Juan Carlos Martínez Martínez, el marido de la ya exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, compro hasta tres casas en apenas cuatro años. Entre los años 2009 y 2012, en plena crisis financiera tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el empresario acudió a un notario para firmar la escritura de compraventa de tres inmuebles valorados en 1.022.000 euros, dos de los cuales fueron adquiridos al 50 por ciento por el matrimonio.

El incremento patrimonial coincidió con la última etapa de Martínez como cargo de confianza en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y asesor de la Junta de Andalucía y con su salto a la empresa privada.

Gámez dimitió la pasada semana como máxima responsable del instituto armado después de que un juez imputara a su marido por supuestos delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. Se le investiga por haber recibido dinero público a través de otra sociedad creada por su hermano Bienvenido Martínez, que había sido directivo de los organismos autonómicos que repartían las ayudas.

  La Policía alertó al juez del «aumento patrimonial» registrado por el marido de Gámez, quien le acusó de incriminarle con conjeturas

 El marido de la exdirectora del Instituto Armado envió un escrito el 2 de marzo de 2022 al juez José Ignacio Vilaplana, quien por entonces lo investigaba en el caso Santana Motor. En su relato, Juan Carlos Martínez reconocía que, en efecto, entre 2009 y 2012 había adquirido tres viviendas, pero por un valor total de 645.000 euros, inferior al millón de euros que aparecía en las escrituras y que recogía la Policía en un informe dirigido al juzgado.

El esposo de Gámez explicó que había firmado tres hipotecas que sumaban 593.000 euros, lo que demostraría que «no tenía capacidad económica para adquirirlas», especificó. Indicó, además, que la segunda de las tres viviendas escrituradas fue vendida poco después por el matrimonio para comprar otra más grande en la misma calle.

El 3 de marzo de 2009, dos meses antes de que el entonces secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, lo fichara como jefe de gabinete, Martínez se compró su primera vivienda en la calle Sainz de Baranda en Madrid por 260.000 euros, hipotecada por la misma cuantía.

Comprado a medias con su pareja
El siguiente inmueble, cuya propiedad compartía al 50 por ciento con la ex alto cargo del Ministerio del Interior, fue comprado el 29 de octubre de 2010 en Málaga. Esta vivienda, por la que ambos pagaron 272.000 euros mediante la firma de otra hipoteca de 266.000 euros, fue «alquilada y vendida al poco tiempo por el matrimonio para adquirir otra mayor al haber tenido un hijo», detalló al juez el marido de Gámez.

La tercera casa es un amplio piso situado en la calle Pacífico de la capital malagueña, de titularidad compartida, que les costó 490.000 euros y fue financiado con otra hipoteca de 400.000 euros.

El 12 de enero de 2012, constituyó la consultora Job Management Liberty SL., que tiene su sede en el domicilio familiar. Ese mismo año, tanto la sociedad creada por él como la de su hermano Bienvenido Martínez, Experience Management Group SL, recibieron «importantes ingresos» de empresas subvencionadas, que se convirtieron en los principales clientes de la familia.

Hasta el 31 de octubre de 2009, el cuñado de Gámez había ocupado el cargo de director de Inversiones Estratégicas de la agencia IDEA, conocida por ser el epicentro de otro fraude, el caso ERE, por el que han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La que fuera responsable del instituto armado dimitió tras la imputación de su esposo por blanqueo de capitales y malversación

 El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga tanto a la pareja de Gámez como a dos hermanos suyos en una causa que trata de determinar el destino de los 1,36 millones de euros que Bienvenido Martínez ingresó entre 2009 y 2011, procedentes en su mayoría de entidades públicas.

En el escrito dirigido al juzgado, Juan Carlos Martínez cargó contra el cuerpo policial 'hermano' de la Benemérita por incriminarle en un supuesto tráfico de influencias en la concesión de ayudas a Santana Motor. Acusó a la Policía Nacional de referirse a su «aumento patrimonial» de manera «tendenciosa» y con «conjeturas».

El juez terminó archivando los cargos contra él en el caso Santana al no apreciar indicios de delito, pero procesó a su hermano Bienvenido, que había sido presidente de la factoría automovilística ubicada en Linares cerrada en 2011. Santana fue un pozo sin fondo de ayudas autonómicas. La Policía cifró en casi 137 millones de euros el dinero dilapidado en esta fábrica nacionalizada por la Junta en 1994, tras la marcha de Suzuki.

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