE era el encargado de agasajar a estos con visitas guiadas a la Cámara Baja, a lo que le solía sucedía un banquete en una marisquería y la visita a un prostíbulo de lujo. Todo ello pagado por los empresarios bajo la promesa de conseguir subvenciones o beneficios como frustrar una sanción.

El caso amenaza convertirse en un escándalo en la 'era Sánchez' al frente del PSOE y el temor en Ferraz se ha acrecentado en los últimas días. Una de las razones es que haya trascendido, a raíz de las conversaciones intervenidas y transcritas por la Policía y aportadas al juzgado, una cena en un reservado frente a la madrileña Puerta de Alcalá en la que, supuestamente, habrían participado hasta 15 diputados del PSOE.

Alegría dijo  no tener constancia de ese supuesto convite vinculado a la trama, pero sí aprovechó su comparecencia en Ferraz para arremeter contra el PP y pedir la misma «contundencia» a Alberto Núñez Feijóo con el último caso aflorado en las filas populares: la imputación del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.

Precisamente, el expresidente gallego participó ayer en una comida-mitin para arropar a los populares baleares y al encuentro asistió el propio Marí -además del presidente del PP ibicenco y senador autonómico, José Vicente Marí Bosó (con un nombre curiosamente similar al del acusado), y la diputada y líder del partido en las islas, Marga Prohens-.

La titular de Educación había señalado horas antes del acto que el líder del PP tenía una «oportunidad inmejorable para ser transparente» ante la presencia en la comida del investigado. Pero Feijóo se limitó a cargar contra el Gobierno y sus divisiones internas.

Marí está citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza el 7 de marzo en calidad de investigado por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la interventora general de la institución que preside.

El dirigente popular también es parlamentario autonómico, lo que le convertirá en el primer miembro de la Cámara balear que comparezca ante un tribunal ordinario tras la reforma en 2022 que suprimió los aforamientos en el ámbito regional.

El líder gallego tampoco aludió en ningún momento al caso 'Mediador'. El PP, de momento, no ha hecho la sangre que cabría esperar en este asunto, aunque muchos en Génova lo vean como una oportunidad para perjudicar a Sánchez y, de paso, desalojar al presidente canario, el socialista Víctor Torres, del Gobierno regional.

Este sábado, el coordinador general de la formación, Elías Bendodo, sí que apremiaba al presidente del Gobierno a «no esconderse» y pedía investigar «hasta las últimas consecuencias» el escándalo en Canarias.

El rebrote del virus de la corrupción ha corrido parejo a la resurrección de un viejo fantasma en la política nacional: la trama 'Kitchen', el operativo policial montado presuntamente para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y epicentro de 'Gürtel' y arrebatarle documentación comprometedora.

La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer el viernes su escrito de acusación, en que el pide 15 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy: su número dos, Francisco Martínez; y el que fuera director operativo de la Policía Eugenio Pino. Aunque la mayor imputación le cae al excomisario José Manuel Villarejo. El PSOE no ha reaccionado al señalamiento fisca contra sus rivales.

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