A María Gámez la imputación de su marido por un caso de corrupción le ha costado el puesto de directora general de la Guardia Civil. Pero no es la primera vez que el nombre de la anterior responsable del Instituto Armado aparece en el sumario de una investigación penal relacionada con el uso irregular de fondos públicos de la Junta de Andalucía.

En el año 2006, Gámez realizó un curso de formación para altos directivos que fue endosado al fondo fraudulento de los ERE, el programa de ayudas creado para financiar despidos y prejubilaciones en empresas andaluzas en crisis.

María Gámez era delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno regional del PSOE en Málaga cuando se benefició de una beca de 4.333 euros para conseguir el título del 'Curso de Alta Dirección de Instituciones' impartido por la Fundación San Telmo.

La responsable autonómica y otros cinco delegados de la Junta fueron algunos de los 60 alumnos de la citada entidad en Sevilla y Málaga en el curso académico 2006-2007.

  El Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla remitió al Juzgado que instruye el caso ERE el listado de los alumnos becados, donde figura Gámez, junto a otros delegados de Málaga, Sevilla y Cádiz. Uno de ellos es Enrique Benítez Palma, exdelegado de Hacienda en Málaga y uno de los diputados designados por el PSOE para representarlo en la comisión de investigación sobre las ayudas irregulares constituida en el Parlamento andaluz en 2012, tras estallar el escándalo.

Juan Carlos Martínez ocupó un puesto de mando en dos empresas autonómicas en la etapa del PSOE, cuando su mujer era delegada, pero aseguró al juez que en realidad estuvo trabajando como asesor.

Para costear el curso con el que pudieron mejorar su currículum cargos públicos, políticos y sindicalistas, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, el fallecido Francisco Javier Guerrero, concedió una subvención de 260.000 euros a la Fundación San Telmo.

El dinero público se canalizó a través de convenios de colaboración que la Junta firmó entre 2004 y 2010 con el organismo que impartía la formación. En dicho periodo, la fundación concentró ayudas que alcanzaron los 1.052.000 euros para el pago de cursos en distintas ediciones dirigidos a personas con responsabilidades de alta dirección en la Junta de Andalucía.

Coincidiendo con su candidatura a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2015, Gámez se desmarcó de la gestión de dicho curso. Entonces declaró que no tuvo que abonar nada por el mismo, pero tampoco preguntó cómo se financiaba, porque era ofertado por la propia Junta y no apreció nada «preocupante».

El Tribunal de Cuentas condenó a los altos cargos que financiaron los cursos porque «nada tenían que ver» con el objeto del fondo

 El Tribunal de Cuentas dictó una sentencia el 13 de febrero de 2019 en la que condenaba a Guerrero y a su sucesor en el cargo, Juan Márquez, a devolver el dinero entregado a la Fundación San Telmo. El Gobierno andaluz concedió dichas subvenciones «de manera injustificada, de espaldas a la normativa vigente», concluyó el órgano fiscalizador.

Los pagos se hicieron con cargo al programa presupuestario concebido para el mantenimiento del empleo y el fomento del tejido productivo andaluz. El objeto del programa «evidentemente no tiene nada que ver con los cursos de formación a altos directivos de la Junta», advirtió el órgano fiscalizador, que cuantificó en 800.000 euros «el daño causado a los fondos públicos».

En paralelo, se inició un proceso penal. En 2017, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla abrió una pieza separada de la macrocausa de los ERE sobre las ayudas concedidas a la Fundación San Telmo, «sin expediente administrativo alguno» que acreditara su interés público.

La investigación se dirigió contra altos cargos que como Guerrero participaron en la concesión de los fondos, pero no afecta a los alumnos que se beneficiaron de la ayuda.

Aparte de Gámez, obtuvieron títulos sin tener que pagarlos de su bolsillo los actuales alcaldes de Huelva y Granada, los socialistas Gabriel Cruz y Francisco Cuenca, que aspiran a la reelección en los comicios del próximo 28 de mayo.

La anterior instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, archivó dicha causa en abril de 2019 al no apreciar indicios criminales, pero la Audiencia de Sevilla ordenó su reapertura para practicar más pesquisas.

El 'fondo de reptiles'
El programa presupuestario 31L, al que se cargaron las ayudas, fue bautizado por Guerrero como «un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar empresas que necesitaban respirar». Sin saberlo, con aquella confesión realizada a la Policía a finales de 2010, durante la investigación del caso Mercasevilla, abrió las compuertas del tsunami judicial conocido como el caso ERE.

Por el sistema ilegal de ayudas están condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y han entrado en una prisión seis antiguos miembros de sus gobiernos.

Otras instituciones como la Diputación de Sevilla o el Ayuntamiento de Málaga suscribieron convenios con la misma fundación para formar a cargos públicos, con la diferencia de que no se abonaron con cargo al fondo irregular de los ERE.

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FUENTE:ABC