Tres hombres de Rabat (Marruecos) de 20, 22 y 36 años, han sido condenados a entre 10 y 20 años de prisión por haber violado de manera continuada durante meses una niña de 11 años, quien quedó embarazada a consecuencia de las agresiones.

La familia de la menor no se enteró de nada hasta el octavo mes de gestación, ya que la chica vivía atemorizada por las amenazas de los violadores, que le aseguraban que la matarían si lo contaba a alguien. La niña está ahora a cargo de un bebé de 13 meses, y según los especialistas que la han examinado, sufre graves secuelas psicológicas de las que es posible que no se recupere.

 Descubrieron cuándo se encontraba sola a través de una amiga
La niña, que vive con sus padres y su bebé en una aldea de chabolas de las afueras de la localidad de Tiflet, acostumbraba a pasar largas jornadas a solas en su casa mientras sus padres trabajaban.

No estaba escolarizada, ya que la familia temía que la pudieran violar de camino a la escuela, a unos 7 kilómetros de donde viven. Esta precaución, sin embargo, resultó insuficiente. Y es que una de las amigas de la víctima, de la misma edad que ella, era sobrina de unos de los agresores. Estos la obligaron a decirles cuándo se encontraba sola la niña, y aprovechaban para agredirla entre los tres.

Cuando la familia se dio cuenta de que estaba embarazada, la niña no tuvo más remedio que contarles lo que había sucedido, a pesar de las numerosas amenazas de muerte que recibió por parte de los violadores. Los padres no dudaron a denunciar las agresiones, y el caso quedó bajo investigación policial.

Después de un primer juicio que condenaba a los tres hombres a solo dos años de prisión, los padres recurrieron la sentencia. Ahora, el Tribunal de Apelaciones de Rabat ha dictaminado 20 años entre rejas para uno de los acusados y 10 para los otros dos, así como una indemnización de 12.500 euros a pagar entre los tres.

 La prueba de ADN confirma las violaciones
El bebé que nació fruto de estas agresiones sexuales fue sometido a una prueba de ADN que confirma la paternidad de uno de los acusados, que pasará los próximos veinte años en prisión por los delitos de sustracción de una menor y de atentado con violencia contra el pudor. A pesar de haberse probado que se trata del padre, no está obligado por ley a reconocer al bebé ni contribuir económicamente a su manutención.

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