El juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso ERE, ha puesto la lupa sobre los pagos millonarios que la Junta de Andalucía realizó de manera irregular a la empresa Experience Management Group S.L., propiedad de Bienvenido Martínez Martínez, entre los años 2009 y 2011, durante los gobiernos andaluces del PSOE.

El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sospecha que parte del dinero público fue desviado a las cuentas corrientes de otras consultoras que habían creado sus hermanos Manuel y Juan Carlos Martínez. Éste último es el marido de María Gámez, la actual directora general de la Guardia Civil.

Mediante un auto dictado el pasado 22 de febrero, el juez dirige un oficio a la Agencia Tributaria para que le remita un detallado informe sobre «las declaraciones presentadas y los datos fiscales» correspondientes a tres sociedades vinculadas a los hermanos Martínez, que registraron movimientos de capital desde 2009 a 2011.

  Bienvenido Martínez, el cuñado de Gámez, había desempeñado el cargo de director de Inversiones Estratégicas de la agencia autonómica IDEA desde junio de 2008 a octubre de 2009. Dejó el cargo un día antes de que una entidad perteneciente a dicha agencia pública, Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L. (Fagia), contratara de manera «absolutamente fraudulenta» –según la Policía Nacional– a la sociedad de Martínez para poner en marcha el Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid.

La mercantil facturó 280.975 euros a la agencia IDEA, sin que hubiera existido «labor de asistencia técnica». Con 24 horas de diferencia, su antiguo empleador se convirtió en el principal cliente en su nueva carrera como consultor.

La investigación gira en torno al centro de negocios que la Junta subcontrató de forma «fraudulenta» con la firma del cuñado de Gámez

 El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura de la Policía Nacional en Sevilla, que trata de averiguar el destino del dinero público, descubrió transferencias desde la sociedad subcontratada a las empresas Job Management Liberty S.L., de la que es titular Juan Carlos Martínez, y Be Make Create S.L., propiedad de Manuel Martínez.

El juez lleva meses tras el rastro de los 1.364.034 euros que habría ingresado la empresa de Bienvenido Martínez entre 2009 y 2011, en su mayoría procedentes de entidades autonómicas. Gámez fue delegada de la Junta en Málaga desde 2008 a 2010 y concejala en el ayuntamiento malagueño a partir de 2011.

La investigación se centra ahora en el contrato que la Agencia IDEA, a través de su filial Fagia, formalizó el 1 de noviembre de 2009 con la mercantil Experience Management Group S.L., «tan sólo dos meses después de constituirse», para «la prestación de servicios técnicos» en el centro de negocios que la Junta había montado en Madrid.

«La totalidad de la dotación presupuestaria –para una actividad a desarrollar en dos años– habría sido gastada en 16 meses», coincidiendo así con la duración de la actividad ejercida por la sociedad de Bienvenido Martínez.

Una gestión ineficaz
El juez pone en duda que hubiera realizado «asesoramiento alguno». La Junta subcontrató este servicio para asesorar a emprendedores andaluces de manera directa y «sin justificación administrativa o económica alguna». «La ineficiencia del Centro de Negocios bajo la gestión de Experience Management Group S.L. habría sido evidente, con un gasto del 100% del presupuesto previsto, y unos ingresos irrisorios», advierte.

La investigación se extiende a otras sociedades públicas que inyectaron fondos al entramado societario creado por los cuñados y el marido de Gámez: Santana Motor S.A., su filial Fasur, Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A., y Fagia. Hasta siete sociedades están en el punto de mira judicial.

Vilaplana reclama a Hacienda las declaraciones fiscales de todas ellas, además de los abonos por los impuestos de sociedades y patrimonio, el IVA, las operaciones comerciales con terceros, declaradas e imputadas, así como la «vinculación entre sociedades y operaciones habidas, en su caso con su correspondiente administrador».

Esgrime que a través del Punto Neutro Judicial, la red de telecomunicaciones que conecta los juzgados con otras instituciones del Estado, sólo puede acceder a información tributaria de los últimos cinco ejercicios.

No es la primera vez que el nombre de Juan Carlos Martínez, el esposo de la actual directora de la Guardia Civil, aparece en un sumario de presunta corrupción que salpica a los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía. El juez instructor de Sevilla acordó el pasado mes de julio excluir al esposo de Gámez de otra pieza dentro de la macrocausa penal de Santana Motor, donde apreciaba claros indicios de presuntos delitos de malversación y prevaricación en la inyección millonaria de fondos por parte de la Junta a la citada fábrica de automóviles de Linares.

Para el magistrado, no concurren «indicios racionales de criminalidad» en su actuación para la perpetración de los delitos que se investigan. Previamente, a través de un escrito presentado por su abogado, Juan Carlos Martínez había cargado duramente contra la Policía tras incriminarlo en un supuesto caso de tráfico de influencias. No es más que una «causa general» basada en «conjeturas y meras sospechas policiales», denunció.

El fallido centro de negocios es tan solo uno de los hilos del ovillo judicial que envuelve el caso de presunta corrupción de Santana Motor.

Tirando de él, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el cuerpo 'hermano' de la Guardia Civil, descubrió que la consultora del esposo de Gámez ingresó 128.880 euros por parte de Laboratorios Rovi en 2012, el mismo año en el que había sido constituida y justo después de que la farmacéutica recibiera ingresos, subvenciones y ayudas «por importe de 6.694.752 euros entre los ejercicios 2008 a 2011», procedentes de la agencia pública donde era directivo su hermano.

Experience Management Group facturó otros 501.500 euros con el mismo laboratorio entre 2010 y 2011.

El juzgado solicita informes fiscales sobre la factoría automovilística de Linares (Jaén) Santana Motor, que el expresidente andaluz Manuel Chaves nacionalizó en el año 1994 tras el abandono de la japonesa Suzuki. Bienvenido Martínez fue presidente de la citada fábrica jiennense desde julio de 2009 hasta julio de 2011, de la que a su vez percibió 339.701 euros entre dichos ejercicios.

Su empresa Experience Management Group S.L. ingresó 201.568 euros más de otra entidad participada por la agencia IDEA, Fabricados para la Automoción del Sur S.A. (Fasur), «coincidiendo precisamente, al propio tiempo, con el desempeño por parte del señor [Bienvenido] Martínez de su cargo de presidente del consejo de administración». Había sido nombrado por el entonces director general de IDEA, Jacinto Cañete, que también está investigado en esta causa.

El agujero de Santana Motor
Santana Motor llegó a acaparar casi 137 millones de euros a través de préstamos y ayudas de la Junta de Andalucía que no evitaron su cierre en el año 2011 y que se habrían «dilapidado», según un atestado de UDEF, unidad a la que el juez ha dado traslado de las últimas diligencias.

El juzgado aprecia supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales en la actuación del cuñado de la directora de la Guardia Civil y de dos exdirectivos más de la Junta de Andalucía en la etapa socialista.

El tercer –y por ahora último– investigado es Carlos Fernández-Palacios, administrador de Fagia, ente instrumental de IDEA, la agencia que se encuentra en el epicentro del escándalo de lo ERE por pagar las subvenciones «ilícitas».

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FUETE ORIGINAL: ABC