Pedro Sánchez lleva ocultando durante meses cuál es el impacto económico que la reforma de las pensiones puede tener sobre las cuentas públicas. Fuentes políticas y económicas consultadas sostienen que el Ejecutivo progresista se ha negado hasta la fecha a presentar una memoria económica que recoja y dé luz a las proyecciones de esta nueva reforma, un requerimiento que se ha hecho al ministro José Luis Escrivá en al menos cuatro ocasiones, con motivo de las reuniones que ha mantenido con los agentes sociales, y donde nunca ha mostrado ni una sola memoria.

Quien sí ha tenido conocimiento de las cuentas de Escrivá y del impacto de la reforma ha sido la Comisión Europea. Antes de este último encuentro con los agentes sociales, Escrivá se reunió en dos ocasiones con Paolo Gentiloni, comisario europeo de Fiscalidad y Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, desde 2019.

En concreto, tuvo dos citas en Bruselas los días 26 de enero y 20 de febrero, justo la misma jornada en que Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, llegaba a Madrid para desplegar una misión de eurodiputados que durante tres días analizó la gestión de los fondos Next Generation durante 2021. 

 Fuentes consultadas aseveran que «papeles de los cálculos y del impacto, hay. Lo que pasa es que el Gobierno no los quiere mostrar para que no se vea que los números no cuadran». De ahí la sospecha de que lo tratado con Bruselas esté basado en datos macroeconómicos inflados, que no se corresponden con la verdadera situación del crecimiento económico español ni del empleo a corto plazo y a futuro.

Hoy en día, Escrivá fundamenta la sostenibilidad en que la nueva reforma de pensiones elevará el gasto un 3,5% del PIB, hasta el 15,5%, lo que a su modo de ver es suficiente, teniendo en cuenta el incremento de las cotizaciones, la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y un gravamen de Solidaridad.

Una serie de elementos que para los expertos tiene un efecto neutro, y por tanto, no sirven para paliar el incremento del gasto público que conlleva poder elegir el cálculo de la pensión entre 25 y 29 años, eliminando del cómputo los 24 peores meses de la última opción.

La reforma de las pensiones incluirá ajustes en 2025
Sobre la marcha, el titular de la cartera de Seguridad Social ha ido reescribiendo la reforma de las pensiones. De hecho, con Bruselas llegó a hablar de un aumento del periodo de cotización para el cómputo de estas prestaciones de hasta 30 años, sin opción de elegir.

Luego, y tras encontrar la oposición principal de los sindicatos, ha dado una vuelta de tuerca a una reforma, al gusto de Unidas Podemos, y a la que además ha añadido una cláusula -sin consultar con las fuerzas políticas ni con el principal grupo de la oposición- en la que se compromete a introducir ajustes adicionales en 2025, de manera que, de no funcionar su propuesta, el próximo Gobierno que salga de las urnas se vea obligado a acometer los cambios, toda vez que el Real Decreto Ley, con el que se dará trámite a la medida, sea aprobada este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.

El 12 de marzo de 2019, cuando José Luis Escrivá era presidente de la AIReF, y Pedro Sánchez ya era el jefe del Ejecutivo español, el ahora ministro se expresaba en documentos en estos términos: «En el ámbito nacional, el año arrancó con la publicación, el 9 de enero, de la Opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social, presentada en la última reunión del Consejo Asesor y en la que se constataba la existencia de un déficit estructural en el sistema de pensiones.

En esta Opinión se incluyeron dos propuestas de reforma: la primera consistía en cerrar el déficit a corto plazo del sistema para reducir la incertidumbre sobre el mismo; y la segunda en una profundización de las reformas paramétricas contenidas en la reforma de 2011 para asegurar la sostenibilidad a largo plazo».

Cabe recordar que esa reforma a la que alude fue aprobada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien al final de su mandato se vio obligado a congelar las pensiones como consecuencia de la crisis económica de 2008-2014.

 En ese mismo documento, Escrivá sostenía lo siguiente: «Durante el mes de enero, se realizaron dos intervenciones públicas con fuerte repercusión mediática. En primer lugar, el 15 de enero el presidente [José Luis Escrivá] participó en una jornada organizada por Nueva Economía Fórum, donde fue presentado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Su intervención se centró en la sostenibilidad de la deuda pública, incidiendo en que los elevados niveles de deuda [ya gobernaba Pedro Sánchez] impiden que la política fiscal cumpla con plenitud las funciones de redistribución de la renta y de estabilización macroeconómica».

Lo que oculta Escrivá
Los empresarios no están de acuerdo con esta última reforma de las pensiones, que compromete a España para la recepción del cuarto desembolso de los Fondos Next Generation de la Comisión Europea. La patronal CEOE mantiene que no conoce las proyecciones económicas, y así no pueden hacer propuestas sin saber antes qué cálculos ha hecho el Gobierno sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

 En la clausura de las IV Jornadas de Autónomos organizada por ATA, su presidente, Lorenzo Amor, puso de relieve «la casualidad de que el Ejecutivo esté ocultando las proyecciones» del impacto de las reformas, toda vez que nadie, ni consultoras ni expertos ni economistas se creen los cálculos. Algo, remarcó, que «CEOE tampoco se cree».

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, sostuvo ante la audiencia -y en presencia de Alberto Núñez Feijóo, quien por cierto anunció un compromiso electoral relativo a los autónomos- que «la clave de las pensiones es el empleo, y en concreto, el empleo de calidad», adelantando también que la patronal sigue abierta a seguir trabajando, no sin subrayar que, de momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «esconde la memoria económica de la reforma de las pensiones».

Este martes, y tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, señalaba a la CEOE por no ofrecer propuestas a José Luis Escrivá, quien este lunes volvió a hacer la misma proposición.

Claro que también, ese mismo día, adelantó el responsable de la Seguridad Social que el jueves se podría convocar un Consejo de Ministros, de carácter extraordinario, para aprobar el Real Decreto Ley de esta reforma de pensiones, dando por hecho que los sindicatos firmarán el acuerdo, pero dejando escaso margen de negociación ya con la CEOE.

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