El Barcelona no ha dado hasta el momento explicación alguna por el ‘Caso Negreira’.

Hace unos días Enric Masip, adjunto a la presidencia del club azulgrana, aseguró que no podían dar esas explicaciones al existir el secreto de sumario, las declaraciones de empleados del club, requeridos por Hacienda y Fiscalía, de las que es deprende que esa explicación no existe.

“No se formalizó por escrito contrato con dicha empresa [Dasnil]. El club desconoce los detalles de la formalización del contrato verbal dado que deberíamos remontarnos a 2001.

Es decir, las personas que debieron negociar dichos contratos no son ya empleadas del club″, respondió por escrito la entidad azulgrana a las autoridades en referencia a la inspección de Hacienda a Dasnil y Nilsad, gracias a la cual se destapó el ‘Caso Negreira’.

“No se puede afirmar quién, por parte del FCB, fue el responsable del encargo de los servicios”, según uno de los documentos que constan en la investigación judicial.

El Barcelona pagó 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 a Enríquez Negreira, ex número 2 de los árbitros españoles. Los pagos dejaron de realizarse en 2018, coincidiendo con la salida de Negreira del Comité Técnico de Árbitros.

Ningún empleado del club ha sabido explicar el motivo real de esos pagos, más allá de los conceptos que recogen las facturas: “Poco más puede decirse en cuanto, como se ha señalado, las personas que negociaron estos contratos ya no forman parte de la plantilla del club”, respondió María Isabel M., en nombre del Barça, a Hacienda.

Ante Hacienda, el Barça tuvo que acabar firmando un acta de conformidad en la que acordó regularizar el impuesto de sociedades y el IVA de los años 2015, 2016 y 2017. El club asumió que no debía haberse deducido ni el IVA ni el gasto en sociedades de las facturas pagadas a Dasnil y Nilsad, que fueron calificadas como una “liberalidad”, un concepto jurídico en el que quien paga lo hace sin esperar contrapartidas.

O sea, una especie de regalo. Según fuentes consultadas por este diario, para el FC Barcelona eso es tanto como aceptar una infracción fiscal, por más que no vaya a tener consecuencias penales al haberse cerrado el acuerdo en la vía administrativa.

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