El juez José Ignacio Vilaplana está decidido a llegar hasta el final en el caso de supuesta corrupción que ha salpicado al marido de María Gámez. La política socialista dimitió como directora de la Guardia Civil el pasado miércoles tras la imputación de su pareja por supuestos delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla designó el pasado mes de diciembre a dos funcionarios de la Intervención General de la Junta de Andalucía para que elaborasen un informe «técnico-pericial» con el fin de esclarecer si tanto Juan Carlos Martínez Martínez, el esposo de Gámez, como dos hermanos suyos, Bienvenido y Manuel –todos ellos investigados– crearon supuestamente un entramado societario para borrar el rastro de los «importantes ingresos» que recibieron de manera irregular a través de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE.

Los peritos fueron citados en el juzgado el pasado 20 de diciembre, como recoge una providencia del 16 de diciembre pasado a la que ha accedido este medio.

Desde entonces, están prestando auxilio judicial al juez instructor y siguiendo sus indicaciones para tratar de aclarar cuántos fondos autonómicos fueron transferidos a Job Management Liberty SL, la consultora administrada por el esposo de Gámez.

 Su hermano Bienvenido Martínez era directivo de la agencia autonómica IDEA, la entidad que concedía préstamos, avales y toda clase de ayudas a las empresas que, después de que él dejara la Administración, contrataban servicios de asesoramiento técnico con su consultora recién creada, Experience Management Group SL, o con la del esposo de la exdirectora de la Benemérita.

El cuñado de Gámez recibió fondos por más de 1,3 millones de euros entre 2009 y 2011, en parte procedentes de organismos en los que ocupaba cargos públicos.

Testigos en el juicio del caso ERE
Los dos interventores que analizan las posibles irregularidades en la concesión de dinero público declararon como testigos en el juicio de la pieza política del caso ERE por la que fueron condenados los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En su testimonio, cuestionaron el sistema ilegal de ayudas a empresas en crisis. María Luisa Raya, que fue interventora desde 2013 del Control Financiero Permanente de la Agencia IDEA (la entidad que pagaba las subvenciones), aseguró que las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE irregulares se dieron sin fiscalización previa y sin control hasta 2011.

Ignacio García Revilla, interventor adjunto a la Intervención General, testificó ante el tribunal que Griñán pudo parar el sistema de ayudas cuando dirigió la Consejería de Hacienda, pero no lo hizo.

Ahora ambos aplicarán sus conocimientos jurídicos de manera independiente para ayudar al juez a esclarecer los hechos delictivos.

La investigación que afecta al marido de Gámez surgió como una rama de la causa de Santana Motor, la empresa automovilística nacionalizada por la Junta de Andalucía que cerró en 2011 tras haber «dilapidar» casi 137 millones de euros de fondos públicos.

El presidente de Santana Motor era Bienvenido Martínez, que está procesado por la concesión a esta factoría de Linares de un préstamo reembolsable de 36,1 millones de euros aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta el 15 de diciembre de 2009.

La Agencia IDEA nunca tuvo intención de recuperar el dinero entregado a Santana, «dada la situación de insolvencia y crisis financiera en que se encontraba dicha entidad desde hacía años».

El marido de María Gámez, conocido por su apodo en el ambiente carnavalero de su pueblo, ha hecho carrera como asesor en los gobiernos del PSOE

El 1 de noviembre de 2009, al día siguiente de cesar como directivo de la Agencia IDEA, el Gobierno andaluz contrató de manera «absolutamente fraudulenta» –según la Policía Nacional– a la mercantil Experience Management Group SL para «la prestación de servicios técnicos» en el centro de negocios que la Junta había montado en Madrid. La empresa la había creado dos meses antes.

El juez sospecha que parte del dinero público que recibió fue desviado a las empresas de sus hermanos para ocultar su verdadero origen. Como avanzó ABC, el 22 de febrero pidió a la Agencia Tributaria las declaraciones de ingresos y datos fiscales de las tres consultoras constituidas por ellos.

Clientes subvencionados por la Junta
La Policía analizó las operaciones con terceros de las sociedades creadas por Juan Carlos, Bienvenido y Manuel Martínez. Job Management Liberty S.L., la consultora del marido de Gámez, fue creada el 12 de enero de 2012.

Ese mismo año, facturó 128.880 euros a Laboratorios Farmacéuticos Rovi, otros 21.789 euros a la malograda fábrica de placas solares Isofotón y 42.664 euros a la matriz de Magtel.

La farmacéutica Rovi acababa de percibir ayudas por un montante total 6.694.752 euros entre 2008 y 2011 de la agencia IDEA donde era directivo su hermano Bienvenido.

La consultora creada por éste, Experience Management Group SL, recibió pagos de Rovi que ascendieron a 501.500 euros entre 2010 y 2011. Esta consultora fue constituida el 4 de septiembre de 2009 y tiene su sede social en un ático de la calle Alcalá de Madrid que coincide con su propio domicilio.

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