La alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial, han vuelto a ampliar las denuncias contra el PSOE de Sánchez, que ya han están tramitándose en la Comisión Europea.

La denuncia ha sido remitida en el mismo mensaje de correo electrónico a la Comisión Europea, al Tribunal Supremo, a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de la Corrupción, con copia visible a los dos eurodiputados que están pidiendo que se declare la disfunción del Estado de Derecho español, al Gobierno sueco que preside el Consejo de la Unión Europeo y a la Presidenta del Parlamento Europeo, entre otros.

Se denuncia el blanqueo de capitales de cinco Diputados del PSOE en el caso Mediador, concretamente los siguientes:

Juan Bernardo Fuentes Curbelo tiene 1.200.000 euros en doce depósitos de cien mil euros con nº 52001 a 52012, abiertos en noviembre de 2021 en el LGT BANK en Vaduz (Liechtenstein).

Javier Alfonso Cendón tiene 500.000 euros en diez depósitos de cincuenta mil euros con nº 270231 a 270240, abiertos en octubre de 2020 en el AIB BANK en Jersey.

Guillermo Meijón Couselo tiene 700.000 euros en siete depósitos de cien mil euros con nº 25110 a 25116, abiertos en marzo de 2021 en el FIMBANK en Malta.

Manuel Arribas Maroto tiene 1.100.000 euros en once depósitos de cien mil euros con nº 98860 a 98870, abiertos en septiembre de 2021 en el ANDBANK en Andorra.

Indalecio Gutiérrez Salinas tiene 1.400.000 euros en catorce depósitos de cien mil euros con nº 63261 a 63274, abiertos en agosto de 2020 en el UNION BANK en Vaduz (Liechtenstein).

Las dos denuncias anteriores están tramitándose en la Unidad F.3, que investiga las decisiones económicas del Gobierno de España, registrada como Ares(2022)8174536, y en la Unidad C.1: Política de Justicia y Estado de Derecho, como Ares(2023)1525948.

Se advierte a Europa que el Gobierno ha dado orden a su Ministerio Fiscal de que se encubra la actuación de los Diputados y que los fiscales coaccionan a los jueces para que obedezcan al Gobierno.

Igualmente se informa que la corrupción de la Guardia Civil, relacionada con este caso, trata de desviar la atención de los Diputados del Gobierno.

Por último, se pide a la Comisión Europea que se comprueben las cuentas bancarias denunciadas, por falta de confianza en las instituciones españolas, ya que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea.

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