El partido de Abascal había presentado además una petición para revisar la situación del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a fin de instar prisión provisional
Investigacion Judicial 17/03/2023
Impacto España Noticias
El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la legitimidad de distintas formaciones, entre las que se encuentran el Partido Popular de Canarias y Vox, para ejercer la acusación popular en el caso Mediador.
El partido de Abascal había presentado además una petición para revisar la situación del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a fin de instar prisión provisional, igual que Fuerza Canaria Unida Democrática, que también ha pedido entrar, solicita recurrir el auto que le dejó en libertad sin cautelares.
De todo ha dado traslado la juez al fiscal Jaime Serrano-Jover, que, una vez haya informado sobre el acceso de los partidos a la causa, tendrá que pronunciarse sobre esas peticiones de encarcelar al exdiputado socialista, según la documentación del caso.
Este movimiento se produce después de que la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres afeara en el auto de imputación de Fuentes Curbelo que Anticorrupción no hubiera solicitado prisión provisional para él tras su detención. La instructora no podía acordarlo de oficio y, por ello, el político quedó en libertad provisional a pesar de que ella creía que existía riesgo de que destruyera pruebas.
En paralelo, la magistrada dictó ayer un auto que traba cautelarmente todos los bienes del general de división retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, mientras investiga si participó en amaños en contratos públicos y, en concreto, en aquellos que se adjudicaron mientras él lideraba en el Sahel un proyecto financiado con fondos de la Comisión Europea y desplegado por una fundación pública española, la Fiiapp.
Entre los adjudicatarios figura uno de los empresarios implicados en la trama.
La resolución, adelantada ayer por este diario, impone la prohibición de disponer de una batería de inmuebles del general «teniendo en cuenta los tipos delictivos por los que avanza la investigación», entre los que figura el de grupo criminal, y que «prevén penas que implican una responsabilidad pecuniaria».
Se trata así de garantizar hipotéticas responsabilidades civiles.
«Todo ello -dice la juez- sin olvidar que nos encontramos en un procedimiento que continua en fase de instrucción, con la práctica de diligencias y nuevas líneas de investigación dirigidas a detectar posibles irregularidades penalmente reprochables en el ámbito de la contratación pública».
Conforme razona, los delitos objeto de la investigación «aconsejan la medida cautelar solicitada» para «evitar la enajenación y cualquier otra operación de los bienes inmuebles» titularidad del general.
Recuerda que sobre él continúa aún pendiente «recabar y analizar mayor documentación para ultimar su investigación patrimonial», acordada por el juzgado y por la que se libró orden europea de investigación a Bélgica, donde tenía cuenta bancaria y a la Oficina de Recuperación de Activos (ORGA) por si constasen propiedades en el extranjero.
De este modo, la juez resuelve la petición trasladada por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y que ha contado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Solicitaban que se librase oficio a los diferentes Registros de la Propiedad para la anotación preventiva de prohibición de disponer de los inmuebles.
Se trata en concreto dos viviendas urbanas, una en Puerto Umbría (Huelva) y otra en Sevilla. Y un trastero y aparcamiento también ubicados en la capital andaluza y cuya titularidad corresponde al 100% al general. Todo, teniendo además en cuenta, según el auto, los indicios de que podría tener más activos.
Espinosa es el único de la docena de investigados del caso Mediador que se encuentra privado de libertad. Está en prisión desde que fuera detenido el pasado 14 de febrero, en una situación «instrumental» en espera de diligencias que ya se prolonga más de un mes, adoptada para «garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados» si quedaba libre.
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