Falta de garantias. Este es el principal mensaje que trasladan los grandes inversores a las empresas en las últimas semanas en plena polémica por la mudanza histórica de Ferrovial a Países Bajos. Se considera inestable el marco jurídico y se teme que la incertidumbre regulatoria vaya a más en los próximos meses por tratarse de un año cargado de citas electorales, con las generales como telón de fondo a finales de 2023.

En las reuniones privadas para palpar el ánimo inversor, los ejecutivos empresariales están corroborando de primera mano la preocupación de los grandes fondos por la falta de una previsible política económica y fiscal, como trasladan fuentes financieras.

Sin ir más lejos, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo y con fuerte presencia en el accionariado de grandes empresas españolas como Santander, BBVA, Repsol, Iberdrola o ACS, lanzó este jueves un mensaje en clave política con su voto a favor del traslado de Ferrovial, en donde controla algo más de un 3%, y a pesar de las presiones del Gobierno para frenar la fuga.

Los grandes fondos de inversión lanzaron un aviso a Sánchez al votar a favor de la fuga de Ferrovial a Países Bajos pese a las presiones del Gobierno".

Otros de los grandes fondos del mundo, como Vanguard, Lazard y Fidelity, también respaldaron el plan de los Del Pino y dejaron 'sólo' al Gobierno en su intento de tumbar el traslado de sede desde Madrid, en donde la constructora ha permanecido desde su fundación hace más de 70 años. "Es una opción que se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea", defendió ante los accionistas Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, sobre la decisión histórica de trasladarse a Países Bajos.

La banca, en la diana del Ejecutivo
El sector bancario es el que se siente más atacado por el Gobierno, sobre todo tras la creación de un nuevo gravamen para recaudar unos 3.000 millones de euros y el goteo incesante de críticas del socio de coalición de Sánchez (Podemos) por el encarecimiento de las cuotas hipotecarias en pleno rally del euribor.

Fuentes próximas a los grandes bancos españoles trasmiten que los inversores están preocupados por el exceso de regulación en el sector. Además del impuesto, que entró en vigor en enero, los bancos afrontan ahora una tasa de 250 euros por cada reclamación que reciban de sus clientes después de la creación de la conocida como Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

Un nuevo frente entre Sánchez y los bancos, que ya descuentan con resignación que serán utilizados en la campaña electoral como 'aliados' del PP, como critica en privado un presidente de uno de los grandes bancos del Ibex.

 La 'venganza' de los bancos por el impuestazo
El Gobierno ha recibido críticas de las patronales AEB y CECA por la nueva Autoridad de Defensa al considerar que sería inconstitucional, pero también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pone en duda que el Ejecutivo pueda crear una instancia administrativa para resolver "coactivamente" disputas entre particulares "que se rigen por el derecho privado".

Al igual que los grandes fondos de inversión, los bancos españoles se han cobrado su particular 'venganza' con el Gobierno y facilitaron la mudanza de Ferrovial. CaixaBank, Santander, BBVA y Bankinter cuentan con posiciones pequeñas y no estratégicas en la constructora, pero tenían derecho a ejercer su derecho a voto en la junta histórica del jueves.

Todas estas entidades delegaron el voto en el consejo o decidieron no votar, según distintas fuentes financieras, con lo que también facilitaron el plan de los Del Pino. Fuentes oficiales de los bancos prefirieron no hacer comentarios al respecto. Se trata de un movimiento con una evidente significación política pese a tratarse de una práctica habitual en los casos en los que los bancos controlan participaciones minoritarias y a través en su mayoría de las gestoras.

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