Francisco Javier Marzal Mercader, portavoz de la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial, al amparo del Art. 262 LEC “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción…” 

Formulamos, 

DENUNCIA AMPLIATORIA 3 

Esta denuncia es ampliatoria de la denuncia del 11 de noviembre de 2022, remitida por Javier Marzal en un mensaje de correo electrónico que tuvo como destinatarios al Tribunal Supremo español y a la Comisión Europea, para que ambos conocieran que también se estaba denunciando en el otro organismo. 

Denunciamos a todos los miembros de los gobiernos presididos por Sánchez desde 2018, así como a los siguientes funcionarios públicos: 

PREVIO.- COMISIÓN EUROPEA Y TRIBUNAL SUPREMO 

Este conjunto de denuncias se están tramitando en la Unidad económica F3 y en la Unidad C.1: Política de Justicia y Estado de Derecho como Ares(2023)1525948. 

Desconfiamos de la Dirección General de Justicia y Consumidores, porque su Directora General es Ana Gallego Torres, que anteriormente trabajaba en el Ministerio de Justicia del actual Gobierno de España. La referida Unidad C.1 forma parte de esta Dirección General. 

En este contexto, solicitamos que se de traslado de nuestras denuncias al belga Didier Reynders, Comisario de Justicia y al danés Maarten Verwey, Director General del ECFIN. 

Se recusa a los 10 magistrados, 2 fiscales y 2 Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales) sospechosos de blanqueo de capitales para cometer un delito fiscal, por denuncias tributarias y penales, según se describe más adelante. 

PRIMERO.- TRANSPARENCIA INTERNACIONAL - IPC 

En el informe correspondiente al año 2022, se dice que España vuelve a bajar un punto, por segundo año consecutivo, en el Índice de Percepción de la Corrupción, obteniendo una puntuación de 60 sobre 100. 

España queda muy lejos de los 90 puntos de Dinamarca que lidera la clasificación y de los 66 de media de Europa Occidental. 

SEGUNDO.- GOBIERNO Y PARLAMENTO (SOBERANÍA NACIONAL) 

A) DELITO CONTINUADO DE USURPACIÓN DE ATRIBUCIONES 

Los gobiernos de Sánchez han batido los récords de usurpación de las funciones del Parlamento en cuanto a su función legislativa, con más reales decretos leyes (RDl) aprobados, a pesar de el Presidente Sánchez es el que menos años ha estado gobernando. 

Sánchez ha aprobado 132 reales decretos leyes hasta el 18 de octubre de 2022, a pesar de que antes de ser Presidente prometió “limitar el uso del decreto ley”, lo que constituye otra estafa electoral. 

El 56% de todas las leyes han tenido esta fórmula. En 2022, el Gobierno aprobó 20 reales decretos leyes. 

El artículo 86,1 de la Constitución establece que “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes”. En denuncias anteriores se ha dejado constancia de que no se cumplía el requisito de la urgencia en la mayoría de estos RDl y todas estas normas han tenido carácter de definitivas porque el Parlamento los ha aprobado todos, a pesar de las críticas y oposición parlamentaria. 

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha dejado constancia en sus informes de que los parlamentarios españoles tienen como prioridad la obediencia al partido. En el caso de los parlamentarios cuyo partido político esté en el Gobierno, éste también toma el control del partido y la obediencia se transforma en obediencia al Gobierno. Formar parte del Gobierno es un enorme negocio para los familiares, amigos y afines a cada uno de los ministros. En cuanto a los partidos políticos que apoyan al Gobierno, éstos son beneficiados de forma global (por investidura) y, a menudo, por cada ley que debe ser aprobada; además, suele beneficiarse a la cúpula de estos partidos. 

Nuestras denuncias han acreditado esta situación que está siendo extrema con este Gobierno, llegando hasta el extremo de aprobar un golpe de estado jurídico con la declaración del estado de alarma. 

Igualmente, dentro del partido existe obediencia al jefe del partido y han sido numerosos los cargos que no han sido obedientes y han sido sancionados, incluso expulsados del partido. 

B) RENDICIÓN DE CUENTAS POR DENEGACIÓN DE COMPARECENCIA 

El Congreso de los Diputados ha solicitado 1.970 comparecencias a miembros del Gobierno y 1.045 han sido desatendidas. 

C) PREMEDITACIÓN EN 2022 

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia de España, el Congreso de los Diputados ha permitido su propia suplantación por parte del Gobierno. El Ministerio Fiscal tampoco ha actuado contra este delito continuado de usurpación de atribuciones, previsto en el artículo 402 del Código Penal que tiene la siguiente redacción: “El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”. 

En este escenario, el Gobierno aprobó el Plan Normativo para 2022, donde se dice: “El Plan recoge un total de 368 propuestas normativas, que incluyen 11 leyes orgánicas, 81 leyes, y 276 reales decretos” y éstos son “los datos de propuestas normativas relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2021, y por Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021”. En el Plan Normativo se indica el Ministerio que ha propuesto cada norma. 45 de las 368 normas (12%) transponen derecho de la Unión Europea. 

En este Plan Normativo para 2022, el Gobierno decide que 2022 va a ser otro año de hiperactividad legislativa que conlleva aumentar la baja calidad de las leyes. Además, el Gobierno ha decidido que el 75% de las normas se van a realizar sin control parlamentario, es decir, sin respetar la representación de la soberanía nacional (artículo 66 de la Constitución española).

Este hecho refleja que España tiene un gobierno antidemocrático que usurpa las funciones legislativas al Parlamento (Cortes Generales) y que en España no existen contrapoderes efectivos contra la actuación totalitaria del Gobierno. 

TERCERO.- LIBRE DESIGNACIÓN DE ALTOS CARGOS. IMPUNIDAD 

La organización de los funcionarios públicos se establece en 30 niveles. El nivel 30 es el más alto y la Administración del Estado tiene 2.929 cargos de nivel 30, entre los ministerios y sus agencias. 

Estos cargos son de libre designación, por lo que son los políticos quienes los eligen y, por tanto, obedecen las prioridades políticas que son: 1) obtención de votos, 2) corrupción (propia, del Gobierno, institucional y de los partidos políticos) y 3) cumplir con sus obligaciones del cargo. 

Todos los altos cargos de los organismos autónomos son nombrados por el Gobierno, de forma que no son autónomos sino que también obedecen a las mismas prioridades descritas de los altos cargos funcionariales. 

Esta libre designación es la base de la total politización del sector público y de la eliminación de los controles propios de las instituciones al Gobierno, proporcionando un total encubrimiento de las irregularidades del Gobierno que deriva en una total impunidad. 

CUARTO.- OPACIDAD. CONSEJO DE TRANSPARENCIA 

Los datos de solicitudes de información al organismo público Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), iniciados en diciembre de 2014

Hasta 2020 ha habido un elevado crecimiento, probablemente debido al aumento de personas conocedoras del portal de CTBG, pudiendo ser irrelevante el mismo, así como el decrecimiento en 2022, a efectos de esta denuncia. 

En febrero de 2023, se habían finalizado la tramitación de 58.959 solicitudes, con un 60,61% concedidas, es decir, con un 60,61% de reconocimientos de falta de transparencia del sector público. 

35.733 reconocimientos de falta de información pública supone un sector público poco transparente, siendo lo más preocupante que, a menudo, las administraciones públicas no cumplen las resoluciones del CTBG, habiendo 290 resoluciones judiciales hasta 2021 que así lo acreditan, además de las referidas en este conjunto de denuncias. 

La falta de transparencia es un instrumento y una prueba de corrupción. 

QUINTO.- VALORES DE LOS FUNCIONARIOS ESPAÑOLES 

España tiene un grave problema en la forma en que designan los políticos y los altos cargos funcionariales, porque impide la existencia de contrapoderes institucionales del partido que gobierna. En cuanto al partido político en la oposición, debido a la alternancia en el Gobierno de los dos mayores partidos políticos (bipartidismo), la prioridad consiste en encubrir esta corrupción estructural y sus consecuencias. 

Los partidos políticos tienen como prioridad conseguir votos para obtener poder institucional y la mayoría de sus miembros, mediante la corrupción, tienen como prioridad enriquecerse personalmente a cambio de financiar al partido político. 

Estos valores son incompatibles con una democracia, con el Estado de Derecho, con los valores europeos y con el interés general. 

Los altos cargos en España cumplen esta norma de obediencia, igual que en las mafias, por haber sido designados por los propios miembros del Gobierno. 

También los funcionarios europeos nombrados por el Gobierno, tienen esta obediencia al Gobierno, no sólo para respetar esta norma española, sino también pensando en su regreso a España. Por tanto, ningún funcionario europeo, nombrado por el Gobierno de España, va a respetar los valores europeos y su compromiso con la Unión Europea. 

Nos causa gran preocupación para España y para la Unión Europea, que la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, la ocupe la española Ana Gallego Torres, que anteriormente ocupaba el cargo de Directora General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, nombrada por el actual Gobierno de España. 

Por este motivo, tenemos dudas del resultado de la tramitación de nuestras denuncias por disfunción del Estado de Derecho y del Informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho español. 

A los miembros del gobierno, altos cargos y parlamentarios, se les permite la corrupción siempre que obedezcan al partido político que le ha nombrado y, a veces, aportando parte de los beneficios para financiar al partido. 

SEXTO.- CONSEJO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS) 

En el apartado D) del epígrafe DÉCIMO SEXTO de la denuncia ampliatoria del 27.01.2023, se denunciaban varios hechos referentes al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y a su controvertido Director Tezanos. 

Según la Intervención General del Estado (IGAE), el CIS de los gobiernos de Sánchez es el más caro de la historia, superando por primera vez los 10 millones de euros en los once primeros meses de 2022. 

En los once primeros meses de 2022, el CIS costó 10.892.000 euros, creciendo un 32,5% respecto de 2021, debido a las elecciones de 2023. En 2017, último año de Gobierno de Rajoy, el CIS costó 4,7 millones de euros, en los once primeros meses, es decir, menos de la mitad que en 2022. 

Estos datos suponen un delito de malversación en beneficio del Gobierno y un delito electoral. 

El 31.03.2023, la Ministra Ione Belarra ha pedido explicaciones al Director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por manipular el resultado de las encuestas publicado en el Barómetro de marzo, con el objetivo de perjudicar a su partido político PODEMOS, calificándolo de “situación gravísima y sin precedentes”. Se acusa al Director del CIS de haber reducido artificialmente los datos, eliminando a quienes votarían a la futura escisión de PODEMOS en Sumar, pero el CIS ocultó este cambio. 

SÉPTIMO. DELITOS ELECTORALES 

La Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET) está denunciando mediática y judicialmente lo siguiente: 

A) ELECCIONES GENERALES DE 2018 

Correos tramitó un 30% de votos menos que en las anteriores. 

El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez fue sancionado por la Junta Electoral Central por utilizar su despacho en la campaña electoral para una entrevista en el canal de televisión La Sexta en víspera de las elecciones, incumpliendo la Ley Electoral. Es la primera vez que se sanciona a un Presidente del Gobierno por esta infracción. 

B) ELECCIONES 2023 

1º.- El Gobierno ha realizado un empadronamiento masivo a extranjeros mediante la Ley de Memoria Democrática, se proporciona nacionalidad española a descendientes de exiliados durante la guerra civil, para que puedan votar. Según el INE, en 2019 había más de dos millones de extranjeros adultos con pasaporte español (un 6% de los electores). 

Según Eurostat, en 2021 España fue el país que más extranjeros nacionalizó, llegando a 144.000 (17% de todas las que hubo en la UE). 

La Junta Electoral investiga altas injustificadas en el censo de 53 pueblos. En tres de ellos, la oposición afirma que “tanto nuevo votante puede significar una mayoría absoluta”. El alto número de poblaciones indica una coordinación entre ellos. 

El 04.04.2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica para las “Elecciones Municipales y Autonómicas de 28 de mayo de 2023” la “Relación, a 04 de abril de 2023, de las Entidades Locales que en los seis meses anteriores a la convocatoria han registrado un incremento de residentes significativo y no justificado y han dado lugar a la comunicación a la JEC prevista en el artículo 30.c) de la LOREG”.

En total se registra ese aumento excepcional en el censo de 237 municipios, justo antes de que se cierre el censo para las elecciones del 28.05.2023. En algunos casos el censo ha aumentado más de un 60%. 

Dada la alta tasa de criminalidad en los ayuntamientos, es poco probable que los Alcaldes de estos municipios sean condenados penalmente por la evidente falsedad documental, prevaricación y delito electoral, hasta la fecha en grado de tentativa. 

2º.- Cambios en el Consejo de Administración de la empresa Indra 

Indra lleva años recontando los votos de forma telemática y proporciona los datos oficiales de las elecciones. Dada la participació0n estatal en el accionariado de Indra, el Gobierno ha sustituido a varios consejeros poniendo a personas afines. 

En mayo de 2022, el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha aumentado la participación pública en Indra desde el 18,75% hasta el 28%. La SEPI forma parte de la Comisión de Nombramientos. 

En junio de 2022, Indra cesa a cuatro consejeros independientes y no se renovó a otro. Con los nombramientos de los sustitutos, dos Consejeros dimitieron. Con los nuevos nombramientos, la SEPI consigue un Consejero más, aumentando el número de Consejeros afines. 

El 13 de septiembre, el Consejo de Ministros aprueba que el fondo que gestiona Joseph Ooughoutlian, Presidente de PRISA, llegue hasta el 9,99%% de Indra desde el 4,18%. 

El 3 de noviembre de 2022, el diario financiero Capital Madrid publica un artículo con el siguiente titular: “Los analistas advierten del riesgo de un aumento del control público sobre Indra”. 

En marzo de 2023, por iniciativa del gobierno, Indra ha sustituido a su Consejero Delegado Ignacio Mataix, desplomándose su valor buirsátil, porque internacionalmente no se entiende este poder institucional. 

3º.- Cambios en la regulación del voto por correo 

El voto por correo suele ser muy importante, incluso decisivo, en las Elecciones Generales. El Gobierno ha eliminado la solicitud previa por parte del elector mediante la Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley del Régimen Electoral General. Se elimina el requisito de que el votante tuviera que solicitar el sobre electoral y de la identificación del votante, lo que facilita el fraude masivo. 

4º.- Sustitución del Presidente de Correos 

En junio de 2020, el Gobierno puso de Presidente en la empresas estatal Correos al Jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Lo primero que hizo fue cambiar la metodología de la custodia del voto por correos. 

5º.- Numerosas ayudas públicas 

Las numerosas ayudas públicas de 2022 y 2023 son consideradas como una forma de comprar votos. 

OCTAVO.- ENTES PÚBLICOS 

Oficialmente España tiene 5.122 entes, según el inventario actual del sector público institucional (SPI). Estas empresas públicas, fundaciones y otras organizaciones se utilizan para desviar fondos públicos, enchufar a allegados a los políticos con los mayores sueldos y beneficios laborales de todo el sector público. A menudo ni siquiera trabajan, pero cobran un salario y cotizan a la Seguridad Social para tener una jubilación contributiva. 

En el inventario del 1 de julio de 2022, las Comunidades Autónomas tenían 1.802 entidades públicas. 

Hay 160.000 empleos que no tienen identificada la administración pública a la que pertenecen. 

Los municipios tienen 4.291 entes públicos: casi 1.500 sociedades públicas, 768 organismos autónomos, 728 fundaciones, 714 asociaciones, 474 consorcios, 57 entidades públicas empresariales y 57 comunidades de usuarios. Muchas de ellas no tienen actividad, pero tienen empleados, y la mayoría proporcionan servicios que deberían proporcionar los Ayuntamientos, pero se hace de esa forma para malversar fondos públicos. 

Entre otros bienes municipales, destacan una escuela taurina, un club de fútbol, un circuito de coches, un puerto deportivo o una fundación a un monumento. 

NOVENO.- CONTRATOS PÚBLICOS 

Según el informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon), los contratos públicos (estatal, autonómico y local) con un único licitador han sido altísimas desde 2019 y han batido un récord en 2022

Resulta ridículo que la OIReScon, encargada de supervisar los contratos públicos, sólo tenga una plantilla de 25 personas. 

FONDOS EUROPEOS 

A) Situación. CEOE y Gobierno 

El 7 de febrero de 2023, la patronal empresarial CEOE publicaba su cuarto informe de seguimiento de los Fondos Europeos Next Generation EU, donde se dice: “España se sitúa a la cabeza en la recepción de fondos transferidos por la UE. Sin embargo, es importante trasladar esta velocidad de llegada de los fondos Next Generaion a la economía real”, “a nivel de ejecución, los datos oficiales del 20 de diciembre de 2022 señalan que se ha producido un despliegue de 22.000 millones de euros en convocatorias hasta la fecha, con datos de la Administración General del Estado (AGE). Más aún, de esta cantidad solo 9.500 millones de euros están destinados al sector privado, alrededor de un 43% del total”,

“La primera convocatoria para la línea industrial del PERE VEC tardó más de seis meses en resolverse, al igual que la línea para proyectos del PERTE de Economía circular en publicar sus bases. Mientras tanto otros sectores siguen esperando el anuncio de publicación de convocatorias clave como la del PERTE CHIP o las ayudas correspondientes a la línea 1 del PERTE de Economía Circular” y “La falta de estandarización de aspectos determinantes como la responsabilidad solidaria de las empresas y la flexibilización de los avales constituye otra de las barreras fundamentales para concurrir a las convocatorias, sobre todo para las PYMES“. 

En definitiva, la CEOE sigue, por cuarta vez, dejando en evidencia que son las decisiones del Gobierno las que han hecho que los fondos europeos no estén cumpliendo con su cometido. 

El 16 de febrero de 2023, el Gobierno ha publicado su III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación. En dicho Informe se dice que, a fecha 31 de diciembre de 2022, se han ejecutado más de 23.300 millones de euros: más de 19.200 millones de euros por parte del Gobierno de España (82%).

En el mismo Informe se dice que “En 2023, en solo un mes, se ha autorizado un tercio de los recursos presupuestado este año”, evidenciando, una vez más, que el Gobierno no ha querido recuperar la economía, para hacerlo en el año de 2023 porque es un año electoral, constituyendo otro delito electoral y otro delito de mala administración. 

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), con fecha 21 de diciembre de 2022, ha aprobado el Informe Anual de Supervisión de la contratación pública de España de diciembre de 2022 (IAS 2022), sobre los datos de 2021.

En este Informe se constata que el Gobierno de España adjudicó casi 31 mil millones de euros, los ayuntamientos algo más de 30,5 mil millones de euros y las Comunidades Autonómicas casi 35,5 mil millones de euros, por lo que el citado 82% en la asignación de los fondos europeos supone una centralización absoluta con el objetivo de no asignar todos los fondos y de privilegiar a los afines al gobierno, ya que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tienen gobiernos más repartidos entre todos los partidos políticos; además, supone un alejamiento de las necesidades reales. 

B) Resolución del problema de personal 

El Gobierno, mediante el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre de 2022, donde “se aprueba una oferta de empleo extraordinaria de 1.000 plazas” porque “En un contexto de importante aumento de los procedimientos y expedientes de gestión económico-financiera y fiscalización como consecuencia de la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación financiadas con los fondos europeos, Next Generation EU, se hace necesario reforzar las administraciones locales”. Sin embargo, en 2022 se superó la cifra récord de 3,5 millones de empleados públicos, 408.400 más con los gobiernos de Sánchez. 

Por si no fuera suficiente, en el Consejo de Ministros del 07.02.2023, se aprobó al Ministerio de Hacienda “la suscripción de un encargo a la Sociedad Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) para la prestación del servicio para la asistencia y dinamización de la participación de Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe máximo de 69.029.389,11 euros” y “13.961.511,45 euros en el Ministerio de Hacienda y Función Pública para formalizar un encargo a favor de la Sociedad Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) para la prestación del servicios para la asistencia y dinamización de la participación de Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

´No parece razonable que una empresa pública dedicada a temas agrarios, preste servicios administrativos. 

En cualquier caso, estos dos hechos demuestran que el Gobierno no tenía intención de reparar, al menos en parte, el daño histórico causado a la economía española y a la europea. 

C) Conclusión 

Aunque sea el Gobierno con miembros peor preparados de la historia, consecuencia de la decadencia, es evidente que el retraso en la adjudicación de los fondos europeos, así como el mayor destino al sector público para alimentar la corrupción, son decisiones premeditadas. 

DÉCIMO PRIMERO.- PUERTAS GIRATORIAS (REVOLVING DOORS) 

Son numerosos los altos cargos de las administraciones públicas que pasan al sector privado para aprovechar sus contactos o en pago por decisiones corruptas que favorecieron quienes después les contratan. 

En 2013, el Gobierno de Rajoy fusionó seis organismos públicos para crear la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esos seis organismos tenían regímenes específicos de incompatibilidades de los altos cargos en cuanto a cuando dejaran de serlo, para evitar las puertas giratorias. 

La CNMC no tiene estas limitaciones por lo que cerca de 70 políticos, cuando les relevaron de sus cargos pasaron a la gran empresa, sobre todo de los sectores de actividad económica que la CNMC regula. Dos tercios pasaron a empresas del IBEX-35 o participadas por éstas, 17 en otras grandes empresas y 22 en bufetes o consultoras. 

Estos políticos son contratados para que beneficien a las empresas mediante el tráfico de influencias. 

En 2022, tres altos cargos de organismos reguladores han pasado al sector privado: Reyes Aguado (Competencia) ha pasado a la consultora Etalia, Paloma Espeja (Energía) ha pasado a Iberdrola y Josep María Guinart (Competencia) está en la patronal catalana Foment del Treball. 

Hasta el 15 de junio de 2021, la Oficina de Conflictos de Intereses, creada en 2015, ha registrado nueve casos de incompatibilidades de ser un alto cargo público a pasar a la empresa privada. 

DÉCIMO SEGUNDO. GASTO PÚBLICO 

En las denuncias anteriores se ha hecho referencia a varias actuaciones dirigidas a aumentar el gasto público todo lo posible para empobrecer a la población de forma que aumenten su dependencia de las ayudas públicas. 

A pesar de aumentar los ingresos públicos todos los años, se ha incurrido en déficit público todos los años, aumentando la deuda pública. 

Como se dijo en la primera denuncia y ahora se completa con 2022, el Gobierno ha incumplido sistemáticamente los compromisos de déficit y deuda pública establecidos por la Unión Europea, alejándose de los límites fijados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establecían las cifras por encima de las cuales se compromete gravemente la economía presente y futura. 

A) En cuanto a las ayudas de 2022 (año preelectoral), el Banco de España advirtió que la mayoría de las ayudas con la bajada del IVA de la electricidad, el gas y los alimentos ha ido a los más ricos, concretamente 3.700 millones de euros, frente a 2.100 del tercio más pobre. 

B) En el informe “Income support for working.age individuals and their families”, publicado en diciembre de 2022, la OCDE afirma que antes del COVID, sólo el 12% de la redistribución social que hacen las instituciones llegaron al 20% de las rentas más bajas en 2019; sin embargo, se destinaba el 30% al 20% de las rentas más altas. Por tanto, en España existe confiscación que produce lesiones físicas y psíquicas, además de empobrecimiento generalizado. 

C) Según Eurostat, España es uno de los países de la Unión Europea que menos reduce la pobreza con las transferencias sociales. 

D) BONIFICACIONES AL TRANSPORTE DE RESIDENTES EXTRAPENINSULARES. La AIRef ha manifestado que el 1% de los más ricos se llevan el 20% de las ayudas que suponen 700 millones de euros anuales. 

E) BONO SOCIAL TÉRMICO. La prensa ha destapado casos como el del Vicepresidente de la Comunidad de Madrid que, cobrando más de 100.000 euros anuales y con un patrimonio reconocido de 1,4 millones de euros, percibe el bono social térmico para calefacción y agua caliente, supuestamente dirigido a familias vulnerables, por tener una familia numerosa. En el otro bando, la política izquierdista Mónica García, líder de Más Madrid, también ha cobrado este bono. Las familias numerosas reciben una docena de ayudas estatales, además de las autonómicas y las locales, que no tienen en cuenta los niveles de renta de los beneficiados. 

DÉCIMO TERCERO.- DEUDA PÚBLICA RÉCORD EN 2022 

A pesar del récord en ingresos públicos, 2022 finalizó con una deuda pública récord, por primera vez la deuda pública supera los 1,5 billones de euros, concretamente 1.502.505 millones de de euros. Cada español debe más de 31.555 euros por habitante, mientras el 30.06.2018 en 2018 debía 24.732 euros; por tanto, cada español debe 5.800 euros. 

La deuda pública aumentó en 2022 en 75.267 millones de euros, a pesar del aumento de los ingresos en un 8,1% (42,693 millones de euros). 

2022 ha cerrado con una deuda de 31.288€ por habitante, 1.244€ más que 2021. 

La deuda pública era innecesaria, pero el Gobierno ha aumentado el gasto público por encima del enorme incremento de los ingresos para aumentar el endeudamiento público. 

DÉCIMO CUARTO.- DISPUTAS INTERNACIONALES. IMPAGOS 

A) DISPUTAS CON ARBITRAJE INTERNACIONAL 

En el Índice de Cumplimiento del Estado de Derecho Internacional de 2022 (International Rule of Law Compliance Index 2022), aparece España como el tercer país del mundo con más disputas con inversores, sólo superado por Venezuela y por Argentina. España ha tenido 50 laudos o disputas de arbitraje internacional con inversores (ISDS), teniendo 35 pendientes de resolver. La mayoría están relacionados con cambios legislativos sobre las energías renovables que perjudicaban inversiones extranjeras. 

B) IMPAGOS 

En el Índice de Cumplimiento del Estado de Derecho Internacional de 2022, España es el segundo país del mundo, tras Venezuela, que más veces no paga cuando ha perdido en disputas de arbitraje internacional. 

Un mes después de la persecución contra Ferrovial, se embarga judicialmente el inmueble del Instituto Cervantes en Londres y las cuentas bancarias en el Banco de Santander de este Instituto en el Reino Unido, como parte de los embargos porque España no asume las decisiones judiciales inglesas por las responsabilidades patrimoniales derivadas de los recortes a las renovables en 2014. También se han embargado parte de las indemnizaciones que las aseguradoras tienen que pagar a España por el desastre del petrolero Prestige, en las costas gallegas hace 20 años. 

Varias empresas españolas y extranjeras de inversión han instado litigios en la corte de arbitraje internacional del Banco Mundial (CIADI) que, tras la decisión del Gobierno de España de no pagar lo acordado, han finalizado en embargos de bienes públicos españoles en el extranjero. Entre los implicados se encuentran el Deutsche Bank, HSBC, BNP o el fondo de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). 

DÉCIMO QUINTO.- DESEMPLEO 

En denuncias anteriores se ha dejado constancia de la falsificación de los datos, utilizando varios mecanismos fraudulentos para cometer un delito electoral en el triple año electoral de 2023 (generales, autonómicas y municipales). 

En febrero de 2023, Eurostat ha publicado datos que contradicen los datos del Gobierno español, acreditando los delitos de falsedad documental denunciados. 

España ha cerrado 2022 con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea (13,1%), superando a Grecia en junio de 2021, y con el mayor número de desempleados, perjudicando a España y a la Unión Europea. 

En 2022, las otras tres grandes economías de la Unión Europea y de la Eurozona, redujeron el desempleo un 3,8% (Francia), un 6,8% (Alemania) y un 11% (Italia). La Unión Europea redujo el desempleo un 3,8% en 2022. 

En 2022, España redujo el desempleo en 10.000 personas un 0,3% menos que en 2021. Como se dice en las denuncias anteriores, esta reducción se debe al aumento de los funcionarios públicos, aumentando el gasto público y la deuda pública. 

En las Islas Baleares hay 33.731 desempleados, pero 78.688 trabajadores están cobrando el desempleo. 

DÉCIMO SEXTO.- EXPLOTACIÓN LABORAL MÉDICOS DEL MIR 

Durante años, también antes de la declaración de la pandemia del coronavirus, los medios de comunicación han informado del deterioro de la Sanidad pública española, argumentando que se debe a decisiones políticas e incluso hablando de la “crisis de la sanidad pública”. 

En el Barómetro Sanitario de 2014, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para el Ministerio de Sanidad, muestra el continuo descenso de la confianza de los españoles en la Sanidad pública durante los cuatro últimos años (2011-2014), obteniendo la peor puntuación desde 2008. Peor aún es la percepción sobre el funcionamiento de los servicios, que baja más de un 15% durante los últimos cinco años (2010-2014), desde un 73.88 hasta un 62.7. 

El Círculo de la Sanidad publicó el informe: “La sanidad española en cifras” que refleja la disminución del gasto sanitario un 4,6%, la reducción de camas hospitalarias (1,98% entre 2012 y 2014), aumentando las listas de espera un 36% y el tiempo de espera de las intervenciones quirúrgicas, destacando las de traumatología que pasaron de 90 días en 2012 a 111 en 2015. todo ello referido a la Sanidad Pública. 

El informe “La década perdida, mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018” de Amnistía Internacional, se dice: “El PIB ha subido un 8,6% mientras el gasto sanitario público se ha reducido en un 11,21%”. Cabe añadir que el gasto público aumentó todos los años entre 2009 y 2018. 

Otra de las principales causas del deterioro de la Sanidad Pública, se debe al “maltrato laboral” que alegan recibir los médicos jóvenes. El 28 de marzo de 2021, el diario español El País publicó un artículo con el titular “Los sanitarios que nunca debieron irse”, donde se dice: “El sistema nos maltrata y nos escupe fuera”, llegando a afirmar un médico joven que “Mi generación fue la primera en la que su principal opción era la privada o marcharse fuera. No había más salidas”.

Se dice que “El número de médicos y profesionales de la enfermería que emigran crece desde la Gran Recesión de 2008”. Por tanto, no existe un problema de falta de médicos formados, sino de limitación institucional al número de médicos ejercientes en la Sanidad Pública. Por lo que cabe preguntarse los motivos por los que todos los políticos, de todas las tendencias políticas, teniendo más recursos deciden gastar menos en sanidad. Sin duda hay dos motivos principales que, además, son comunes a las decisiones políticas:

1) Maximizar el dinero público para obtener más votos en las siguientes elecciones y 2) reducir el gasto público para aumentar la malversación y oras formas de enriquecimiento de los políticos y de financiar los partidos políticos. Lógicamente, si España tuviera un Estado de Derecho, éste impediría que existieran estas prioridades. 

En la Asamblea de los Colegios Oficiales de Médicos de España, celebrada los días 14 y 15 de octubre de 2022, los vocales representantes de los médicos jóvenes denunciaron su situación. Citaron un informe realizado por la sección nacional de médicos jóvenes del Consejo General de Médicos (CGCOM), donde se afirma que prácticamente todos los hospitales de España tienen servicios que no permiten que sus médicos jóvenes descansen ras 24 horas de trabajo seguido, según establece la ley, con jornadas de 72 horas semanales, sin pagar las horas extras y trabajando horas establecidas para la docencia.

Afirman sobre esta situación que “Esto supone un riesgo enorme para la salud del médico joven, con tasas preocupantes de trastorno mental y consumo de sustancias por culpa del maltrato laboral, pero aún más para los pacientes, que son atendidos por profesionales que no se encuentran en óptimas condiciones”, sentencia el doctor organizador de la Asamblea. Varios medios de comunicación especializados hicieron referencia a esta Asamblea y al informe que aportaba datos de un estudio realizado entre abril y mayo de 2022. 

En enero de 2023, el español Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha publicado un documento titulado “Recomendaciones para la mejora de las condiciones de los Médicos Internos Residentes (MIR) en España” y el subtítulo: “Resultados del Estudio sobre jornadas laborales y descansos de los MIR en España” que es el estudio citado en la Asamblea.

La introducción de este estudio comienza diciendo: “Los Médicos Internos Residentes (MIR) suponen una parte importante de la fuerza de trabajo que presta atención a los pacientes en centros hospitalarios y extrahospitalarios, especialmente en el contexto de las guardias. Las condiciones en las que se desarrolla de trabajo de este colectivo están relacionadas con la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente. La evidencia científica disponible apunta a que existe un importante problema en lo relativo a la salud y el bienestar profesional en este colectivo.

Trabajar más horas de lo legalmente establecido y no realizar los descansos obligatorios, tienen una estrecha relación con el deterioro del bienestar psicosocial de los MIR en lo relativo a aumento de las tasas de problemas de salud mental y burnout. La existencia de indicadores de riesgo en lo relativo a burnout y problemas de salud mental está relacionado con problemas e incidentes de seguridad del paciente y errores percibidos.

De acuerdo con un estudio, el 10% de los médicos con burnout habrían cometido un error médico significativo en los 3 meses previos y tendrían resultados bajos de satisfacción por parte de los usuarios de los servicios”. La mayoría de los grandes medios de comunicación han publicado noticias sobre este documento. 

En este documento del CGCOM se dice que hay 30.377 MIR. Según el Ministerio de Sanidad, en 2021 España tenía 136.344 médicos trabajando en la Sanidad Pública. 

En este documento del CGCOM se dice lo siguiente: “En nuestro país el marco legal laboral de aplicación a médicos especialistas en formación, está recogido en la transposición de la Directiva Europea del Trabajo (2003/88/CE)(13) en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto del Trabajador que disponen tres cuestiones fundamentales:

1. La jornada laboral máxima de 48 horas semanales en cómputo semestral de jornada efectiva de trabajo. 2. Descanso diario de al menos 12 horas entre jornadas laborales. 3. Descanso semanal de al menos 36 horas por semana o descanso compensatorio de 72 horas en dos semanas. No obstante, existen varios problemas e incongruencias entre la mencionada normativa de rango superior y los Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que regulan la relación laboral de carácter especial de los residentes y los programas formativos de las distintas especialidades”. La primera consideración consiste en la corrupción legislativa de las Comunidades Autónomas que aprueban leyes contrarias a las normas de rango superior, existiendo una transposición insuficiente de la DIRECTIVA 2003/88/CE. 

El artículo 3 de la mencionada DIRECTIVA (UE) establece que: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas”. S

in embargo, las “guardias en los residentes pueden ser módulos de jornada complementaria a definir por los servicios de salud, aunque lo habitual es que sean de 17 o 24 horas, dependiendo si la persona tiene un turno ordinario de 7 horas ese mismo día”. De esta forma está generalizado el incumplimiento del derecho al “descanso adecuado” establecido en este artículo 3 de la DIRECTIVA 2003/88/CE. 

En el estudio se dice: “El RD 1146/2006 establece la obligatoriedad de la realización de guardias en el personal especialista en formación. Asimismo, dispone que el número de guardias será el que establezcan los programas formativos y que en ningún caso superará las 7 guardias al mes. La mayoría de los programas formativos establecen horquillas de entre 4-6 guardias obligatorias por mes.

A pesar del problema de indefinición, haciendo una lectura lo más restrictiva y perjudicial para el MIR posible, si un residente trabajase más de 4 guardias al mes de 17 horas estaría incumpliendo el máximo de 48 horas a la semana que fija el ordenamiento jurídico de rango superior”; sin embargo, se sigue aplicando esta norma, por lo que existe una transposición insuficiente de la DIRECTIVA 2003/88/CE. 

Continuando con el estudio: “En el 80,49% de las plazas de residente se incumple la normativa de máximos de jornada y se realizaron 5 o más guardias en el último mes”. “Las especialidades que realizan un mayor número de guardias al mes fueron Neurocirugía (6,15), Medicina Intensiva (5,72), Cirugía Oral y Maxilofacial (5,60) y Cirugía General (5,58)”.

Resulta especialmente peligroso que sean los cirujanos los que menos tienen un “descanso adecuado”. “De media, no se realizo el descanso diario obligatorio post-guardia en el 13% (1.334/10.175) de las ocasiones”. “Por grupos de especialidades destacan las especialidades quirúrgicas con un 39% de tasa de no libranza frente al 14% de ginecología y especialidades médicas no asistenciales”. “El 47% de los MIR no tuvieron descanso después de su última guardia de sábado el lunes siguiente o viernes”. 

El artículo 5 de la DIRECTIVA 2003/88/CE tiene la siguiente redacción: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3”. Ya se ha dicho que el 80,49% de los MIR no disfrutan las “11 horas de descanso diario”. 

El artículo 6.b) de la DIRECTIVA 2003/88/CE establece que: “la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días”. Los mismos 80,49% de los MIR exceden de las 48 horas de trabajo semanales. 

El artículo 8.a) de la DIRECTIVA 2003/88/CE establece que: “el tiempo de trabajo normal de los trabajadores nocturnos no exceda de ocho horas como media por cada período de 24 horas”. Los mismos 80,49% de los MIR exceden de las 8 horas de media de trabajo diario. 

En el artículo 8.a) de la DIRECTIVA 2003/88/CE se dice que: “los trabajadores nocturnos cuyo trabajo implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes no trabajen más de ocho horas en el curso de un período de 24 horas durante el cual realicen un trabajo nocturno”. El trabajo de los MIR implica un riesgo especial para los pacientes y altas tensiones mentales por la responsabilidad de la salud de los pacientes. Los mismos 80,49% de los MIR exceden de las 8 horas de trabajo diario. 

El artículo 2.9) de la referida DIRECTIVA (UE) tiene la siguiente redacción: “descanso adecuado: períodos regulares de descanso de los trabajadores, cuya duración se expresa en unidades de tiempo, suficientemente largos y continuos para evitar que, debido al cansancio o a ritmos de trabajo irregulares, aquellos se produzcan lesiones a sí mismos, a sus compañeros o a terceros, y que perjudiquen su salud, a corto o a largo plazo”.

Las cifras aportadas por el estudio del CGCOM, evidencian que los MIR no tienen un “descanso adecuado” convirtiéndose en un peligro potencial para la salud propia, la salud de otros sanitarios y la salud de sus pacientes. Sobre las lesiones a los propios médicos, éstos refieren trastornos mentales y consumo de sustancias. Habitualmente otro tipo de lesiones y fallecimientos son encubiertos administrativa y judicialmente.

Dado que las lesiones producidas por los servicios médicos, especialmente los quirúrgicos, pueden costar la vida de sus pacientes, bien puede decirse que la eliminación sistemática y generalizada en toda España del descanso de los MIR, puede ser considerado un genocidio intencionado o por imprudencia temeraria. En cualquier caso, atentan contra varios derechos fundamentales europeos, concretamente el “derecho a la vida” (CDFUE 2.1), el “derecho a su integridad física y psíquica” (CDFUE 3.1), tanto de los médicos como de sus pacientes, y el derecho a la seguridad (CDFUE 6). 

El artículo 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) establece que ”Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social”. La descripción de los abusos que reciben los médicos jóvenes de toda España supone una violación de este derecho fundamental. 

Esta explotación de los MIR supone una discriminación de éstos frente al resto de los médicos, produciéndose una discriminación que viola el principio europeo de “no discriminación”, establecido en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE). 

Los MIR forman parte de lo que se conoce como la nueva esclavitud o esclavitud del siglo XXI, trabajando sin descanso y sin cobrar las horas extras, violando la “prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado” establecida en el artículo 5.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que establece lo siguiente: “Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre”. Los MIR forman parte de lo que se conoce como la nueva esclavitud o esclavitud del siglo XXI. 

El derecho fundamental a la “protección de la salud” (CDFUE 35) queda establecido en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria ...[...]. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana”. El incumplimiento sistémico y generalizado en toda España de la referida DIRECTIVA (UE) conculca este derecho fundamental. 

Dados los hechos denunciados, cabe decir que España vulnera algunos de los valores europeos establecidos en el artículo 2 del TUE, atentando contra la “dignidad humana” de los MIR y de sus pacientes, así como por faltar al “respeto de los derechos humanos” citados en esta denuncia, que acreditan que España no tiene un “Estado de Derecho” porque sistémicamente y de forma generalizada no cumple las leyes nacionales y las europeas. 

De esta forma, la sanidad pública impulsa que los hospitales privados exijan lo mismo a sus médicos, incumpliendo la referida Directiva europea. 

Además del ejemplo de las instituciones, siendo la sanidad una de las actividades más universales, la influencia se extiende a todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas, llegando a universalizar el incumplimiento de esta norma europea y, por extensión, de cualquier norma europea o española, creando una peligrosa cultura de incumplimiento de las leyes y de desprecio de las instituciones. De hecho, no son pocos los que creen que los gobernantes están destruyendo las sociedades europeas y la humanidad. 

Los responsables de esta situación son el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Trabajo y los propios hospitales. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- ALTAS Y BAJAS DE EMPRESAS 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 se disolvieron 26.207 empresas, lo que constituye el máximo anual histórico, creciendo un 10,1% respecto de 2021 y un 161% respecto de la media del periodo 2016-2020. Las liquidaciones de empresas han crecido un 144% respecto de 2019, mientras en la Unión Europea han disminuido un 11%. 

La creación de empresas cayó un 2,1% y, según la Encuesta de Población Activa (EPA), España perdió 111.200 autónomos en 2022. 

Estas tres malos cifras son la consecuencia de los hechos económicos relacionados en este conjunto de denuncias. 

A pesar de ello y cometiendo otro delito electoral, Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo ha dicho en marzo que “hemos salvado a 450.000 empresas y a uno de cada dos autónomos”. 

DÉCIMO OCTAVO.- COMERCIO EXTERIOR 

En el informe mensual de comercio exterior de enero de 2023 de la Secretaría de Estado de Comercio, se dice lo siguiente sobre el comercio de mercancías (bienes):: 

  1.  Comparando las cifras entre 2018 y 2022, las exportaciones han crecido un 36% y las importaciones han crecido un 42%, aumentando considerablemente la globalización empresarial, pero la dependencia del exterior ha aumentado en un 4,12%, a pesar del gran incremento de las exportaciones. 

  2.  En el período entre 2014 y 2018, las exportaciones crecieron un 19,94% y las importaciones un 22,16%, aumentando un 1,92% la dependencia del exterior. 

2014 es el primer año del informe y las cifras de 2021 y 2022 son provisionales. 

DÉCIMO NOVENO.- DELITO DE ODIO CONTRA LAS EMPRESAS 

El Gobierno ha realizado un ataque incesante al mundo empresarial para aumentar el odio hacia le mundo empresarial que sienten millones de españoles o incluso para captar más adeptos. 

Ha creado nuevos impuestos, como la tasa Google, la tasa Tobin o el impuesto a la banca, además de criticar que las empresas obtengan beneficios sin pronunciarse cuando tienen pérdidas. En este sentido, el Gobierno ha criticado al Banco de Santander e Iberdrola, Zara (Inditex). 

Estas actitudes pretenden facilitar la nacionalización de las empresas o de sectores básicos, como hizo el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, para mantener el régimen autocrático que es el modelo del actual Gobierno español. 

Esta inseguridad jurídica ha tenido una repercusión clara en la inversión extranjera directa neta en España que ha disminuido con los gobiernos de Sánchez, desde los 58.626 millones de dólares de 2018, a 25.880 millones de dólares en 2019, 36.630 millones de dólares en 2020 y 46.909 millones de dólares en 2021 que es el último dato publicado en marzo de 2023 (Fuente: Banco Mundial).

En todos los casos, muy lejos de los 74.088 millones de dólares de 2008. En el último trimestre de 2022, la inversión extranjera recibida (10.425,85 millones de euros) se redujo a la mitad respecto del último trimestre de Rajoy que fue el segundo trimestre de 2018 (20.083,4 millones de euros). 

VIGÉSIMO.- EMPOBRECIMIENTO RÉCORD 

Según Eurostat, la renta per cápita (por español) ha disminuido durante todos los años de los gobiernos de Sánchez, siendo más pobres que en 2018. En 2022, la renta per cápita era de 24.590 euros, un 2,3 inferior al de 2019. En 2022, la renta per cápita española estaba un 15% por debajo de la media de la Unión Europea y un 23% por debajo de la media de la eurozona. En 2018, España tenía una renta per cápita un 9% por debajo de la media de la UE y un 15% por debajo de la eurozona. En 2006, España superaba en un 2% la media de la renta per cápita en la Unión Europea (UE-27). 

A este empobrecimiento se suma el enorme aumento de la deuda pública, destruyendo las posibilidades económicas futuras de España, que afectan de forma importante al conjunto de la Unión Europea y del euro. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es la agencia recaudadora del Ministerio de Hacienda. Ambas quedaron en entredicho en 2016, saliendo a ayudar a la Infanta Cristina cuando fue procesada penalmente, junto con su marido, por denuncia de Manos Limpias.

Los medios decían que Hacienda estaba actuando de abogado defensor de la Infanta, en uno de los mayores casos de corrupción judicial del siglo 21, por el encubrimiento de los delitos de la Infanta, que fue portada en la mayoría de los medios internacionales. Cristóbal Ricardo Montoro Romero era el Ministro de Hacienda y Marino Rajoy Brey era el Presidente de España, ambos del Partido Popular (PP) que es el partido que se alterna en el Gobierno con el PSOE, desde 1982, dando lugar a lo que se conoce como bipartidismo, que está en la cumbre de la corrupción en España. El PSOE gobierna en España desde 2018. 

Lo mismo se puede decir del Ministerio de Justicia, que a través de la abogada del Estado Dolores Ripoll, dijo que la frase “Hacienda somos todos” era sólo una frase publicitaria que no podía aplicarse al derecho. También dijo que “No existe la acusación pública en materia tributaria”, refiriéndose a la acusación popular de Manos Limpias, porque el único perjudicado era el erario público y no la sociedad en general, siendo una aberración jurídica, pero refleja una idea generalizada en el ámbito institucional de que el dinero público es de los funcionarios. Rafael Catalá Polo era el Ministro de Justicia. 

Varios denunciantes de corrupción afirman que la AEAT es una agencia de blanqueo de capitales de las altas esferas y tienen razón como se acredita en esta denuncia. 

Estos datos reflejan un claro delito de mala administración por cuanto todos los años ha aumentado la deuda pública, a pesar de que también todos los años han aumentado los ingresos. Además, el aumento de la deuda pública no puede justificarse en el sostenimiento de la economía puesto que España ha sido el único país de la Unión Europea que su PIB ha disminuido respecto de 2019. Por este delictivo resultado, tampoco está justificado el descomunal aumento de los ingresos que suponen una inconstitucional confiscación y un delito de estafa. 

B) ERRORES EN LOS BORRADORES DE LAS DECLARACIONES DE LA RENTA 

Según los expertos, el 35% de los borradores de las declaraciones de la renta tiene errores a favor de la AEAT. Es obvio que estos errores son intencionados. 

C) DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 

La ley establece que la AEAT tiene hasta el 31 de diciembre de cada año para realizar las devoluciones del dinero que previamente se ha confiscado indebidamente a los contribuyentes. 

En 2022, el Gobierno tampoco ha cumplido esta ley y no ha devuelto a millones de contribuyentes el exceso de lo que se les había retenido durante todo el año 2021. No puede decirse que el Estado no tiene dinero porque está confiscando la mayor cantidad de la historia y no está utilizando los fondos europeos para que la economía no vuelva a los niveles anteriores a la declaración del estado de alarma. 

Además, las devoluciones en enero se hicieron en dos partes. 

D) DENUNCIAS TRIBUTARIAS 2001, 2002 y 2004 (EXPEDIENTE ROYUELA) 

En 2001, 2002 y 2004, el empresario Alberto Royuela Fernández y el periodista de investigación Juan Martínez Grasa denunciaron a 126 o más funcionarios públicos por no declarar más de 5.260 millones de euros, generalmente utilizando testaferros y, en muchos casos, estando los familiares como apoderados. En las denuncias se proporcionaba la documentación bancaria completa, incluso más de la que después se utilizó en los expedientes tributarios.

Estas denuncias forman parte del conocido Expediente Royuela que se creó con la investigación de los fiscales, jueces e inspectores tributarios que actuaron ilegalmente contra Alberto Royuela, así como del asesinato por funcionarios públicos de Javier Royuela Samit, hijo del anterior. Estas represalias contra Royuela se debían a su pertenencia a la Falange española y eran promovidas por el Fiscal Mena y por el Fiscal Jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, dos de los mayores delincuentes de la historia de España y, en el caso de Mena, de la Historia de Europa, de los que se volverá a hablar más adelante. 

En 2001 y 2002 gobernada el PP y no se tramitaron las denuncias, a pesar de que se denunciaban fiscales, jueces y políticos de izquierdas. Salvador Ruiz Gallud era el Director General de la AEAT. Este hecho es una prueba más de que el PP y el PSOE son socios en el negocio de la corrupción institucional. 

En la fecha de las denuncias de 2004 ya gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Las denuncias iban dirigidas al Director General de la AEAT que era Luis Pedroche y Rojo. Se tramitaron algunas denuncias, incluso de años anteriores, por importe de entre cien y doscientos millones de euros. 

No hubo ningún expediente tributario donde se dijera que las cuentas denunciadas no existían. 

Entre los denunciados destacan Felipe González y 37 ministros del PSOE (la mayoría en los gobiernos presididos por Felipe González, otros altos cargos de organismos autónomos de los gobiernos de González, incluyendo al Director de RTVE y su hija, la actual Ministra de Economía Nadia Calviño, decenas de jueces, varios fiscales, varios policías y varias autoridades tributarias. Entre los ministros, por su especial significado, cabe destacar a varios ministros de hacienda y de justicia, varios secretarios generales del PSOE, un Presidente del Tribunal Constitucional, varios presidentes del Congreso y un Director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Se denunciaron a más de 50 fiscales, jueces e inspectores tributarios que fueron investigados porque perjudicaron injustamente a Alberto Royuela, abusando de su poder como funcionarios públicos. 

Se interpusieron más de 60 denuncias, en la mayoría de estas denuncias destaca la defraudación masiva de varios grupos de estos funcionarios en los mismos bancos, en las mismas monedas, en las mismas fechas y con los mismos testaferros. En algunos casos de decenas de políticos, ingresaban las mismas cantidades millonarias, teniendo como apoderados a los mismos familiares, por ejemplo a las esposas o a los hijos. Esta peculiaridad hace pensar que, entre sus crímenes, pueden figurar pagos del PSOE para que consiguieran que Zapatero ganara las Elecciones Generales de 2004. 

Varios denunciados fueron ministros de gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), entre ellos los siguientes seis: Alfredo Pérez Rubalcaba (2006-2011), Mariano Fernández Bermejo (2007-2009), María Teresa Fernández de la Vega Sanz (2004-2010), Pedro Solbes Mira (2004-2009), Juan Clos Matheu (2006-2008) y Jesús Caldera Sánchez-Capitán (2004-2008), 

Un caso especial es de Margarita Robles Fernández, Ministra de Defensa desde 2018 que anteriormente ocupó varios cargos, es juez de carrera y se la denunció por blanquear 61,5 millones (entre euros y dólares). Tras varios expedientes tributarios, la AEAT tuvo que embargarla porque no quería pagar, a pesar de que sólo se comprobaron poco más de seis millones. Robles fue magistrada de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, en ambos casos formaba parte de la red de prevaricación del fiscal Mena. También está denunciada por estar utilizando la Sección Pi del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para asesinar por encargo de intereses estadounidenses. 

Los cinco defraudadores que fueron denunciados por tener en depósitos bancarios más de cien millones entre euros, dólares y francos suizos y pesetas (valor traducido a euros), son los siguientes: 

  1.  Felipe González ((Presidente del Gobierno de España 1982-1996) con más de 300,6 millones. Fue el único al que abrieron expedientes tributarios y no fue denunciado penalmente. 

  2.  Carlos Jiménez Villarejo, primer Fiscal contra la Corrupción (1995-2003), denunciado tributariamente en 2001, 2002 y 2004, con más de 203,1 millones. 

  3.  José María Mena Álvarez (Fiscal Jefe de Cataluña, denunciado tributariamente en 2001, 2002 y 2004, con más de 201,1 millones. Actualmente una de las cinco personas más ricas de España, con una fortuna ganada, según se ha denunciado, mediante narcotráfico (España, Alemania, Francia, Italia, Irlanda y Países Bajos), red de prevaricación judicial y red de prevaricación tributaria (ambas en Catalunya), sicariado (más de 2.000 asesinados en España y en otros países europeos y americanos), abortos clandestinos en la Clínica Morín, extorsiones por información obtenida mediante investigaciones ilegales, etc. 

  4.  Pascual Maragal Mira, Presidente de la Generalitat de Catalunya cuando fue denunciado por 167 millones. 

  5.  Juan Alberto Belloch Julbe (Ministro de Justicia y del Interior con González), con más 132,5 millones. Según documentación del Expediente Royuela, Belloch actualmente es una de las cinco personas más ricas de España por su red de prevaricación judicial de ámbito nacional, con varios cientos de jueces al menos, probablemente 68 en Madrid. 

A pesar de que la AEAT inició procedimientos tributarios de una mínima parte de lo defraudado, el segundo, tercero y quinto no quisieron pagar los impuestos y la AEAT tuvo que tramitar el embargo de sus bienes. 

Se denunciaron a los dos jueces catalanes con los que el fiscal Mena creó la red de prevaricación judicial en Cataluña: Gerardo María Thomas Andreu (más de 82 millones) y Guillermo Vidal Andreu (casi 56 millones). Igual que los anteriores, la AEAT también tuvo que iniciar procedimientos de embargo de bienes para cobrar la mínima parte que investigó. 

También a los dos lugartenientes de la metamafia del fiscal Mena que estaban en la Policía Judicial bajo su mando: el agente de la Policía Nacional Juan Manuel García Peña (más de 26 millones) y el Sargento de la Guardia Civil Rafael García Ruiz (más de 12,8 millones). Ambos están denunciados por dirigir los equipos de sicarios y ejecutar los otros negocios del fiscal Mena. Igual que los anteriores, la AEAT también tuvo que iniciar procedimientos de embargo de bienes para cobrar la mínima parte que investigó. 

Hay varios casos de especial relevancia, como los siguientes jueces: 

  1.  María Magdalena Jiménez Jiménez, formaba parte de la red de prevaricación judicial de Belloch, siendo titular del Juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona. Fue denunciada por cohecho cobrando de 100 empresas en 2002, a las que encubrió las responsabilidades penales de 463.599.533€ a cambio de pagar a la juez 24.225.000€. Cobraba con cheques bancarios al portador que ingresaba en su cuenta bancaria. La AEAT sólo tramitó el cohecho con 9 empresas a las que cobró 1.100.000€ y algo más de 4 millones en depósitos bancarios. Esta funcionaria nunca ha dejado de ser juez y actualmente es la titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Logroño. 

  2.  Jesús Navarro Morales, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. En 1999 cobró a 35 empresas para librarles de las responsabilidades penales de 6.993.578.152 Pts. (42.032.251€), por lo que se embolsó 7.090.000€. La AEAT sólo comprobó el cobro de 1.310.000€ a 10 empresas. 

  3.  Eduardo Navarro Blasco, Presidente de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. En 1999, cobró 12.835.000€ a 28 empresas para eximirles de la responsabilidades penales de 15.746.307.657 Pts. (94.637.215€). Como en el caso anterior, la AEAT sólo tramitó el cobro de 1.310.000€ a 10 empresas. 

  4.  María Isabel Castellano Rausell, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona. En 1999, cobró 13.831.000€ por eximir de las responsabilidades penales de 18.187.991.150 Pts. (109.312.028€) a 38 empresas. La AEAT sólo comprobó el cobro de 901.000€ a 9 empresas. 

  5.  José Antonio Martín Pallín, siendo magistrado del Tribunal Supremo fue denunciado por tener 18 millones de dólares estadounidense y 3 millones de euros 

Los tres primeros no pagaron y la AEAT abrió un expediente de embargo de sus bienes. 

Un procedimiento tributario significativo fue contra el suegro del Sargento Ruiz. Este procedimiento relaciona las actuaciones criminales de todos ellos. 

La AEAT denunció a los funcionarios defraudadores, salvo a Felipe González, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, encubrió los delitos fiscales y los delitos del origen de estas fortunas. 

Todos estos fiscales, jueces, policías e inspectores tributarios mantuvieron sus puestos de trabajo, sin haberse iniciado un expediente disciplinario, incluso fueron recompensados ascendiendo en sus carreras funcionariales. 

El redactor de esta denuncia es la persona que mejor conoce estas denuncias tributarias y su tramitación tributaria y penal, disponiendo de toda la documentación que forma parte del Expediente Royuela. 

Tanto la AEAT como la Audiencia Nacional no informó a los medios sobre las denuncias ni sobre su tramitación tributaria y penal. 

E) DENUNCIAS TRIBUTARIAS 2021, 2022 Y 2023 

Durante 2021, 2022 y 2023, los referidos denunciantes Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa, han interpuesto varias denuncias contra más de 150 funcionarios públicos, incluyendo a unos pocos jubilados, y contra algunos de sus familiares, así como contra 49 periodistas y dirigentes de medios de comunicación. 

La mayoría de los denunciados forman parte del sistema judicial (cúpula del Consejo General del Poder Judicial, fiscales, jueces y LAJ) y también hay algunos políticos, incluyendo a dos ministros, más de 20 altos cargos ministeriales y policiales, altos cargos de la Comisión Europea y funcionarios del Parlamento Europeo. 

La AEAT no ha tramitado ninguna de estas denuncias. 

En agosto de 2019, Santiago Royuela Samit, hijo de Alberto, empezó a denunciar públicamente en YouTube los delitos del Expediente Royuela, mostrando la documentación, alcanzando 54.400 suscriptores y consiguiendo que algunos medios digitales y youtubers divulgaran el Expediente Royuela. 

En el apartado sobre el sistema judicial y sobre los medios de comunicación se denunciarán otros hechos relacionados con estas denuncias. 

Al menos otros dos denunciantes por separado han denunciado también a jueces y tampoco se han tramitado las denuncias. 

F) MINISTRA DE HACIENDA 

Desde que gobierna Pedro Sánchez, la Ministra de Hacienda ha sido María Jesús Montero Cuadrado. En la biografía oficial de la Ministra se dice que es licenciada en Medicina y con una carrera política relacionada con la medicina, no constando formación o experiencia en asuntos tributarios. 

Recordemos los dos párrafos sobre el nombramiento de miembros del Gobierno de la denuncia ampliatoria: 

El artículo 11 de la Ley de Gobierno establece que : “Para ser miembro del Gobierno se requiere […] reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado”. 

En el artículo 2.4 de esta Ley 3/2015 se dice que: “En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra”. 

Por tanto, el nombramiento de esta Ministra y la aceptación de la misma, constituyen dos delitos de prevaricación, que han tenido graves consecuencias. 

G) CARGOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EN LA AEAT 

La corrupción en el Ministerio de Hacienda queda contrastada con el encubrimiento de las denuncias contra funcionarios públicos y con la constante dimisión de altos cargos. 

La primera persona que ocupó el cargo de Secretaria de Estado de Hacienda fue Inés Bardón Rafael desde el 9 de junio de 2018 y dimitió el 12 de enero de 2022. Le sucedió Héctor Fernando Izquierdo Triana que ha tenido el mandato más corto de la historia durando menos de seis meses. 

La AEAT está adscrita a esta Secretaría de Estado y el Secretario de Estado de Hacienda también es el Presidente de la AEAT. 

Las denuncias tributarias de Royuela y Martínez estaban dirigidas al Director General de la AEAT que era Jesús Gascón Catalán, por lo que éste es responsable de la falta de tramitación de las mismas en su caso, tanto por su cargo como por ser el destinatario de estas denuncias. 

Cabe relacionar la dimisión de Inés Bardón y de Héctor Fernando Izquierdo, como Secretarios de Estado de Hacienda, con el encubrimiento de estas denuncias por parte de Jesús Gascón. 

En este sentido, resulta relevante que Jesús Gascón fuera nombrado Secretario de Estado de Hacienda en sustitución del referido Izquierdo, en pago del encubrimiento de las denuncias tributarias, si lo hubo. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- SEGURIDAD SOCIAL 

A) El sindicato CSIF ha denunciado que la Seguridad Social dejó de atender 4 millones de llamadas y que se debe a que, a pesar del aumento del gasto del Gobierno, la Seguridad Social no ha convocado plazas. 

Se ha triplicado el tiempo de espera para tramitar una jubilación, llegando a los 45 días. 

Las asociaciones de personas con discapacidad denuncian que cientos de familias no han recibido su correspondiente ayuda. 

A pesar del aumento del gasto del Gobierno, la Seguridad Social no ha convocado plazas, a pesar de haber anunciado 645 plazas de ingreso libre y 616 de promoción interna, en los dos últimos años, faltando 4.000 funcionarios para volver a cifras de 2013. 

El Gobierno ha convocado en 2021 y en 2022 Ofertas Públicas de Empleo (OPE), pero no se ha publicado la fecha del examen. En la convocatoria de 2022, el Gobierno ha incumplido su propia Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022, que establece en su disposición adicional quinta que “los procesos selectivos previstos en el presente real decreto deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2022”. 

El Gobierno ha colapsado intencionadamente la Seguridad Social, como ha hecho con otras instituciones al objeto de crear conflicto social. 

Ningún juez que ha conocido de este asunto ha denunciado a la Seguridad Social ni a los jueces inferiores por prevaricación, permitiendo que la trama siga creciendo. 

B) SENTENCIAS CONDENATORIAS EN ESPAÑA 

Según el informe anual del CGPJ, en 2022 “son las reclamaciones prestacionales de Seguridad Social las que experimentan un mayor incremento en el ingreso”, alcanzando los 104.951 procedimientos judiciales, de los cuales han sido estimados en contra de la Seguridad Social un 43,6% de los recursos. 

La Seguridad Social suele desestimar las reclamaciones para aprovecharse de la falta de confianza en los jueces y en el plazo de resolución judicial, para ahorrar dinero público que pueda destinarse a otras cosas que hagan ganar votos. Ver denuncia adjunta. 

Ningún juez que ha conocido de este asunto ha denunciado a la Seguridad Social ni a los jueces inferiores por prevaricación, permitiendo que la trama continúe. 

C) RETRASO JUBILACIÓN TRABAJADORES DEL MAR 

En 2007, el gobierno de Rodríguez Zapatero actualizó la legislación laboral de los trabajadores del mar, para incorporar las normas internacionales, mediante el RD 1311/2007. 

El Instituto Social de la Marina (organismo de la Seguridad Social) era el organismo encargado de unificar las fuentes de datos sobre la vida laboral de estos trabajadores, según establecía el mencionado RD. 

El Secretario de Estado de la Seguridad Social pidió al Director General que incumpliera la norma para que no se utilizara la libreta marina (sellada por el Ministerio de Fomento) que es el único documento que contiene la vida laboral completa de estos trabajadores. De esta forma, se falsificaba la vida laboral de los trabajadores del mar para retrasar su jubilación, a pesar de ser la profesión más peligrosa. 

El Director General dimitió para no aceptar esta orden y nombraron a Luis Casqueiro Barreiro que creó la trama criminal, falleciendo en 2020 con coronavirus y el mismo día de su fallecimiento firmó un acuerdo, pero la trama continuó con la nueva Directora General María Elena Martínez Carqués. 

El ISM es uno de los organismos menos transparentes de España. 

En 2017, un marino víctima de esta estafa, contactó con la asociación ANVIPED y juntos denunciaron esta trama mediáticamente, en los grandes sindicatos, en los colegios de marinos, en el Parlamento y en el sistema judicial. ANVIPED es uno de los cinco miembros de la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial que remite esta denuncia y las anteriores. 

El primer medio que destapó lo sucedido fue el prestigioso diario La Voz de Galicia, pero fueron más de 20 publicaciones, incluyendo una en el boletín del PSOE de Murcia con la foto de los denunciantes con un Senador, otra en el boletín de Comisiones Obreras y un programa especial en el ente público RTVE. 

Este marino y el Presidente de ANVIPED, pidieron que resolviera la situación al Director del ISM, escalando a dos secretarios de Estado, a los dos ministros correspondientes y al Presidente de España Rajoy, pero todos ellos se desentendieron del problema. Con Sánchez como Presidente, volvieron a solicitar la intervención a dos secretarios de Estado, a los dos ministros correspondientes y al Presidente de España Sánchez, sin resolverse el problema. En 2022, ANVIPED contactó con el nuevo Ministro de la Seguridad Social que mantiene la situación. 

No hay estadísticas de los accidentes ni de los fallecimientos provocados por esta trama criminal. El 15 de febrero de 2022, se produjo el naufragio en Terranova del buque congelador Villa de Pitanxo, fallecieron dos tripulantes que debían estar jubilados. La familia de uno de ellos informó que se jubilaría al mes siguiente y por su edad, probablemente, estaba engañado por su vida laboral falsificada y ya debería estar jubilado. 

El 19 de marzo de 2019, el redactor de esta denuncia, como Presidente de ANVIPED denunció a todos los políticos mencionados y a varios directores de la Seguridad Social, por falsificar -o permitir la falsificación- de la vida laboral de más de 200.000 trabajadores del mar (181.726 reconocidos por la Seguridad Social)- con la finalidad de retrasar la jubilación de estos trabajadores, voluntariamente mediante la vida laboral falsificada o, aplicando ésta, para denegar las solicitudes de jubilación. 

La denuncia se remitió a la Fiscalía General del Estado y su tramitación se denunciará en el apartado del sistema judicial. 

Se adjunta esta denuncia. 

Ningún juez que ha conocido de este asunto ha denunciado a la Seguridad Social ni a los jueces inferiores por prevaricación, permitiendo que la trama continúe. 

E) RETRASO EN LA JUBILACIÓN DE OTROS COLECTIVOS 

La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva tiempo denunciando que la Seguridad Social no permite la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en la el Real Decreto 1698/2011, para jubilarse con la edad correspondiente. 

Como en el caso de los trabajadores del mar, en 2011 se aprobó este Real Decreto para adecuar la legislación española al derecho internacional para trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. 

CGT ha trabajado con trabajadores de sectores como los del amianto, hierro colado, transportes de mercancías y pasajeros, petroquímica, sector sanitario y limpieza. 

CGT afirma que “la Seguridad Social ha paralizado la mayoría de los expedientes”, llegando a rechazar las solicitudes, alegando el incumplimiento de requisitos falsos. 

Como en el caso de los trabajadores del mar, no se publica información sobre los trabajadores fallecidos por seguir en activo, cuando deberían estar jubilados. 

CGT ha iniciado varios procedimientos judiciales contra el gobierno. 

Ningún juez que ha conocido de este asunto ha denunciado a la Seguridad Social ni a los jueces inferiores por prevaricación, permitiendo que la trama continúe. 

F) REPRESALIAS CONTRA DENUNCIANTES 

La Seguridad Social ha emprendido varias represalias contra los dos denunciantes del ISM. Al marino denunciante le redujo la cuantía de la jubilación en un 25% y a la asociación ANVIPED, tras la carta al Ministro le ha embargado tres veces, a pesar de no tener trabajadores, por lo que no puede haber ninguna causa y si la hubiera está prescrita; además, no ha inf

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