La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que condene a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, y la inhabilite también para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo, y cree que al no salir del Govern ante el 1-O "asumió que estaba desobedeciendo".

   Serret se enfrenta a una pena de inhabilitación de un año y a una multa de 12.000 euros por presunta desobediencia el 1-O, y en el juicio de este miércoles la fiscal Neus Pujal ha concretado en su acusación que quiere que la inhabilitación afecte también a la posibilidad de ser eurodiputada.

   "A diferencia de otros consellers que se apartaron por ser conscientes de su responsabilidad penal, la acusada decidió seguir, no se apartó", ha señalado la fiscal, que ha añadido que además participó en actos de adhesión de la hoja de ruta independentista, como la presentación de la pregunta del referéndum.

   La fiscal también ha reprochado que Serret no hizo nada para evitar el 1-O a pesar de que había recibido cinco requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) en este sentido y ha afirmado que, "como autoridad pública, tenía un deber reforzado más allá que los particulares" de cumplir con las resoluciones del tribunal.

"NO SE ESTÁN CRIMINALIZANDO IDEAS"
   En el juicio, Serret ha hecho una declaración en la que ha reprochado la judicialización de proceso independentista, a lo que la fiscal ha replicado: "Aquí, señora Serret, no se están criminalizando ideas ni ningún proyecto político. No se ha sentado en el banquillo a una sola persona que votara el l-O. Ha dicho que votar no es delito, es que la Fiscalía no ha acusado a ninguno de los votantes".

   "No vamos a acusar a nadie por sus pensamientos ni ideas, solo por hechos concretos, en su caso por la actitud contumaz, reiterada y obstinada contraria a lo ordenado por el TC", ha añadido la fiscal.

   En su intervención, Serret también ha alegado que tuvo que hacer un juicio ponderativo entre el "mandato" de la mayoría independentista del Parlament a favor del 1-O y los requerimientos del TC.

   En este sentido, la fiscal ha señalado que ante una orden judicial a una autoridad pública "lo que no prevé la Ley Orgánica del TC es que tenga que empezar a deliberar y meditar sobre si ponderar los derechos, ver si tiene más importancia el requerimiento del TC o el supuesto mandato democrático".

   "Si todas las resoluciones judiciales tuvieran que ser sometidas a un proceso de deliberación interna sería un caos, volveríamos a una época anterior al contrato social", ha zanjado la fiscal.

ABOGACÍA DEL ESTADO Y VOX
   La abogada del Estado Beatriz Vizcaíno, también favorable a inhabilitar a Serret por desobediencia, ha destacado que la consellera fue requerida cinco veces por el TC y supuestamente los desoyó, por lo que considera que se dan todos los elementos para condenarla por un delito de desobediencia.

   Ante una posible petición de una atenuante de dilaciones indebidas por la duración del procedimiento, Vizcaíno ha pedido al tribunal tomar en cuenta que Serret fue declarada en rebeldía en 2018 y desde entonces tardó casi tres años a comparecer ante el instructor de la causa en el Tribunal Supremo (TS).

   La presencia de la abogacía del Estado en el juicio ha sido impugnada por parte de la defensa de Serret, que considera que no está legitimada para ejercer como acusación, algo a lo que el tribunal contestará en la sentencia.

   Vox, que ejerce la acusación popular, se ha referido a la sentencia del 1-O que dictó el Supremo en octubre de 2014 y que ya incluía penas por desobediencia: "Son los mismos hechos que han quedado acreditados en este juicio".

   El abogado de la formación, Juan Cremades, ha valorado que la defensa de Serret "no ha aportado ninguna prueba ni hecho esfuerzo probatorio que desvirtúe que, al contrario de resto de miembros del Govern condenados por el Supremo, no desobedeció al TC".

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