El Tribunal Superior de Londres ha decretado tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser resarcidas por el Estado español, otorgaría a Blasket Renewable Investments LL la garantía de ejecutar la propiedad de la sede del Instituto Cervantes en Londres, así como de la sede de la Agencia per a la Competitivitat de L'Empresa, 'embajada' comercial de la Generalitat de Cataluña.

Además, ha dictado la congelación de las cuentas bancarias controladas por el Instituto Cervantes que están en el banco Santander, según han confirmado fuentes conocedoras del caso.

Estas órdenes provisionales de pago previas al embargo de los edificios situados en 15-19 Devereux Ct Temple y en 17 Fleet Street, responden a la negativa del Gobierno español a pagar las indemnizaciones recogidas en diversos laudos internacionales por los drásticos recortes que sufrió en 2014 la rentabilidad prometida de las plantas renovables en nuestro país como consecuencia de la reforma llevada a cabo por el ejecutivo de Mariano Rajoy.

 Hay que recordar que otros inversores afectados por los recortes han elaborado listas de bienes que podrían ser objeto de embargos entre los que se encuentran los aviones Falcon que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, el citado Tribunal Superior Londres también ha emitido una orden provisional que permite a los titulares del laudo de Antin embargar 120 millones de euros de la reclamación de 925 millones de euros del Gobierno español a The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association tras el vertido de petróleo del Prestige en 2003.

El pasado 27 de enero, el juez Andrew Bakr, magistrado de la Alta Corte de Inglaterra y Gales, registró en Inglaterra un laudo del CIADI (organismo de arbitraje del Banco Mundial) valorado en 40 millones de euros a favor de Blasket Renewable Investments.

Mediante este procedimiento, la compañía afectada por los impagos a los inversores internacionales por los recortes a las renovables formalizó la toma de acciones legales para exigir el desembolso de las indemnizaciones decretadas por el CIADI, que España se ha negado a resarcir, incurriendo en un «inaudito escenario de impago solo equiparable a la actitud de gobiernos como el de Nicolás Maduro», según fuentes de los inversores afectados.

Al registrar el laudo ante la justicia británica, pasa a tener el mismo estatus que una sentencia emitida por la judicatura de las islas. Este no es el único procedimiento en marcha, puesto que Blasket Renewable Investments LL también ha solicitado el registro de otras sentencias valoradas en más de 115 millones de euros, aunque tales procedimientos siguen pendientes de resolución tras los recursos presentados por España.

El 31 de enero de este año, Blasket Renewables Investments LL remitió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una carta solicitando una reunión «para discutir un marco amistoso en el que BRI pueda ayudar a España a cumplir con sus obligaciones de pago ya vencidas» indicando que «la compañía cree firmemente que va en el interés de todas las partes resolver esta situación de manera amistosa».

Ante la falta de respuesta, el laudo siguió en situación de impago, lo que dio derecho a Blasket a usar ciertos procesos de recuperación de activos en los tribunales ingleses. Estos mecanismos se usan típicamente en situaciones que involucran a deudores morosos, pero rara vez aplican estados soberanos, «lo que sitúa a España en una posición muy precaria y ahonda en el problema de seguridad jurídica que se ha venido creando en los últimos años«.

La 'embajada' de la Generalitat
La denominada Oficina Exterior de Comercio e Inversiones de Cataluña en Londres conecta a las empresas catalanas a uno de los mercados más consolidados y una de las economías más dinámicas y emprendedoras del mundo, según se puede leer en su web.

Su director es Òscar Martí y en ella trabajan empresas de todos los sectores, «con especial protagonismo para las empresas de la alimentación , los sistemas industriales y las industrias del diseño».

España acumula 51 denuncias de inversores internacionales que se sienten perjudicados porque la reforma aprobada por el Gobierno español en 2014 redujo drásticamente la rentabilidad prometida en sus instalaciones renovables en nuestro país.

Las citadas fuentes subrayan que «es lamentable que la saga de impagos de España haya llegado tan lejos y haya resultado en la incautación de propiedades del gobierno español en Londres. Los inversores reclamaron en torno a 8.000 millones de euros, pero los pagos que finalmente serán exigidos rondarán los 2.000 millones, menos del 0,2% del PIB de España.

Las empresas afectadas se han ofrecido en repetidas ocasiones a sentarse y encontrar una solución que permita al Gobierno de Sánchez cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y demostrar que España sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera en energías renovables. Hasta ahora, el Ejecutivo se ha negado a participar en esas discusiones. El Ejecutivo debería pagar lo que debe y seguir adelante«.

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FUENTE PRINCIPAL:ABC